Seopan cifra en 221.500 millones la inversión necesaria de España en infraestructuras

La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan) ha estimado en 221.500 millones de euros las necesidades de inversión en materia de infraestructuras en España hasta 2030, un importe que generará más de tres millones de empleos en el sector.

Así lo ha avanzado su presidente, Julián Núñez, durante su intervención en el IX Congreso nacional de ingeniería civil del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, donde ha detallado que esa inversión tendrá una actividad económica inducida de 652.350 millones de euros, con un retorno fiscal de 108.535 millones de euros.

Por un lado, ha citado las obras actualmente en planificación, cifradas en 159.278 millones de euros, divididos en 19.094 millones en Agua y Medio Ambiente, 85.469 millones en la Movilidad de viajeros y de mercancías y otros 54.175 millones de euros en infraestructuras energéticas ligadas al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

La primera partida incluye obras de saneamiento, depuración, anti-inundaciones, de regadío y abastecimiento o la gestión de recursos hídricos y su mantenimiento, la del Transporte concierne al ferrocarril, carreteras, puertos y aeropuertos, y la del PNIEC a redes renovables, interconexiones eléctricas y actuaciones de eficiencia energética.

Seopan considera que a los 159.278 millones de euros planificados se les debería sumar otras obras de modernización por valor de 62.216 millones de euros, desglosados en 26.024 millones a Agua y Medio Ambiente, 26.775 millones a la Movilidad de viajeros y de mercancías y otros 9.417 millones de euros al equipamiento público (hospitales o eficiencia energética en universidades).

Contratos colaborativos

Núñez también ha centrado su discurso en pedir tres grandes cambios legislativos para poder llevar a cabo todas estas inversiones: restituir la obligatoriedad de la revisión de precios en los pliegos de los contratos de obras, recuperar el contrato de concesión e implementar contratos colaborativos.

Sobre estos últimos, ha justificado que son utilizados en la contratación pública internacional de obras para garantizar la eficiente ejecución de la obra y el cumplimiento de presupuestos y plazos, por lo que ya ha remitido al Gobierno una propuesta para su análisis.

No obstante, la presidenta de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), Concha Santos, ha pedido «prudencia» respecto a estos contratos colaborativos, al considerar que añaden complejidad contractual al sistema y disminuyen la concurrencia de las empresas que se pueden presentar a los procedimientos de contratación.

«Estos procesos se hacen por invitación previa, con el riesgo de que se creen unos mercados cerrados para unas empresas, dejando al resto fuera. Y esto hay que verlo con cierta prudencia, si realmente queremos garantizar la eficiencia de la contratación pública, como dicen las directivas europeas en materia de contratación, que lo que promueven precisamente es la participación de las empresas», ha concluido Santos.