Bego, una tetraprocesada en Moncloa

Todo llega, por más que este momento parecía que no iba a llegar nunca. El juez Juan Carlos Peinado ha cerrado la instrucción del caso Begoña y procesa a la hija que le salió catedrática a Sabiniano Gómez por cuatro delitos, a saber: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Por el camino se le ha caído al juez el delito de intrusismo profesional.

El asunto le pilla a esta mujer de viaje oficial a China en plan consorte, experiencia en la que cuidó mucho el atrezzo, vestida de rojo, como en las grandes ocasiones: la celebración de los resultados tras las elecciones de 2023, en la cena en el Museo del Prado con los líderes de la OTAN, en dos visitas al Congreso y, naturalmente, al bajar del Falcon en el aeropuerto de Pekín, haciendo juego con el doctor Sánchez, que llevaba la corbata a juego. El rojo es para Begoña un color corporativo.

Tres de los cuatro delitos por los que se va a sentar en el banquillo tienen que ver con la apropiación para uso privado de dineros de titularidad pública, pero en esto nadie puede llamarse a engaño. Ella firmaba sus correos electrónicos con un alias que era en sí mismo una confesión de culpa: Bego Fundraiser, que podríamos traducir con un grado de libertad como Bego Pillafondos.

Begoña Gómez ha explicado que «el Pacto Rural Europeo sitúa algunos de los elementos claves». Y afirmó que «en España se está trabajando intensamente en una alianza público-privada que permita abordar estos desafíos, y atendiendo a la realidad de un territorio complejo que requiere de la colaboración de todos para abordar con éxito un objetivo de país». Una alianza público-privada implica ayudas desde el Gobierno de su marido a las empresas. Todo ello con el «enfoque» de los fondos del Pacto Rural Europeo. Y en un momento en el que el gran apoyo de Begoña Gómez en estos negocios, Teresa Ribera, se encuentra ahora nada menos que como vicepresidenta de la UE.

A falta de saber con cuántos DNI contaba el juez para señalar el tetraprocesamiento de la mujer del presidente del Gobierno, es preciso señalar que RTVE ha incorporado como tertuliano al director de El Plural, autor de dos bulos extraordinarios cuando aún no dirigía el medio citado. Fue muy notable que imputara al juez la posesión de dos carnés de identidad para hacer sus negocios por separado. Muy listo no debe de ser para no maliciarse que la explicación más sencilla era la existencia de un ciudadano cuyo nombre y apellidos coincidieran con los del juez. El otro fue la atribución a la UCO de la Guardia Civil del propósito de atentar contra el presidente del Gobierno colocando una bomba lapa en los bajos de su coche. En esto reveló, además, una notable falta de comprensión lectora, al no ser capaz de entender cabalmente el sarcasmo de los comunicantes, que apuntaban justamente a lo contrario: que era el Gobierno quien podría poner una bomba lapa en el coche de los dos protagonistas de la información: el capitán de la UCO, Juan Vicente Bonilla, y el empresario Caramés.

«Poca gente puede lucir méritos análogos en defensa del Gobierno, amplificados, además, por el eco de los periodistas de la opinión sincopada»

Se comprende el desvelo del ente público para buscar un acomodo a este pájaro. Poca gente puede lucir méritos análogos en defensa del Gobierno, amplificados, además, por el eco de los periodistas de la opinión sincopada, como las muchachas de Sweet Sue, todos apesebrados en la radiotelevisión pública española.

La búsqueda del juez Peinado se había iniciado antes, en los primeros compases de la instrucción, cuando se hizo campaña sobre el hecho de que una hija del juez, Patricia Peinado, era concejal del PP en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón desde 2023, «sin experiencia previa», señalaba El Plural, como si la hubiesen puesto a dirigir una central nuclear. ¿Dónde puede un concejal adquirir la experiencia previa que necesita para poder ser concejal? Ese sería otro asunto que abre las puertas a un debate muy jugoso sobre los cargos públicos y su idoneidad.

El juez había pedido a la mujer del presidente que le entregara el pasaporte, a lo que Bego se negó, en aplicación de esa actitud de colaboración con la justicia de la que alardeaba su marido. No habría tenido resultados prácticos, porque no es imaginable que ningún policía chino pidiera el pasaporte a tan insignes huéspedes.

Por otra parte, en el acoso al juez instructor, vuelve a poner a todo el PSOE contra los jueces. No tiene uno para olvidar al juez Marino Barbero Santos, que instruyó el primer caso de financiación irregular de un partido en España: El que llevaba los nombres de Filesa, Malesa y Time Export. Todos los portavoces del partido señalaron al juez Barbero, repitiendo con unanimidad un insulto que era una consigna: «Está loco». Uno mismo lo creyó entonces, pero solo hasta que indagó en su biografía y se enteró de que, mientras fiscales y jueces progresistas accedieron a sus cargos jurando todo lo que tenían que jurar, Marino Barbero no pudo por negarse a jurar los principios del movimiento en 1962, que el año siguiente entró en la Universidad de Murcia con una lección magistral contra la pena de muerte, asunto muy relevante en aquel año en que se aplicaron tres: la del comunista Julián Grimau y las de los anarquistas Delgado Martínez y Granado Gata. Después, en 1986, pudo acceder a la judicatura por el cuarto turno. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el presidente extremeño, llegó a decir que Marino Barbero quería intervenir en política «dictando sentencias, abriendo y cerrando sumarios, al igual que hace ETA, que quiere participar en política poniendo bombas». Contra Juan Carlos Peinado ha arremetido el ministro de Justicia, que es el Fouquier-Tinville del sanchismo: «El juez Peinado ‘avergüenza’ a parte de la ciudadanía y de la judicatura. Un tribunal ‘imparcial’ e ‘independiente’ resolverá esta decisión judicial».

El caso es que Bego está tetraprocesada. Al final la rescatará Conde-Pumpido, que para eso está. Mientras, tengo curiosidad por saber si Peinado consigue que la enjuicie un jurado popular, que con tanta pasión defendieron los socialistas cuando lo propuso Belloch, la justicia del pueblo, ya saben.