La 'maldición' de la SEPI: los tres presidentes del sanchismo están imputados

La SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) sufre su mayor crisis de reputación institucional desde que se creó, a mediados de los años noventa. Los tres presidentes de la empresa insignia del Estado durante la presidencia de Pedro Sánchez están siendo investigados por la Justicia por presunta corrupción. Es una empresa clave para los intereses del Estado porque gestiona sus participaciones en empresas públicas y privadas. Algunas de estas últimas, además, son críticas para la seguridad nacional, como Red Eléctrica, Enagás y Telefónica.

Este escenario de crisis ya era manifiesto en los primeros años de sanchismo (junio de 2018 a marzo de 2021), cuando hubo tres presidentes distintos, uno de ellos «en funciones» durante más de 500 días. No obstante, la situación se ha vuelto aún más grave después de que todos los últimos presidentes –Vicente Fernández (presidente de la SEPI entre junio de 2018 hasta el 4 de octubre de 2019), Bartolomé Lora (presidente de la SEPI en funciones de octubre de 2019 a marzo de 2021) y Belén Gualda (desde marzo de 2021 hasta la actualidad)– estén imputados por la Audiencia Nacional y un juzgado de instrucción.

Pero esta realidad compromete aún más al grupo, dependiente del Ministerio de Hacienda, porque tanto la actual presidenta como su número dos, el mencionado Lora, no han dimitido y tienen abiertas investigaciones en los tribunales. Una situación que afecta a 14 empresas participadas de forma directa y mayoritaria (con una plantilla de más de 87.000 personas). Por otro lado, cuenta con una participación minoritaria en otras, como Indra, Airbus e IAG. La misión de la compañía es «rentabilizar las participaciones empresariales y orientar todas las actuaciones atendiendo al interés público».

Vicente Fernández

El 1 de octubre de 2019, Vicente Fernández —hombre de la confianza de la antigua ministra de Hacienda, María Jesús Montero— dimitió como presidente de la SEPI tras ser imputado por varios delitos en la adjudicación de los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar. A principios de diciembre de 2025, la Audiencia de Sevilla lo absolvió —pese a que había una petición de cárcel de 19 años— al considerar que «no existían indicios» y que se había tratado de una acusación «infundada». Ahora, la UCO investiga si la supuesta fontanera del PSOE, Leire Díez, presionó para absolver al exjefe de la SEPI en el juicio de Aznalcóllar.

A mediados de diciembre de 2025, días después de que fuera absuelto del caso Aznalcóllar, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo a la mencionada Díez, a Antxon Alonso –presunto socio del exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán en Servinabar– y al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, que también trabajó en Servinabar tras irse de la SEPI. La Audiencia Nacional investiga si los tres formaron una estructura paralela a la empresa pública entre 2021 y 2023 para favorecer contratos y rescates que le habrían reportado 750.000 euros gracias a sus «relaciones y capacidad de influencia». La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que mediaron en al menos cinco operaciones que cifran en 132,9 millones de euros.

Bartolomé Lora

En segundo lugar, Lora –que llegó a la presidencia en funciones tras la salida de Fernández y que sigue como vicepresidente del holding público– se encuentra imputado por un delito de prevaricación administrativa por el rescate de la aerolínea Air Europa desde el pasado 8 de junio. El directivo tendrá que comparecer el próximo 3 de julio en el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid.

En julio de 2020, la SEPI creó un consejo gestor para tramitar los rescates a aquellas empresas estratégicas que habían visto sus balances golpeados por la pandemia. Todo se hizo a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee, por sus siglas), dotado con hasta 10.000 millones de euros. Al frente de este consejo estaba Lora y entre sus funciones estaban la de asegurar el cumplimiento de las leyes, facilitar toda la información necesaria para la toma de decisiones, dirimir con su voto los empates y visar las actas, entre otras más. El pasado año cobró, como número dos de la SEPI, 251.949 euros.

Belén Gualda

Por último, el pasado lunes 29 de junio, la Audiencia Nacional imputó a la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, en el caso Leire, tras apreciar «indicios de criminalidad». En esta causa también figura como investigado el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, y se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos y en la concesión de ayudas estatales.

Una de las operaciones bajo sospecha es el rescate de 112,8 millones de euros a favor de Tubos Reunidos que el Consejo de Ministros aprobó el 20 de julio de 2021. La denominada fontanera del PSOE y sus socios habrían recibido a cambio una contraprestación de 247.459 euros. Los investigadores señalan que el PNV intercedió en la concesión de la ayuda y destacan un mensaje que afirma que Gualda fue convocada en Moncloa el 8 de julio, solo día después de que Antxon Alonso contactara con el partido jeltzale para que intercediera a favor de la empresa alavesa.