La alto cargo de Hacienda implicada en la trama forzó la salida de Macarena Olona de Mercasa

Concepción Ordiz Fuertes, la última alto cargo de Hacienda implicada en la trama de Leire Díez y Vicente Fernández, fue la artífice de la destitución de Macarena Olona de Mercasa en 2018. Posteriormente, ocupó un cargo directivo en Red Eléctrica con Jordi Sevilla, donde la destituyó Beatriz Corredor por orden de Teresa Ribera. Finalmente, la rescató María Jesús Montero para ponerla al frente del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Así lo aseguran fuentes conocedoras de la situación, que explican que, cuando la Audiencia Nacional pidió a Olona —entonces secretaria general de Mercasa— una investigación sobre las supuestas irregularidades en la compañía (el caso Mercasa), Ordiz le pidió que se la facilitara «por temor a aparecer en algún correo o conversación telefónica».

Sin embargo, Olona —posteriormente portavoz de Vox en el Congreso— se negó a ello, alegando que era una petición de la Audiencia y que no iba a compartirla con nadie más. Ante lo cual, Ordiz se dirigió a Vicente Fernández Guerrero, presidente de la SEPI, para pedirle la salida de Olona de Mercasa. Fernández accedió y Olona fue destituida fulminantemente en octubre de 2018, en vísperas de su declaración ante el juez José de la Mata.

El caso Mercasa consistió en el cobro de comisiones ilegales en Angola y República Dominicana por hasta 20 millones de euros, descubierto a raíz del escándalo Defex. Al ser destituida, Olona envió una carta al consejo de Mercasa en la que aseguraba que su despido era una represalia por sus pesquisas, que los motivos aludidos eran falsos y que había sufrido un robo en su despacho en el que se había sustraído documentación comprometedora. Para la investigación interna en la que se descubrieron las irregularidades de Mercasa, Olona había contratado a EY para reforzar sus conclusiones.

Red Eléctrica

Concepción Ordiz, quien se presenta en LinkedIn como Conchita Ordiz, es abogada del Estado y entró en la SEPI durante el Gobierno del PP, inicialmente como directora de la asesoría jurídica y después ascendió a secretaria general. De forma sorprendente, con la llegada de Pedro Sánchez al poder, Vicente Fernández (nuevo presidente de la SEPI) mantuvo a la implicada en la trama en el puesto y atendió a su ya mencionada petición de destituir a Olona.

Tras este episodio, Ordiz recaló en Red Eléctrica como vicesecretaria general de la mano de Jordi Sevilla, que en ese momento quería convertir su presidencia en ejecutiva con el consiguiente aumento de sueldo. Como es sabido, Teresa Ribera —entonces ministra de Transición Ecológica— destituyó a Sevilla en 2020 y nombró presidenta de Red Eléctrica a Beatriz Corredor.

Y la primera medida que tomó Corredor fue precisamente el despido de Concepción Ordiz, sin más explicaciones que aludir a una «reorganización interna». Las fuentes consultadas explican que esta decisión también fue impuesta por Ribera, en la actualidad vicepresidenta de la Comisión Europea. A pesar de ello, en junio de 2021 María Jesús Montero la rescató para ponerla al frente del citado Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

El escándalo de Avilés

Y es en este organismo donde suceden los hechos que vinculan a Ordiz con la trama de Leire, Fernández y Joseba Antxon Alonso, según la investigación de la UCO. Sepides (filial de la SEPI dedicada a las obras públicas) lanza un concurso para una demolición y construcción en Avilés, que ganan las empresas Lezama y Los Álamos. Pero entonces, la trama convence a una de las empresas perdedoras, Eri Berri, de que lo recurra ante el citado tribunal y consigue que Ordiz anule la adjudicación.

De esta forma, se licita de nuevo el concurso y esta vez lo gana Eri Berri con una oferta a la baja. Ahora son los ganadores del primer concurso los que recurren, y Ordiz inadmite su recurso siguiendo instrucciones de la trama, siempre según la UCO. Hay numerosos mensajes que ratifican esta historia, publicada primero por El Mundo.

La unidad de la Guardia Civil sostiene que, a cambio de estas maniobras en las que el papel de Ordiz fue clave, la trama cobró 575.800 euros a través de su empresa tapadera habitual, la conocida Mediaciones Martínez SL.