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La cobertura de 600 millones del Gobierno a la industria solo se ha usado una vez desde 2020

Existe desconcierto en el sector industrial por el retraso en el despliegue de esta garantía

La cobertura de 600 millones del Gobierno a la industria solo se ha usado una vez desde 2020

Una fábrica. | EuropaPress

La cobertura de 600 millones de euros que el Gobierno, a través del Cesce (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación), aprobó para ayudar a la industria a obtener contratos de energía a largo plazo sigue estancada. Una medida que recibió luz verde en 2020 y que solo se ha utilizado una vez: el pasado mes de abril entre las compañías privadas Sonnedix y Sidenor. Una situación que llena de desconcierto a un sector que se pregunta por qué solo ha habido una en todos estos años.

El fondo de reserva de garantías para la industria electrointensiva lo puso en marcha el Gobierno en 2020 a través del Real Decreto 24/2020. Fuentes del Cesce aseguran a este medio que «a día de hoy existen varias operaciones previstas en el horizonte que permitirán que más empresas se beneficien, ya que su implementación cumple con la importancia de contar con instrumentos flexibles y capaces de adaptarse a situaciones imprevistas, siempre a favor de impulsar la transición hacia fuentes de energía más sostenibles». Una información que confirman fuentes financieras que están llevando a cabo estas operaciones.

Por otro lado, aseguran que el citado fondo -como otras figuras de coberturas- «fue creado originalmente como una herramienta a emplear por el mercado privado en caso de ser necesario, más aún si atendemos al contexto de pandemia en el que fue concebido. Sin embargo, el fondo ha ido asumiendo por sí mismo el riesgo sin la necesidad de intervención externa, evolucionado más allá de su propósito inicial y tratándose de adaptar a las condiciones cambiantes del mercado».

La lucha por las PPA

Las PPA son una de las grandes obsesiones de la industria con el objetivo de desligarse de los contratos por diferencia donde el Estado impone el precio. Así, ya en noviembre de 2022, la industria reunió en el Congreso de los Diputados a un centenar de expertos y personalidades del sector para hacer un gran anuncio. Allí se presentó la puesta en marcha de una subasta para fomentar la contratación de PPA con generadores renovables. Esa herramienta fue explicada por los expertos jurídicos Pedro Basagoiti, director de Tecnología, Innovación y Nuevos Desarrollos de OMIE, y Hermenegildo Altozano, socio en su momento del despacho de abogados Bird&Bird.

Según aseguraron, «la crisis energética impactó gravemente en la industria, muy sensible al precio eléctrico que llega a suponer el 60% de sus costes de producción». Una situación que se daba al mismo tiempo que buscaban fórmulas para poder descarbonizarse. El Gobierno a través de diferentes mecanismos fue aprobando a esta, ya fue por medio de la interrumpibilidad o a través de subvenciones directas. Una situación que, sin embargo, no ha evitado que fábricas de España asuman cierres y se encuentren desprotegidas frente a sus competidores de Europa.

La cobertura de 600 millones

Según el Real Decreto, la medida busca ser estructural. «Transcurridos los primeros tres años desde la puesta en vigor del fondo, para los que se aprueba en conjunto un importe máximo de operaciones para la emisión de coberturas o garantías de 600 millones de euros, las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado establecerán el importe máximo de las operaciones que a lo largo de cada ejercicio pueda aprobarse para la emisión de coberturas o garantías».

«Durante los tres primeros años en los que Cesce ejerza la función de agente gestor, el riesgo asumido por cuenta del Estado no podrá superar la cuantía de 600 millones de euros. A la vista de la evolución y circunstancias especiales, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos podrá modificar estos límites hasta un máximo de un tercio de la cantidad inicialmente asignada». De momento, solo se ha llevado a cabo una operación, cuya cobertura se desconoce.

El único acuerdo firmado

Sonnedix, productor internacional de energía renovable y Sidenor, líder europeo en la producción de aceros largos especiales, firmaron a finales de abril un contrato de compraventa de energía (PPA), con una garantía otorgada por Cesce por cuenta del Estado. El evento fue un hito y estuvo presidido por el secretario general de Industria, Francisco Blanco.

«La energía renovable suministrada bajo el contrato de suministro a largo plazo a precio predeterminado (PPA) provendrá de la planta solar fotovoltaica ‘Fraile’, de 36 megavatios, ubicada en Herencia (Ciudad Real, propiedad de Sonnedix y financiada por Bankinter y el ICO). El suministro de energía comenzó en marzo de 2023 y tendrá una duración de 12 años. Se trata del primer acuerdo de compraventa de energía que se firma con el apoyo del Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (Fergei), adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, cuyas operaciones son gestionadas por Cesce», aseguraron en un comunicado.

El Fergei es un instrumento de política industrial dedicado a fomentar la contratación a largo plazo de energía eléctrica de los consumidores electrointensivos, con el que el Gobierno de España busca mejorar la competitividad de la gran industria y favorecer la inversión industrial. «El nuevo instrumentos ofrece mayor estabilidad, seguridad y certidumbre del precio de la energía. Al mismo tiempo, promueve el desarrollo de nuevos proyectos de generación renovable, al facilitar la financiación de las inversiones y reducir el coste final para los consumidores, contribuyendo así a la consecución de los objetivos de descarbonización y transición energética establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030», sentencian.

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