Madrid se rebela contra la tasa de basuras con el contribuyente atrapado en un caos jurídico

El tasazo de basuras en Madrid se ha convertido en un esperpento jurídico y político. Lo que comenzó como un polémico retorno de un tributo que la capital había eliminado hace una década ha terminado en un laberinto judicial que amenaza con dejar a los contribuyentes en una situación de indefensión absoluta. El 23 de diciembre de 2024, el Ayuntamiento de Madrid aprobó la Ordenanza Fiscal 8/2024, recuperando una tasa que, según la consigna del Gobierno de Pedro Sánchez, era una exigencia imperativa de la Unión Europea. Pero la realidad era otra.

El propio vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič, desmintió la narrativa gubernamental. La Directiva (UE) 2018/851 no obligaba a los Ayuntamientos a aplicar un gravamen específico para cubrir costes. El verdadero origen del «tasazo» no es Bruselas, sino la Ley 7/2022 de residuos aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Una norma que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no quería aplicar, pero que se vio forzado a ejecutar mediante una ordenanza que, irónicamente, acaba de ser anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) debido a «defectos formales» en su tramitación.

Situación insólita

El equipo de Gobierno del PP esgrime que ellos son meros ejecutores de una ley estatal impuesta y que, de gobernar en la nación, la habrían derogado. La vicealcaldesa, Inma Sanz, no ha dudado en cargar en diversas ocasiones contra la oposición (Más Madrid y PSOE), calificando de «hipocresía» sus críticas en los tribunales. «No se puede, por un lado, estar obligando a los Ayuntamientos a imponer una tasa que no queremos poner y, por otro, estar recurriendo y estar diciendo que somos nosotros los que queremos hacerlo».

El Ayuntamiento ha llevado su disconformidad a un terreno inexplorado. En su escrito de contestación ante el TSJM, el propio Consistorio ha solicitado al tribunal que plantee una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley 7/2022. En definitiva, el ayuntamiento recauda mientras admite, en sede judicial, que la ley que sustenta su propio tributo es «vaga, imprecisa» y probablemente contraria a la Constitución.

Un negocio redondo para el Estado

Esta estrategia municipal ha sido celebrada por los expertos fiscales, aunque advierten de las peligrosas consecuencias para el ciudadano. En conversación con THE OBJECTIVE, Juan Manuel Herrero, vocal de Estudios e Investigación de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), califica de «insólito» que la administración que cobra el tributo sea la misma que intenta tumbar la ley. «Es llamativo que la propia administración que está aplicando la norma sea la que le diga al tribunal que cree que es inconstitucional», explica Herrero. «Ningún tribunal que deba resolver sobre el tema puede ignorar que el propio Ayuntamiento de Madrid está cuestionando la ley que le obliga a cobrar».

Pero la victoria judicial, si llega, no asegura el bolsillo del ciudadano. Herrero es tajante sobre el «negocio redondo» del sistema tributario español. «Si el Estado aprueba un tributo que es inconstitucional, siempre ganan ellos. Porque la gente que no ha recurrido no recupera su dinero. Aunque el tributo sea declarado ilegal, el Ayuntamiento se queda con los ingresos de los que no reclamaron».

El laberinto del contribuyente

El mayor escollo para el ciudadano es el sistema de «pagar primero y reclamar después», apunta el experto fiscal. Si el Tribunal Constitucional termina anulando la ley de Sánchez, el dinero no se devolverá automáticamente, sino solo a quienes hayan mantenido vivo un recurso. «Es absurdo, pero es así. Si no recurres y luego el Constitucional anula la ley, llegas tarde», advierte Herrero. Esto atrapa al contribuyente en una trampa administrativa: gastar recursos en asesoría jurídica por una tasa que ronda los 100 euros —lo que desincentiva la litigiosidad— o resignarse a pagar un impuesto cuya legitimidad pende de un hilo.

Mientras los políticos se cruzan reproches sobre quién es más hipócrita, el ciudadano madrileño se enfrenta a una inseguridad jurídica que se ha convertido en el verdadero impuesto invisible de la capital. Por el momento hay varios ayuntamientos que se han negado a aplicar la tasa. Municipios como Parla, Leganés y Alcorcón han bloqueado el cobro de la nueva tasa de basuras por considerarla injusta. Ante esta insumisión, la Delegación del Gobierno y autoridades regionales han advertido a los consistorios, recordándoles su obligación legal de aplicar la normativa estatal y tramitar el impuesto obligatoriamente.