Cepyme reclama completar la regularización de inmigrantes con formación e incentivos
Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme, ha reflexionado sobre los grandes retos de la economía española

La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, este martes durante un desayuno informativo de Fórum Europa organizado por Nueva Economía Fórum. | EP
La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, ha reclamado que la regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Gobierno vaya acompañada de otras medidas para garantizar que sea útil para los españoles. Entre sus propuestas, lanzadas en el marco del Forum Europa organizado por Nueva Economía Fórum este martes en Madrid, ha mencionado la necesidad de priorizar la formación de los extranjeros a los que se conceden papeles, así como recurrir a los certificados de profesionalidad y a los incentivos para el empleo. Así, ha defendido que la regularización masiva favorecerá a todos los españoles si se complementa con formación hacia los no nativos que se van a regularizar para que puedan cubrir las vacantes de empleo.
La falta de mano de obra en algunos sectores es una de las principales dificultades que afrontan las pymes, según ha afirmado, y a ello se añade que la mejora macroeconómica no está llegando a las pymes porque son «las gran olvidadas de las políticas públicas». «Lo que queremos es un Ministerio de Trabajo que piense en nuestras empresas, que piense en nuestras pymes, porque sin empresas y sin pymes, ni hay trabajo, ni hay calidad de vida para nuestras familias», ha expuesto. Asimismo, ha lamentado el deterioro del diálogo social, que no tiene en cuenta la realidad de las pymes, sobre todo el diálogo que mantienen las empresas con el el ministerio de Yolanda Díaz.
También se ha detenido en el «grandísimo reto» de la educación, alertando de que «algo no está funcionando», porque el «mercado laboral tiene muchos desempleados y muchas vacantes» y ha insistido en los certificados de profesionalidad como una de las posibles soluciones. Además, ha instado a mejorar la gestión del absentismo, que cuesta 33.000 millones a empresas y al Estado, así como una simplificación administrativa real, porque hay pequeñas empresas que no pueden afrontar el coste administrativo de desarrollar su actividad.
La representante empresarial también ha advertido sobre los costes que están suponiendo para la economía los elevados impuestos. «Antes de poner un producto en el mercado ya se ha pagado una carga fiscal muy alta», ha dicho, algo que a su juicio «lastra la competitividad del país». Por ello, ha pedido que «no sea tan costoso montar una empresa» ni «empezar a fabricar». Otro muro adicional es el de las normativas: «Necesitamos una regulación que sirva para la microempresa, porque la de la micro va a servir para la macro sin duda», ha reflexionado, y ha añadido que se pueden lograr muchas mejoras si se aplica este principio.
Con respecto a la situación de la manufactura, De Miguel ha indicado que es necesario «que nuestras pymes puedan entrar en esos proyectos de reindustrialización», a los que se ha referido como «una gran oportunidad», aunque ha apostillado que se debe «trabajar juntos y rápido, porque el resto de países ya lo está haciendo». Además, ha recordado que el sector del automóvil, al que se ha referido como «importante e innovador», está «preocupado por muchas de las políticas que se han hecho desde la Unión Europea», que «están haciendo daño» a España en tanto que segundo productor de coches del continente. En el evento ha estado acompañada por Antonio Garamendi, presidente de CEOE, que ha destacado la valentía y capacidad de liderazgo de la dirigente de Cepyme.
De Miguel también ha defendido que el teletrabajo debe ser una «recomendación» y no una «imposición», y que se debe tener en cuenta el tamaño de las empresas, dónde se encuentran y la actividad que realizan. «El teletrabajo no es viable para todos los sectores y para todos los tamaños de empresa», ha respondido al ser preguntada por un documento que baraja aprobar Bruselas próximamente en el que plantea implantar un día de teletrabajo obligatorio para recortar los costes energéticos derivados de la guerra en Irán.
La presidenta de Cepyme ha argumentado que «no tiene mucho sentido» aplicar una medida de ahorro energético cuando un trabajador vive en un municipio de 5.000 habitantes y puede ir andando de casa al trabajo o que hay actividades que no permiten teletrabajar. Durante el diálogo, la representante empresarial ha avisado de la pérdida de pequeñas y medianas empresas debido a la excesiva regulación que existe en el país y que pone en riesgo la viabilidad de la pyme.
