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Economía

El jefe económico de Moncloa pacta que su declaración por Indra sea el 9 de junio

Manuel de la Rocha y la presidenta de la SEPI aceptan la nueva fecha tras el «plantón» al Congreso de la pasada semana

El jefe económico de Moncloa pacta que su declaración por Indra sea el 9 de junio

Manuel de la Rocha, jefe de la Oficina Económica en Moncloa. | Alberto Ortega (EP)

El director de la Oficina de Asuntos Económicos del presidente del Gobierno, Manuel de la Rocha, y la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, tendrán que comparecer el próximo 9 de junio en el Congreso, concretamente ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, para informar de todo lo relacionado con decisiones adoptadas respecto a Indra en las últimas semanas, según adelantan fuentes parlamentarias del PP a THE OBJECTIVE.

La fecha ha sido acordada por ambos comparecientes con la presidenta de la citada comisión, la diputada del PP Edurne Uriarte, y el secretario de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, «una vez comprobado que ninguno de los citados tenía problemas de agenda ni de otro tipo para comparecer ese día».

De la Rocha y Gualda decidieron no atender el pasado 28 de abril la citación cursada por la Cámara Baja a iniciativa del principal partido de la oposición. Aquel «plantón», como lo definieron las citadas fuentes, generó «indignación» entre un buen número de los grupos parlamentarios. Sobre todo, porque Uriarte les comunicó por escrito la comparecencia el pasado 15 de abril, dos semanas después de la dimisión de Ángel Escribano en plena Semana Santa. Es decir, con 13 días de antelación. La respuesta en aquel momento no vino de Moncloa, sino de Simancas, quien comunicó a la citada comisión que el alto cargo de Presidencia y la presidenta de la SEPI no podrían estar el día 21. De ahí que se diese por válida la segunda opción.

Sin embargo, cuando el Congreso publicó la pasada semana las comparecencias fijadas para el 28 de abril, desde la Moncloa se alegó que se había convocado a De la Rocha con poca antelación y un tiempo «demasiado corto». Con el agravante de que la segunda compareciente, le seguiría «en la espantada» con el mismo argumento. Al final, se produjo la ausencia de ambos.

Uriarte consideró este hecho como una «falta de respeto» al Parlamento y a los ciudadanos porque, a su juicio, supuso no dar explicaciones a las dos cámaras con la convocatoria ya efectuada y, sobre todo, por los motivos aducidos. Tras ello, informó a sus señorías que reclamaría por segunda vez la presencia de De la Rocha y de la primera espada de la SEPI con dos nuevas fechas: el 19 o 26 de mayo, dándoles un plazo hasta el pasado lunes para decidir cuál de los días comparecerán. Y en el caso de guardar silencio de nuevo, la convocatoria se establecería «de forma unilateral» el 19 de mayo, la primera de las opciones.

Además, la presidenta de la Comisión de Seguridad Nacional anunció que enviaría una petición de amparo a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, y al presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, pidiéndoles que exijan al Ejecutivo el cumplimiento de su obligación de comparecer ante las Cortes. El segundo contestó este martes con un escrito en el que anunció que la Mesa de la Cámara Alta había resuelto recordar al Gobierno que las comparecencias ante el Parlamento son un deber inexcusable salvo caso de fuerza mayor, «sin perjuicio de que sea deseable que la fecha de celebración de tal comparecencia se fije de manera consensuada entre la Cámara y el Gobierno».

Finalmente, ha primado el consenso entre el Ejecutivo y el PP con la elección del 9 de junio para la comparecencia del jefe económico de Moncloa y de la presidenta de la SEPI. Por lo tanto, habrá pasado dos meses de la dimisión de Escribano como presidente de Indra y un mes de la salida de la empresa familiar del accionariado de la semipública, un hecho que se produjo este martes.

Las presiones de Pedro Sánchez

Escribano decidió abandonar el cargo de presidente de Indra por las presiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que un año antes le había aupado a la dirección de la empresa. Todo se desencadenó tras su intención de comprar a través de esta empresa pública la corporación EM&E, firma de defensa que el primero fundó junto a su hermano, Javier Escribano. Moncloa consideró que se daba una clara situación de conflicto de intereses porque comprador y vendedor eran la misma persona, si bien esta situación existía desde meses antes.

De la Rocha ya tuvo una actitud muy parecida hace un año, cuando en junio del año pasado plantó a varias empresas en una cumbre energética, tras conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra los dos ex secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y el asesor de confianza del exministro Ábalos, Koldo García. En su lugar apareció Marian Scheifler, directora general del Departamento de Proyectos Estratégicos y Políticas Sectoriales de Presidencia del Gobierno.

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