El Gobierno usa la guerra de Irán para favorecer a los camioneros frente a otros sectores

El Gobierno es consciente de que una medida reciente incluida en el real decreto 7/2026 por la guerra de Irán favorece los intereses de los transportistas frente al resto de la cadena logística. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, Moncloa es conocedora de esta situación y trata de reunir a los agentes económicos perjudicados —la industria, distribuidoras y supermercados— para buscar una solución que, de momento, desconoce.

Según señala el artículo 38 de la ley 15/2009 (que trata sobre el contrato de transporte terrestre de mercancías), cuando el precio del gasóleo hubiese aumentado entre el día de celebración del contrato y el momento de efectuarse el transporte, el porteador (transportista) podrá incrementar en su factura el precio inicialmente pactado. De la misma manera, el obligado al pago podrá exigir una reducción equivalente de la factura cuando el precio del gasóleo se hubiese reducido entre ambas fechas.

Sin embargo, la entrada en vigor del Real Decreto-ley 7/2026 ha introducido cambios relevantes en el sistema de cálculo de estas revisiones. Por un lado, se mantiene una subvención de 0,20 euros por litro de gasóleo, que no se incorpora al cálculo de la variación del precio del combustible. Por otro lado, el nuevo método de actualización también excluye los efectos fiscales, de manera que no se tienen en cuenta ni la reducción del Impuesto de Hidrocarburos —de 0,379 a 0,330 euros por litro— ni la rebaja del IVA al 10%.

Según fuentes del sector, esta configuración genera un efecto acumulativo favorable para los transportistas, al combinar la ayuda directa con una metodología de cálculo que no incorpora la caída de la carga impositiva. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha defendido las medidas asegurando que se «corría el riesgo de rupturas en la cadena de suministro y que trabajasen las empresas a pérdidas».

«Un momento dulce con los transportistas»

Se trata de una victoria del Ministerio de Transportes dentro del Gobierno, que no quiere una nueva huelga, como la ocurrida tras la invasión rusa de Ucrania a principios de 2022. Una situación que colocó en un escenario crítico a la predecesora de Óscar Puente, Raquel Sánchez. Tampoco quieren nuevos episodios controvertidos, como el vivido este año en el sector ferroviario, con los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Para ello, el ministerio se ha puesto en contacto desde el inicio de la guerra de Irán con los transportistas para evitar un conflicto. Y, según señaló el ministro Puente, «las relaciones, que nunca han sido fáciles, atraviesan un momento, en un contexto de máxima dificultad, dulce».

Hace una semana, el ministro Puente compareció tras el Consejo de Ministros para asegurar que se habían aprobado nuevas medidas para los transportistas en España. «Es un sector esencial para el funcionamiento de nuestro país. El 95% del transporte interior de mercancías se realiza por carretera, un tejido empresarial que está formado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas. El 86% del sector cuenta con cinco o menos vehículos para el transporte y genera mucho empleo».

Puente quiso dejar claro que quería «asegurar que las variaciones en el precio de combustible se trasladan de forma efectiva al precio del transporte. Esta normativa ya estaba contenida en la normativa desde el año 2022. Sin embargo, la realidad nos ha demostrado que su aplicación no ha sido generalizada».

Por último, la tensión entre Estados Unidos e Irán continúa. Hace unos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar al régimen de los ayatolás asegurando que «haría volar por los aires» el país si no aceptaba su plan. Ocurría tan solo unos días después de que anunciara la apertura total del estrecho de Ormuz, que de nuevo ha vuelto a ser cerrado al tránsito de buques por parte de Irán. Además, en esa misma zona los norteamericanos han interceptado en las últimas horas un carguero iraní, que se encuentra bajo su custodia.