El Gobierno "impedirá las prácticas especulativas" de plataformas como Uber

El Gobierno español ha aprobado el real decreto que amplía la regulación de cómo se explotan las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC[contexto id=»383900″]), que llevan a cabo plataformas como Cabify o Uber, informa Efe. A través de esta nueva norma, el Ministerio de Fomento asegura en un comunicado que «se impedirán las prácticas especulativas» de aquellos que hubieran solicitado licencias de VTC con objeto únicamente de lucrarse con su inmediata reventa a un mayor precio, sin intención de operarlas.

Según el Ministerio, se trata de medidas para «mejorar la regulación» en empresas como Uber o Cabify y «asegurar así su convivencia ordenada» con el del taxi, después de las fuertes críticas de este segmento, que critica lo que considera una competencia desleal y ha llevado a cabo diferentes movilizaciones. Para ello, la norma introduce una disposición que «impide la transmisión de autorizaciones» durante un límite temporal de dos años desde su otorgamiento original.

También prevé la creación de un registro único a nivel estatal, al que deberán comunicarse los servicios o trayectos en VTC con carácter previo a su realización, lo que, a juicio de Fomento, «facilitará la labor» de los servicios de inspección, asegurará la precontratación y evitará la captación de viajeros por las vías públicas, aeropuertos o estaciones. Además, el Real Decreto «impone que los vehículos a adscribir a nuevas autorizaciones VTC, aunque estas hayan sido obtenidas mediante sentencia, deben cumplir los requisitos vigentes en este momento, con independencia de los que estuvieran vigentes en el momento en que se realizó la solicitud original de la correspondiente autorización, con el fin de garantizar una calidad en la prestación de estos servicios».

Tras conocer la aprobación de esa medida, la Federación Española del Taxi (Fedetaxi) ha asegurado que «supone un paso más en la dirección correcta», según su presidente, Miguel Ángel Leal, para quien la norma «contribuye a evitar el desmantelamiento» del sector.