Divergimos con Europa

La economía española realizó un gran esfuerzo para converger con Europa desde nuestra integración en la Comunidad Europea en 1986. La incorporación al euro en 1999 supuso un nuevo impulso a nuestra integración en Europa en términos económicos.

Las reformas estructurales liberalizadoras de la economía, la privatización de las empresas públicas, y la reducción de la fiscalidad, fueron las razones que impulsaron el proceso de acercamiento a Europa. La estabilidad que proporciona el euro eliminaba la prima cambiaría que tan negativa había sido con la peseta.

Tras una larga historia de clara divergencia y retrasos, la tendencia se modificó en el inicio de los años 2000. En el año 2007 nuestra renta media, medida en paridad del poder de compra, se situó con un 103%, por encima de la media comunitaria, según las cifras oficiales de Eurostat. Sin embargo, el pasado año, 2022, nuestra renta media tan solo representaba el 85% de la europea. Nuestra economía es una «moto» que lleva algunos años gripada. Estamos inmersos en un peligroso proceso de divergencia con la mayoría de los países de la UE, y también con los de la UEM a pesar de que su crecimiento no ha sido muy intenso.

Este retroceso es también medible en términos de PIB por habitante, el llamado PIB per cápita; este, en relación con el de los países de la eurozona, se ha reducido al nivel de los años 70, tras el fuerte incremento del producto por habitante y convergencia con la UEM en el periodo de 1997 al 2007. En la actualidad, la brecha se ha ampliado significativamente hasta superar el 15% respecto al PIB per cápita promedio de los países de la Unión Monetaria. Dos son las razones que explican fundamentalmente este triste proceso: la caída de la productividad y la baja capacidad para generar empleo.

«La productividad en España apenas ha mejorado desde la crisis de 2008»

La productividad de la economía es el fundamento del potencial de crecimiento, del aumento del PIB, y por tanto del bienestar y prosperidad. La reducción de la jornada laboral y la elevación de los salarios reales solo se debe realizar si se incrementa la productividad, cuando menos en la misma proporción. Desgraciadamente, la productividad en España apenas ha mejorado desde la crisis de 2008. En efecto, la productividad total de los factores de la economía española se ha reducido un 14,7% entre los años 2000 a 2021, mucho más que la caída producida también en la UEM. Estas caídas contrastan con las fuertes ganancias de productividad en EEUU, que le ha llevado a disfrutar de una renta per cápita en 34,5% superior a la media de los países de la UEM.

En concreto, hay que resaltar la baja productividad de nuestra mano de obra, que por hora trabajada es un 14,1% inferior a la de media de la UEM y esta a su vez, es el 85,5% de la de EEUU. La gran presencia de los servicios de baja cualificación en España y el menor grado de formación del personal son las razones fundamentales que explican esta situación. Asimismo, nuestra estructura productiva se encuentra muy atomizada, puesto que el 96% de nuestras empresas son pymes, que tienen mayores problemas, sobre todo tecnológicos y de inversión para mejorar su productividad.

La digitalización es un mecanismo muy eficaz para conseguir ganancias de productividad en todo tipo de empresas, por lo que los Fondos Europeos de Recuperación y Resiliencia son un mecanismo muy eficiente para haberlo conseguido. Sin embargo, en la actualidad estos apenas han llegado a las pymes, y el Gobierno no es capaz de remitir a Bruselas la lista requerida de los 100 grandes beneficiarios de ellos, lo que produce grandes dudas respecto al rigor en su asignación.

Por otro lado, tradicionalmente la economía española ha tenido grandes problemas para generar empleo como consecuencia de la rigidez del mercado laboral. A través de la llamada Ley de Okun, se estimaba que el crecimiento mínimo de PIB para crear empleo neto era del 2,6%. Con la reforma laboral del 2012, la mayor flexibilidad laboral permitió que se creara empleo con un crecimiento del PIB de apenas el 0,3%.

«Se ha producido un fuerte encarecimiento de la mano de obra por la fuerte e inadecuada elevación del SMI»

La restrictiva reforma implementada por el Gobierno actual ha vuelto a limitar la capacidad de generar empleo, a lo que se une la falta en algunos sectores de mano de obra disponible. La eliminación de los contratos temporales y de obra por los fijos-discontinuos ha reducido la capacidad de generar empleo estable. Se ha producido igualmente un fuerte encarecimiento de la mano de obra por la fuerte e inadecuada elevación del SMI que se puede situar en los 1.200 euros por 14 pagas, es decir 1.400 euros mes; y de las cotizaciones sociales. Los incentivos al trabajo se han reducido por la proliferación de ayudas para diferentes situaciones. La combinación de todos estos factores supone un freno a la creación de empleo y un impulso a la economía sumergida.

La grave situación presente puede empeorar si se aplican por el nuevo Gobierno las medidas económicas propuestas, sobre todo, en el acuerdo entre el PSOE y Sumar. La reducción de la jornada laboral legal a 37,5 horas en un principio significa una disminución respecto a la actual del 6,25%, y, junto a la elevación de más del 11% del SMI, provocarán un aumento de costes empresariales y una reducción adicional de la productividad a corto plazo. A largo plazo, muchos sectores como el turístico y la restauración no se recuperarán, por ser muy intensivos en mano de obra. La pérdida de productividad generará una reducción de los márgenes empresariales, que se traducirá en pérdida de empleo y un impulso a la economía sumergida.

La convergencia con Europa se consiguió mediante políticas económicas ortodoxas que permitieron impulsar la eficiencia empresarial. En los últimos años las medidas populistas de la política económica nos han separado nuevamente de la renta europea, y si se aplican las propuestas del acuerdo PSOE-Sumar, la brecha se agrandará mucho más.