El aperitivo de la decadencia

En los últimos años, España no sólo ha dejado de converger, sino que pierde posiciones respecto a la Europa rica. Desde 2018, ha retrocedido respecto a la Eurozona casi todo lo que había avanzado desde 1996. Además, está siendo superada por países que hasta hace poco eran mucho más pobres. En nivel de vida, ya nos adelantaron Chequia en 2018, y Eslovaquia, Estonia y Lituania en 2020. Si continúa la caída que hemos sufrido en los últimos cinco años, en 2024 nos superarán Polonia y Rumanía; en 2029, Portugal; y en 2033, Grecia. (Tomo como referencia el producto interior bruto por habitante, expresado en términos de poder adquisitivo constante, según calculó el Banco Mundial).

Según el INE, el saldo migratorio con Rumanía es ya muy negativo. Y es de prever que el nuevo Gobierno continúe la política económica de esos últimos cinco años, como promete el pacto entre el PSOE y Sumar. También que transforme radicalmente el régimen político y fiscal, al plasmar las concesiones que el PSOE otorgó a los partidos separatistas para comprar su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez.

«España está siendo superada por países que hasta hace poco eran mucho más pobres. Ya nos adelantaron Chequia, Eslovaquia, Estonia y Lituania. Si continúa la caída que hemos sufrido en los últimos cinco años, en 2024 nos superarán Polonia y Rumanía»

Tanto la política económica del último lustro como la pactada para conformar el nuevo Gobierno son nocivas. Uno de sus pilares consiste en interferir en los contratos privados para que las partes supuestamente ricas ayuden a las supuestamente pobres. Como consecuencia, esos supuestos ricos dejan de contratar, desaparece gran parte del mercado y casi todos —pero, en especial, aquellos en verdad más humildes— acaban perdiendo, como sucede con el empleo o los arrendamientos de viviendas. 

Su otro pilar consiste en aumentar los impuestos y el endeudamiento del Estado para sostener el consumo de pensionistas y funcionarios. También para regalar obsequios de menor cuantía, pero muy visibles, desde apoyar la cultureta a distraer a la juventud, pasando por el fomento de oenegés, las nuevas tecnologías o el emprendimiento decorativo. 

Los límites de esta política económica son claros. Por un lado, los impuestos ya desaniman el esfuerzo y la inversión. Lo demuestra la alta tasa de desempleo y el derrumbe de la inversión exterior, y lo advierten el máximo responsable de Repsol y un empresario como el Sr. Roig, cuando avisan de que en las actuales circunstancias Repsol deja de invertir en España y Mercadona empieza a pensárselo. 

Por otro lado, el endeudamiento resulta más costoso a medida que sube el tipo de interés y hemos de dedicar más recursos a servir las deudas ya contraídas. En cuanto nuestros acreedores empiecen a desconfiar, no de nuestra solvencia —que hace muchos años que no tenemos—, sino del aval que aún nos regalan nuestros socios europeos solventes, al Gobierno le resultará imposible seguir endeudándonos. 

Los pactos con los separatistas dificultan la continuidad de esta espiral de pan y circo pagados con el crédito ajeno. De entrada, en la medida en que suponen transferir una gran cantidad de recursos a los ciudadanos de dos de las regiones más ricas sólo serán viables si el Gobierno impone sacrificios dolorosos a los de las demás regiones o a las clases de pensionistas y funcionarios previamente privilegiadas. 

Aún más grave es el deterioro institucional, pues la amnistía constituye una alteración jurídica de calibre constitucional pero que se va a promulgar mediante una mayoría exigua del Congreso, y con la oposición no sólo del Senado sino de una mayoría muy cualificada de la ciudadanía. 

Incluso sin juzgar su discutible constitucionalidad, adoptar una medida de esa índole en contra de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía y tras haber anulado todo contrapeso interno al poder ejecutivo nos aboca a una crisis sin precedentes en la confianza que merecen las instituciones. Demuestra a todos los ciudadanos y empresas que la voluntad del Ejecutivo no está sujeta a ley alguna, al menos en el ámbito nacional. Crea un clima en el que nadie se arriesga a comprometerse a largo plazo. 

