El Parlament de Cataluña aprueba la ley de ruptura con España

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El Parlament de Cataluña aprueba la ley de ruptura con España
Foto: ALBERT GEA| Reuters

Tras una intensa sesión plenaria, el Parlament de Catalunya ha aprobado la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, con la que pretende establecer un marco jurídico para la ruptura con el resto de España en el caso de que, si se celebra el referéndum del 1 de octubre, gana el sí. Lo ha hecho después de que la Mesa del Parlament decidiera alterar la orden del día para tramitar el texto, provocando la indignación de la oposición, como ya ocurrió el miércoles con la Ley del Referéndum. Presentadas las enmiendas a la ley, la Mesa ha admitido las de Junts Pel Sí y ha rechazado las de la CUP. Casi a la una de la madrugada, se ha aprobado el texto por 71 votos a favor (todos los diputados de Junts Pel Sí y la CUP), 10 en contra (Catalunya Sí Que Es Pot) y ninguna abstención. Los diputados del PP, del Partido Socialista y de Ciudadanos abandonaron el hemiciclo antes de la votación en señal de rechazo al proceso soberanista.

La jornada ha estado marcada por constantes suspensiones y reanudaciones del pleno. En dos ocasiones, se ha reanudado la sesión y se ha vuelto a levantar a los pocos segundos. A lo largo del día, el Tribunal Constitucional suspendió la Ley del Referéndum aprobada el día anterior por el Parlamento de Cataluña y los decretos firmados para la consulta de secesionista del 1 de octubre. También acordó advertir personalmente a los 947 alcaldes catalanes y al menos 62 altos cargos de la Generalitat de que no deben participar en el referéndum. El órgano presidido por Juan José González Rivas se reunió de urgencia esta tarde después de recibir los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno contra el contenido del texto legal, contra el decreto de convocatoria y contra el nombramiento de los cinco miembros de la Sindicatura Electoral.

También pocas horas antes de la aprobación de la Ley de Transitoriedad Jurídica, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, anunció, por su parte, la presentación de dos querellas criminales ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña: una contra los miembros de la Mesa del Parlament que el miércoles tramitaron los proyectos de ley de desconexión, y otra contra el Gobierno de la Generalitat por firmar el decreto de convocatoria de la Ley del Referéndum.

Mientras, a lo largo de la jornada, la Guardia Civil ha estado vigilando Indugraf, una imprenta de Constantí (Tarragona) que sospecha que puede imprimir papeletas para la consulta. A última hora de la noche, la Fiscalía ordenaba al instituto armado que registrara las instalaciones.

Y también por parte del Gobierno central han llovido críticas. «No habrá referéndum de autodeterminación», ha insistido el presidente, Mariano Rajoy. «Ni el Gobierno ni los tribunales pueden tolerarlo bajo ningún concepto».

Tanto el líder del PSOE como el de Ciudadanos han apoyado este jueves al Gobierno de Rajoy. “No hay fisuras con el Gobierno en la lucha contra el golpe en Cataluña”, ha dicho Albert Rivera. Pedro Sánchez, por su parte, ha anunciado: «Solo existe democracia desde el respeto a la ley. Rechazamos cualquier propuesta aprobada que no la cumpla. Faltan garantías democráticas».

Además de las críticas por parte de las instituciones españolas, también ha habido críticas fuera de España e incluso en Cataluña. El Consell de Garanties Estatutáries ha recordado, como ya hizo el miércoles, que se deben respetar los plazos establecidos a la hora de aprobar cualquier ley.

Y en la Unión Europea ha sido el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, el que ha aclarado que los actos del parlamento van en contra de la legalidad comunitaria. “Cualquier acción contra la Constitución de un Estado miembro es una acción contra el marco legal de la UE. El respeto debe ser garantizado en todo momento”, ha recordado. “El Estado de derecho es la columna vertebral de las sociedades modernas y pluralistas y de las democracias constitucionales. Respetar el Estado de derecho y los límites que impone a quienes están en el Gobierno no es una opción, sino una obligación”, ha zanjado.