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El Supremo deniega la libertad a seis presos del procés que son candidatos a las elecciones

El tribunal considera que los motivos para mantener la medida privativa de libertad siguen concurriendo y con especial fuerza «si valoramos el momento del juicio en el que nos encontramos»

El Supremo deniega la libertad a seis presos del procés que son candidatos a las elecciones

El Tribunal Supremo ha rechazado por unanimidad la petición de libertad provisional que habían solicitado Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Joaquim Forn, los cinco procesados en el juicio del procés que son candidatos en las elecciones del 28-A[contexto id=»383899″] y, en el caso de Forn, a las del 26 de mayo.

En un principio, los cinco candidatos a las generales pidieron la libertad alegando una vulneración de su derecho de defensa y de sus derechos políticos al no poder hacer campaña en igualdad de condiciones. Forn, que además ha sido citado para presidir una mesa el 28 de abril, se adhirió después a la petición.

La Sala considera que los motivos para mantener la medida privativa de libertad siguen concurriendo y con especial fuerza «si valoramos el momento del juicio en el que nos encontramos», según ha explicado el Tribunal Supremo.

La puesta en libertad provocaría una «importante disfunción» en el desarrollo de la vista, en opinión de la Sala, que apunta que mantenerlos en prisión «es proporcionado y no vulnera el derecho a la participación política de los acusados».

El Tribunal Supremo tampoco cree que exista una limitación así derecho de defensa, dado que este está garantizado estén en libertad o no, y ha recordado que durante el juicio se les permite sentarse junto a sus abogados para garantizar una comunicación fluida, algo inusual en otros procedimientos. Además, recuerda que «en los distintos recesos y en el tiempo empleado para la comida (…) los acusados pueden entrevistarse libremente, sin restricciones, así como recibir asesoramiento de sus letrados».

Las defensas de los políticos presos pidieron el 3 de abril al Tribunal Supremo su libertad provisional de los candidatos. A su argumento de la dificultad de ejercer el derecho de defensa con jornadas maratonianas del juicio, las defensas sumaron el argumento de que está en juego la libertad de los derechos políticos de los candidatos, que no podrán hacer campaña en igualdad de condiciones.

 

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