Tubos Reunidos contrató a Vicente Fernández en 2024 para renegociar sin éxito el rescate

Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y supuesto miembro de la trama —junto a Leire Díez y Joseba Antxon Alonso—, fue contratado por Tubos Reunidos en 2024 para intentar renegociar las condiciones del rescate, pero fracasó en el intento, según fuentes conocedoras de la situación. La compañía volvió a utilizar sus servicios en 2025 para aplazar el pago de nueve millones de euros de la venta de un inmueble, en este caso con éxito, gestión por la que Fernández cobró 40.000 euros.

El expresidente de la SEPI siguió presidiéndola en la sombra cuando dimitió por estar imputado en el caso Aznalcóllar y formaba parte de la trama que presuntamente cobraba comisiones por facilitar los rescates de empresas en pandemia. Fue contratado por Tubos Reunidos por primera vez entre 2021 y 2023 para asesorar en el cumplimiento de las obligaciones legales y burocráticas que conllevaba el rescate de 112,8 millones obtenido en 2021.

Tubos Reunidos primero contrató a Fernández, que también trabajaba para Servinabar (empresa relacionada con Santos Cerdán), a través de la empresa de la trama Mediaciones Martínez (hasta noviembre de 2023) y después como consultor autónomo individual tras el nombramiento de Carlos López de las Heras como CEO de la empresa. El conjunto de ambos contratos le supuso una remuneración total de 114.450 euros y la relación termina a principios de 2023.

Sin embargo, en 2024 la compañía se enfrentó a una grave crisis por la imposición de nuevos aranceles por parte de Donald Trump, ya que Estados Unidos es su principal mercado. Esto debilitó mucho sus cuentas e hizo imposible la devolución de los préstamos del rescate, donde además habían subido los intereses (son crecientes y aumentan cada año por exigencia de la UE).

Renegociación fallida

Por ello, Tubos Reunidos volvió a solicitar los servicios de Vicente Fernández en marzo de ese año para tratar de renegociar las condiciones del rescate, en este caso sin un pago fijo, sino mediante una comisión (fee) de éxito. La intención de la compañía vasca era reducir los intereses de los préstamos a niveles de mercado —los de la SEPI son mucho más altos al ser crecientes— y alargar el plazo de devolución de los mismos para poder superar la crisis.

Pero la SEPI se cerró en banda por orden de la Oficina Económica de Moncloa de Manuel de la Rocha, el hombre de confianza de Pedro Sánchez para dirigir los asuntos empresariales (por ejemplo, fue quien comunicó a José María Álvarez-Pallete su despido como presidente de Telefónica). Se negó a rebajar intereses o a alargar el plazo. Como ha informado THE OBJECTIVE, la SEPI mantiene esa negativa a día de hoy por temor a que sus directivos y técnicos sean imputados por malversación.

Debido a este fracaso, Fernández no cobró nada por esta gestión. Sin embargo, más adelante —en noviembre de 2024—, Tubos Reunidos volvió a confiar en él para otro asunto destapado por la UCO. La compañía vendió unas instalaciones en Sestao por 15 millones, de los cuales unos cinco debían ir a pagar a los acreedores financieros —bancos y bonistas— y algo más de nueve a devolver parte de los préstamos de la SEPI. Pero, dada su desesperada situación, propuso a los primeros utilizar ese dinero para mantener viva la compañía en 2025, cosa que aceptaron.

Venta de terrenos

Sabedora de que la SEPI iba a poner palos en las ruedas, la cúpula de Tubos Reunidos se puso de nuevo en manos de Vicente Fernández para lograr que el holding estatal se sumara a los acreedores y aceptara la utilización de esos nueve millones para el funcionamiento de la sociedad. En esta ocasión sí tuvo éxito: la SEPI se mostró más receptiva y Fernández cobró 40.000 euros por su gestión. Gómez-Acebo & Pombo asesoró la venta inmobiliaria por una comisión muy superior a la de Fernández, según las fuentes.

No obstante, tampoco sirvió de mucho. Tubos Reunidos solicitó el concurso voluntario de acreedores en mayo ante el riesgo de «insolvencia inminente» tras perder 118,8 millones de euros en 2025, elevando su deuda a 263 millones. La empresa tiene una plantilla de 1.200 empleados, pero el administrador concursal, PKF Attest, ha comunicado que renuncia al expediente de regulación de empleo (ERE) de 240 trabajadores y al cierre de la fábrica de Amurrio (ambas medidas decididas antes del concurso), y que tampoco llevará a cabo un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).

Su única esperanza es que aparezca un socio dispuesto a recapitalizar la empresa —algo que parece una quimera, salvo que se trate de un fondo buitre que exija una reducción de plantilla radical— o acordar una importante quita de dicha deuda. Y ahí es donde choca con la SEPI por el citado temor de sus responsables a ser imputados por malversación. Ante lo cual, la salida más probable es la liquidación de Tubos Reunidos.