España se enfrenta a nuevas sanciones en Europa por no trasponer nueve directivas clave

España sigue siendo uno de los países más incumplidores de la normativa europea. Nuestro país tarda mucho más que el resto en asumir las directivas obligatorias la Unión Europea o la hace con errores. Eso provoca que ya acumule 174 expedientes abiertos, seguro los datos que facilita de forma periódica la Comisión Europea. Solo desde el pasado 27 de septiembre, España acumula nueve avisos más. Algunos acabarán en sanciones.

Los datos analizados por THE OBJECTIVE muestran que solo Grecia, con un expediente más, supera a España. En apenas unas semanas nuestro país ha cedido la tercera plaza de incumplidores a Italia. La no transposición de la normativa a las legislaciones nacionales en los tiempos fijados, normalmente dos años, coloca a los países en una lista negra. Las sanciones, aunque tardan en hacerse efectivas, son contundentes.

La vorágine legislativa del Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado de lado las normas comunitarias en materias como medio ambiente, empleo, industria o política financiera. Los parones generados por la falta de Ejecutivo también contribuyen. El pasado octubre, la Comisión decidió llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no transponer y aplicar correctamente la Directiva 2012/34/UE por la que se establece un espacio ferroviario europeo único.

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Destacaba como uno de los asuntos más preocupantes que el Estado tiene la capacidad de «ejercer una influencia decisiva» en el precio de los billetes. Para Bruselas, en la legislación española «no está claramente garantizada la independencia de los consejos de administración de los administradores de infraestructuras y de la empresa ferroviaria correspondiente».

El Ejecutivo comunitario detectaba deficiencias relacionadas con la transposición por parte de España de la directiva que establece el espacio ferroviario único europeo. En concreto, éstas estaban relacionadas con la determinación de los cánones por la utilización de infraestructuras. También por la gestión de empresas ferroviarias de acuerdo a principios comerciales y la correcta redacción de los acuerdos contractuales.

Plan Natura

Mientras, el pasado día 28 de octubre, la Comisión decidió incoar otro procedimiento de infracción. El Ejecutivo envió una carta de emplazamiento a España por haber incumplido obligaciones relacionadas la Directiva sobre los hábitats. A partir de esa norma, los Estados miembros debían proponer lugares de importancia comunitaria (LIC) de la UE.

En un plazo de seis años desde dicha inclusión, los Estados miembros deben designar los LIC como zonas especiales de conservación (ZEC). A partir de ahí tienen establecer objetivos y medidas de conservación para mantener o restablecer las especies y los hábitats protegidos presentes en los lugares. Se trata de requisitos esenciales para proteger la biodiversidad en el conjunto del territorio de la Unión.

España no ha propuesto ni transmitido una lista exhaustiva de LIC. El número, el tamaño y la ubicación de los LIC propuestos por España y las especies y hábitats protegidos en ellos no son suficientes, destaca la UE. Por tanto, la Comisión ha enviado una carta de emplazamiento a España. Dispondrá de dos meses para responder a ella y subsanar las deficiencias señaladas por la Comisión. En ausencia de una respuesta satisfactoria, la Comisión podría decidir emitir un dictamen motivado.

Aviación civil

Ese mismo día, la Comisión enviaba un dictamen motivado a España por incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 34 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Estos tienen que ver con la libre circulación de bienes y servicios, del Reglamento (UE) 2018/1139 sobre normas comunes para la aviación civil y del Reglamento (UE) n.º 1178/2011 sobre organizaciones de formación de pilotos.

Los requisitos impuestos por España para matricular todas las aeronaves con sede en el país, incluidas las aeronaves ya matriculadas en otros Estados miembros, suponen una carga administrativa considerable para los propietarios de aeronaves . La medida es contraria a la libre circulación de bienes y servicios garantizada por los artículos 34 y 56 del TFUE. La Comisión envió a España una carta de emplazamiento al respecto en abril de 2022.

Plan Hidrológico en el punto de mira

Medio ambiente, transporte, finanzas y seguridad alimentaria centran los últimos recursos. La Comisión Europea dio a España hace apenas un mes un ultimátum para revisar sus planes hidrológicos. El efecto inmediato del incumplimiento ha sido elevar el asunto a la Justicia europea.

El expediente se abrió en febrero de 2023 y ha pasado a la segunda etapa del procedimiento de infracción. Desde ese momento hay dos meses para resolver las deficiencias identificadas por las autoridades comunitarias antes de acudir al TJUE. Además de a España, Bruselas también advirtió a Bulgaria, Chipre, Irlanda, Malta, Portugal, Eslovaquia y Eslovenia.

2.813 expedientes abiertos

Los últimos datos de la Comisión analizados por THE OBJECTIVE muestran que los 27 países comunitarios, más Reino Unido, acumulan 2.813 procesos de infracción abiertos. La media es de 100, 74 menos que España. Entre los países especialmente cumplidores están Lituania, Dinamarca, Estonia y Finlandia. En el otro extremo se encuentran Grecia (189), Italia (184) y España.

A pesar de que las multas tardan tiempo en llegar, estas no son excepcional. Destaca la aprobada en febrero de 2021, cuando el el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) imponía a España los dos tipos de sanciones previstos en el artículo 260.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En aquella ocasión, nuestro país fue condenado al pago de 15 millones de euros y una multa diaria de 89.000 euros. La justificación fue no adoptar en tiempo la Directiva de protección de datos personales en el marco de la prevención y detección de infracciones penales. El procedimiento se cerró en febrero de 2022.