Además, la pasividad de las autoridades europeas añade un toque de escepticismo al constatar cómo su interés a la hora de defender el Estado de derecho tiene carácter selectivo. Al igual que la mayoría de los analistas, su actitud depende de que el estado de derecho sea atacado, como sucede en Polonia o Hungría, desde la derecha; o, como en España, desde la izquierda, incluso cuando en nuestro caso esa izquierda está asociada al separatismo de ultraderecha. 

«El interés de las autoridades europeas a la hora de defender el Estado de derecho tiene carácter selectivo según sea atacado desde la derecha o desde la izquierda»

En estas condiciones, adquieren más relevancia las declaraciones de los responsables de Repsol y del dueño de Mercadona. Lo mismo que la encuesta del Bank of America sobre las intenciones de los gestores de fondos de inversión, cuya última entrega mensual sitúa a la bolsa española como la menos interesante entre las cinco principales bolsas europeas. 

Esta misma semana, sin embargo, respiraban aliviados los corifeos oficiales porque ni la bolsa ni la prima de riesgo reaccionaron negativamente a la investidura del Sr. Pedro Sánchez. Su alegría era injustificada. Por un lado, los mercados sólo reaccionan ante las novedades, y —excepto para los forofos y aduladores del PP— el pacto estaba descontado desde la misma noche electoral, como bien pusieron de relieve sus celebraciones. Por otro lado, a más de un observador le inspiraba desconfianza el cheque en blanco que constituía la inconcreción de la política económica del PP, y que presagiaba que, en caso de gobernar, se limitase a repetir los errores de 2012. 

Respecto a la bolsa, el dato relevante es que en los últimos cinco años el IBEX 35 apenas ha subido un ínfimo 8,4% mientras que las demás bolsas europeas han subido entre el 30,1% de Portugal y el 56,3% de Italia, por no hablar del 71,3% del S&P 500. Lógico que a esos precios de derribo nuestras grandes empresas sean presa fácil de compras hostiles, y que hasta el Gobierno maquine adquirir paquetes accionariales para controlarlas aún más de cerca. 

En cuanto a la «prima de riesgo» (el concepto no tiene misterio: sólo es el mayor interés que pagamos por ser menos solventes que Alemania), tampoco se ha movido. Cosa lógica porque el BCE sigue comprando y respaldando nuestra deuda. En cuanto nos pongan condiciones para que gastemos menos, el Gobierno empezará a resistirse, amenazando con desestabilizar y hasta salirse del euro, y los mercados volverán a temer que algún día pueda hacerlo. En cuanto anticipen la más mínima posibilidad en ese sentido, nuestra prima de riesgo volverá a dispararse, como ya hizo con Zapatero en 2010. 

«En cuanto nos pongan condiciones para que gastemos menos, el Gobierno empezará a resistirse, amenazando con desestabilizar y hasta salirse del euro»

Se consuelan algunos pensando que la prima de Italia es superior a la española. Olvidan que también sucedía así hasta 2012, cuando de repente la nuestra la superó con creces. Una diferencia primordial reside es que nuestra deuda está en manos de inversores extranjeros mientras que la italiana está en manos de italianos. Quizá los compradores de nuestra deuda prestan aún atención a esos editoriales del Financial Times que parecen escritos por un vendedor de biblias del siglo XIX, mientras que quienes compran deuda italiana conocen mejor su realidad. 

De confirmarse esta conjetura, la prima española sólo reflejaría la adición de prejuicios actuales a los estereotipos más rancios. En realidad, como bien indica la evolución de su bolsa de valores, Italia es mucho más sólida que España, quizá porque tiene menos forofos en su cuerpo electoral y también cuenta con mejores instituciones. Una muestra de esto último es que sus amnistías requieran el apoyo de dos tercios de ambas cámaras legislativas. Dispone además de una Jefatura del Estado efectiva, la cual, por ejemplo, nomina a un tercio de los magistrados de su Tribunal Constitucional (otro tercio lo eligen los jueces), mientras que el español está copado por agentes del Gobierno.