Bruselas retiene 626 millones a España por no corregir la temporalidad de los interinos
El próximo 29 de junio vence el plazo para responder al dictamen motivado de la Comisión Europea
Cerca de un millón de empleados públicos continúan en situación de temporalidad e interinidad.
España afronta el final de junio con 626,6 millones de euros de fondos europeos todavía pendientes de desembolso por las objeciones de Bruselas a las medidas adoptadas para combatir el abuso de temporalidad y de los interinos en el sector público. La cantidad permanece retenida desde el quinto pago del Plan de Recuperación después de que la Comisión Europea concluyera que España no había cumplido íntegramente los compromisos asumidos para garantizar una respuesta eficaz frente al uso abusivo de empleados públicos temporales, eventuales e interinos.
Como ha venido analizando THE OBJECTIVE en los últimos meses, el enfrentamiento entre España y las instituciones comunitarias se ha convertido en uno de los principales focos de tensión en el cumplimiento de las reformas asociadas a los fondos Next Generation. El conflicto no gira únicamente sobre el elevado porcentaje de trabajadores temporales existente en las administraciones, sino sobre la ausencia de mecanismos suficientemente disuasorios para sancionar a las administraciones responsables y evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse.
La Comisión Europea mantiene abierto desde hace años un procedimiento de infracción por entender que la normativa española no se adapta plenamente a la Directiva 1999/70/CE, que obliga a los Estados miembros a disponer de medidas efectivas para prevenir y corregir el abuso derivado del encadenamiento de contratos y nombramientos temporales.
Con el objetivo de reducir la temporalidad, el Gobierno aprobó en 2021 la Ley 20/2021 e impulsó procesos extraordinarios de estabilización que han permitido sacar a concurso cientos de miles de plazas ocupadas durante años por trabajadores temporales. Sin embargo, Bruselas considera que la reducción de la tasa de temporalidad y de los interinos no basta por sí sola para dar por resuelto el problema.
Las dudas de la Comisión han encontrado respaldo en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En junio de 2024, el TJUE concluyó que la figura del indefinido no fijo, las indemnizaciones previstas por la legislación española y los procesos selectivos abiertos no constituyen, por sí solos, medidas suficientes para reparar el abuso ni para garantizar el cumplimiento efectivo del Derecho comunitario.
La presión sobre España volvió a intensificarse en abril de este año. La Comisión Europea remitió al Gobierno un dictamen motivado, último paso antes de acudir nuevamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bruselas otorgó un plazo de dos meses para responder a las objeciones planteadas, plazo que expira el próximo 29 de junio. Si la respuesta española no resulta satisfactoria, la Comisión podría elevar nuevamente el caso ante el TJUE. Una eventual condena obligaría a introducir nuevas modificaciones normativas y abrir la puerta a un eventual procedimiento sancionador en caso de persistir el incumplimiento.
En este contexto, el despacho Araúz de Robles ha advertido de que España llegará al vencimiento del plazo sin haber corregido las deficiencias señaladas por las instituciones comunitarias. Según sus estimaciones, los procesos extraordinarios de estabilización impulsados por la Ley 20/2021 podrían haber dejado sin empleo a entre 67.000 y 90.000 trabajadores temporales.
El despacho sostiene además que cerca de un millón de empleados públicos continúan en situación de temporalidad e interinidad y sitúa la tasa en el 32,2%, muy por encima del objetivo del 8% comprometido con Bruselas. Precisamente, una de las principales críticas formuladas por los afectados es la inexistencia de un registro estatal que permita conocer cuántos trabajadores han sido finalmente cesados tras los procesos extraordinarios de estabilización. La ausencia de una estadística consolidada dificulta medir el alcance real de las personas afectadas y evaluar el impacto efectivo de las medidas aprobadas.
Araúz de Robles considera que, si España no adopta medidas adicionales antes de que expire el plazo concedido por la Comisión Europea, el conflicto podría desembocar en una nueva demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y prolongar uno de los litigios más complejos que mantiene actualmente el Estado español con las instituciones comunitarias.
El conflicto de la temporalidad se ha convertido además en uno de los pocos expedientes del Plan de Recuperación en los que confluyen el frente judicial europeo y las condiciones asociadas a los fondos Next Generation. Como ha informado THE OBJECTIVE, Bruselas ha intensificado durante los últimos meses el control sobre el cumplimiento efectivo de las reformas comprometidas por España y endurecido el uso de los desembolsos parciales cuando aprecia desviaciones respecto a los hitos pactados. El caso de los interinos muestra ese cambio de criterio, ya que la Comisión no cuestiona únicamente los resultados obtenidos, sino también la eficacia real de las medidas adoptadas y su capacidad para evitar que las situaciones de abuso vuelvan a reproducirse en el futuro.