La cruzada contra los centros de datos

Hay algo revelador en que el Gobierno hostigue a la industria de los centros de datos justo cuando más los necesita el país. Nos hablan de inteligencia artificial, de soberanía tecnológica o de transformación digital. Suena todo muy moderno y ambicioso. El problema es que casi todo es mentira. O, mejor dicho, hay un poco de realidad y mucho de propaganda. Porque cuando llega el momento de permitir la infraestructura física que hace posible ese futuro, el Gobierno de España hace exactamente lo contrario de lo que predica. Llegó incluso a crear un Ministerio de Transformación Digital, pero no era más que una coartada para que Sánchez tuviera bien controlado a Óscar López, hasta darle la puntilla final. Por aquello de «ten cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos»… y sobre todo a los traidores.

Ahora la han tomado con los centros de datos. Nadie sabe qué oscuro irracional hay detrás de ello, pero han decidido convertirlos en el nuevo sospechoso oficial, en el nuevo culpable público, en el nuevo chivo expiatorio de un sistema eléctrico mal diseñado y de una política energética que vive mucho más cómoda en el eslogan que en la realidad. Beatriz Corredor es la prueba viviente de esto.

Comencemos por una obviedad que demasiada gente parece querer ignorar. La economía digital no flota en el aire. No vive en la nube, aunque llevemos años intoxicados con esa metáfora infantil. La inteligencia artificial, el almacenamiento y procesamiento de datos, los servicios digitales, las plataformas, todo eso necesita una base material muy concreta. Naves, servidores, microelectrónica, fibra, refrigeración y, sobre todo, electricidad. Mucha electricidad. Estable, continua, predecible… y barata.

Y aquí aparece la primera gran ironía española. Llevamos años impulsando un modelo energético que, en determinadas horas, produce más electricidad de la que el sistema es capaz de absorber. Especialmente en solar, los vertidos empiezan a ser cada vez más serios y los ingresos obtenidos por parte de esa generación son cada vez más problemáticos. El resultado es tan sencillo como incómodo. Empiezan a sobrar electrones y a faltar consumidores. Empieza a sobrar oferta y a faltar demanda. Empieza a quebrarse el relato de la transición energética. Y el relato no es lo único que va a quebrar.

Parece obvio que cuando un sistema eléctrico tiene un problema de demanda, lo sensato sería facilitar la llegada de grandes consumidores. No perseguirlos. No demonizarlos. Lo lógico sería recibir con los brazos abiertos a inversiones capaces de consumir electricidad de forma constante, dar estabilidad al sistema, sostener nuevas inversiones y apuntalar una actividad económica de alto valor añadido, creando además empleo y riqueza.

Pero no se trata de crecer. Se trata de otra cosa. Porque los centros de datos tienen algo que este Gobierno detesta de manera patológica: representan inversión privada, decisión empresarial, demanda libre y creación de valor fuera del guion intervencionista. No vienen a vivir de la servidumbre de la subvención. Llegan, precisamente, a aprovechar las ventajas comparativas que tenemos en España. Y eso, para una exégesis política acostumbrada a decidir desde el BOE quién gana, quién pierde y en qué condiciones puede respirar cada sector, resulta insoportable.

Por eso la ofensiva contra los centros de datos no debe leerse como mera disputa técnica sobre la red eléctrica. Esa es solo la coartada visible. El fondo es mucho más revelador. Estamos ante un poder político que predica modernización mientras castiga la infraestructura moderna, que habla de electrificación mientras hostiga al consumidor eléctrico, que presume de atraer futuro mientras levanta barreras contra quienes están dispuestos a traerlo.

España reúne condiciones excepcionales para competir en esta carrera. Tiene energía comparativamente atractiva, buenas conexiones de fibra, suelo más asequible que otros grandes polos continentales y capacidad para generar ecosistemas empresariales en torno a estas inversiones. Podríamos estar aprovechando una ventana histórica. Podríamos estar convirtiendo la retórica digital en músculo económico. Podríamos estar ayudando, incluso, a dar sentido productivo aparte de la sobrecapacidad que el propio modelo energético ha ido incubando.

Pero no. Aquí seguimos atrapados en la pulsión de castigar al que invierte, sospechar del que crece y perseguir al que no depende del favor político. Hay algo que la izquierda odia más que a nada en el mundo. A los Amancio Ortega y Juan Roig de la vida, porque desprecian la impostada superioridad moral de los autocoronados emperadores de la moralina contemporánea. Incluso han acuñado ya el término con el que deshumanizar y perseguir a los empresarios del sector tecnológico. Tecnoligarcas, ahí es nada.

Luego vendrán los mismos de siempre a lamentar que el capital se va, que Europa pierde competitividad, que la industria no despega y que la revolución tecnológica pasa de largo. Lo dirán con gesto compungido, como si se tratara de una desgracia meteorológica. Y no. No será una desgracia inevitable. Será una decisión. Y absolutamente premeditada. Tal vez sea esta la verdadera causa. El Gobierno no persigue a los centros de datos porque sean un problema para España. Los persigue porque son la prueba evidente del fracaso de un modelo político desnortado. Porque ponen a la vista de todos una realidad indiscutible, que España podría ser una potencia digital si el Gobierno dejara de sabotear todo lo que no puede tutelar. Y eso, para un Ejecutivo que ha hecho del intervencionismo una identidad y del control una forma de poder, me temo que es pedir demasiado.