Belén Gualda: la anodina presidenta de la SEPI que siempre se limitó a obedecer a Moncloa

Belén Gualda, imputada este lunes en la Audiencia Nacional por su relación con la trama Leire, llegó a la presidencia de la SEPI por accidente. Su antecesor, el íntimo de María Jesús Montero Vicente Fernández Guerrero, había dimitido en 2019 por estar imputado en el caso Aznalcóllar, pero la entonces ministra de Hacienda dejó vacante la presidencia, guardándole el puesto a la espera de que le desimputaran. Mientras, Fernández siguió presidiendo la SEPI en la sombra, y ahora sabemos también que cobrando comisiones por facilitar rescates en pandemia, según la UCO.

Como la desimputación no llegaba y lo de Fernández empezaba a ser un escándalo —mientras, el poder residía formalmente en el vicepresidente, Bartolomé Lora, también imputado por el caso Air Europa—, Montero se vio forzada a nombrar un nuevo presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Y eligió a Gualda, a quien también se había traído de Andalucía y había colocado en Navantia, puesto que sabía que carecía de toda iniciativa y que se iba a limitar a cumplir las instrucciones que le llegaran desde el Gobierno.

Y así ha sido desde su nombramiento en marzo de 2021. En primer lugar, en los rescates impuestos por el Ejecutivo: primero, Plus Ultra y Duro Felguera, y después Tubos Reunidos, todos ellos con incumplimiento flagrante de las normas del Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI (ni eran solventes ni estratégicas). Ahora también sabemos que la trama de Leire Díez, el citado Fernández y Joseba Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, andaban por ahí enredando. En cualquier caso, Gualda no puso ninguna pega y, cuando los técnicos de la SEPI se rebelaron y se negaron a firmar más informes por estos tejemanejes, optó por saltarse los procedimientos establecidos para que nadie tuviera la culpa aparentemente si la cosa salía mal.

Pero cuando quedó claro que Gualda ni pinchaba ni cortaba fue en el asalto del Gobierno de Pedro Sánchez a Telefónica. Primero, con la compra del 10% para empatar con la saudí STC, que había adquirido ese porcentaje a la chita callando en Bolsa. Y, una vez afianzada la posición y con el apoyo de La Caixa —aunque más de Ángel Simón, entonces en Criteria, que de Isidro Fainé—, con la destitución de José María Álvarez-Pallete y su relevo por Marc Murtra.

Telefónica e Indra

Manuel de la Rocha, el jefe de la Oficina Económica de Moncloa y la mano que mece la cuna de las intervenciones del Gobierno en las empresas, fue el muñidor de estas operaciones. Y Gualda se limitó, de nuevo, a acatar las órdenes y ejecutarlas; en realidad, a darles una pátina de legalidad con los trámites burocráticos necesarios, como había hecho con los rescates. Hay que reconocerle que, al menos, no disimula: en su reciente comparecencia en el Senado, Gualda admitió que la entrada en Telefónica «la ordenó el Consejo de Ministros».

El momento estelar de Gualda llegó con la guerra en Indra. Como es sabido, el presidente que puso De la Rocha en la tecnológica cuando Murta se fue a Telefónica, Ángel Escribano, pretendía que Indra comprase su empresa familiar, EM&E, con una valoración incluso superior a 2.000 millones gracias a los nuevos contratos de Defensa. Pero Escribano se alió con Joseph Oughpurlian, accionista de Indra que ya había traicionado a Moncloa en Prisa. Y, con esa valoración en un canje de acciones para la fusión con EM&E, más el 14,3% de Indra que tenía Escribano, más el 9% de Oughourlian, resulta que los dos superaban el 28% de la SEPI y se hacían con el control.

De la Rocha se dio cuenta de la jugada y ordenó a Gualda que frenara la operación «inmediatamente». Y la presidenta de la SEPI se lo tomó tan literalmente, que levantó el teléfono al instante y llamó a José Vicente de los Mozos, entonces consejero delegado de Indra, en medio de una reunión del consejo. El ejecutivo no sabía dónde meterse. Manca finezza, que dirían los italianos. Ahí comenzó la guerra que acabó con la destitución de Escribano y la venta de ese 14,2%, a pesar de su dura resistencia inicial. De los Mozos también acabó fuera cuando el citado Ángel Simón accedió a la presidencia de Indra y nombró CEO a Josep María Recasens.

Talgo y Duro Felguera

También se limitó a asentir cuando Sánchez pactó con el PNV la entrada de la SEPI en Talgo para dar salida a Trilantic y a los accionistas históricos, que se habían quedado colgados por el veto a la OPA húngara. Faltaba un 7,8% del capital y el holding del Estado se sumó a Sidenor, las cajas vascas y el fondo soberano Finkatuz, a pesar de que tendría que lanzar OPA al pasarse del 30% y de que la UE podía considerarlo ayuda de Estado. Ni la CNMV ni Bruselas han dicho esta boca es mía al respecto.

La última de Gualda ha sido el trato de favor a Duro Felguera —también ordenado por Moncloa—, reduciendo los intereses del rescate en 4 puntos y ampliando su plazo de devolución. Unas medidas necesarias para evitar la quiebra de la ingeniería asturiana, pero que suponen un agravio comparativo con las empresas que sí han pagado los intereses que les correspondían (el caso más flagrante es Air Europa) y con otra compañía que está al borde del abismo y a la que se niega a ayudar: Tubos Reunidos, precisamente por cuyo rescate ha sido imputada la presidenta de la SEPI.