Acabemos con el monopolio de Red Eléctrica
«Un país serio no permitiría que la norma europea exista solo para adornar informes mientras aquí nadie mueve un dedo. La electricidad no se sostiene con eslóganes»
Ilustración de Alejandra Svriz.
La gestión de la red eléctrica en España deja mucho que desear. Ahora mismo es el cuello de botella que nos impide progresar como país. Llevamos años escuchando hablar de transición, electrificación, descarbonización, reindustrialización y modernidad. Discursos grandes y bonitos… pero vacíos cuando uno atiende a la realidad material del sistema. Y la realidad material es esta: en España falta red, sobra propaganda y Red Eléctrica acumula retrasos en una gestión deplorable que ya no puede ocultar.
No estamos ante un fallo menor ni ante discusiones técnicas entre ingenieros. Estamos descuidando una de las infraestructuras más importantes en una economía avanzada: el cableado que sostiene todo nuestro bienestar. Sin red eléctrica moderna no hay industria, no hay nueva demanda, no hay digitalización seria, no hay vivienda y no hay prosperidad. Habrá otras cosas, sobre todo mucha decadencia, pero prosperidad no.
Por eso conviene llamar a las cosas por su nombre. Red Eléctrica no está haciendo lo que debe hacer. No ejecuta con la rapidez que exige la economía española, no cumple los plazos en buena parte de las inversiones previstas y, pese a ello, aquí nadie parece dispuesto a tratar ese incumplimiento como lo que es: un problema estructural de gestión con consecuencias económicas graves y muy concretas.
Por muy inmunes que sean a la crítica, debemos decirlo con mucha claridad: la normativa les impide hacer lo que hacen. Existe una directiva europea que obliga a ejecutar las cosas en plazo. Si una inversión prevista no se ejecuta, salvo causa imperiosa ajena al control del transportista, el regulador no puede limitarse a bostezar. El regulador tiene que actuar. Tiene que exigir que la inversión se haga, o abrir una licitación a terceros, o forzar mecanismos de financiación que permitan la entrada de inversores independientes. Así está escrito. Así lo prevé Europa. Así se evita que un monopolista se acostumbre a incumplir sin que pase nada.
El problema es que aquí la normativa no se aplica. Tenemos retrasos en el desarrollo de la red que acumulan años y años mientras los responsables directos miran hacia otro lado. Deberían abrir la ejecución de proyectos a terceros y deberíamos quitarle el monopolio de la decisión a una empresa controlada por el Gobierno de España que se preocupa de cualquier cosa menos del futuro de los españoles.
«Tiene que exigir que la inversión se haga, o abrir una licitación a terceros, o forzar mecanismos de financiación que permitan la entrada de inversores independientes»
Basta con analizar los datos de un reciente estudio publicado por la consultora PwC que desmonta de un plumazo cualquier tentativa de maquillaje. El borrador de planificación eléctrica 2025-2030 prevé atender 27,7 GW de nueva demanda mediante 659 posiciones en 254 subestaciones. «¡Magnífico!», dirán algunos. Pero ahora viene la realidad: 402 de esas 659 posiciones proceden de planificaciones anteriores. Es decir, una parte sustancial de lo que se vende como avance futuro es, en realidad, atraso heredado. Pasado incumplido disfrazado de planificación nueva. Cosas que no hicieron cuando las tenían que haber hecho. Pero es que hay ejecuciones que vienen de la planificación del año 2008, ¡y no se han hecho todavía! Es absolutamente inadmisible.
El informe señala que el 54% de las posiciones analizadas presenta retrasos, con una demora media de 5,7 años. En subestaciones, el 63% presenta retrasos con una media de siete años. ¡Siete años! En un sector del que depende la competitividad de un país, siete años de retraso medio no son mera anécdota. Son un escándalo. Son la prueba de que el sistema no funciona, de que alguien está fallando de manera persistente y de que al Gobierno y al regulador les da todo igual.
La Comunidad de Madrid es una de las víctimas más visibles de esta combinación de indolencia, planificación fallida y ausencia de consecuencias. La falta de desarrollo en la red eléctrica pone en riesgo más de 115.000 viviendas ya en marcha en los nuevos desarrollos del sureste. Es decir: la ineficacia del gestor de una infraestructura crítica ya no frena solo proyectos industriales o expectativas de inversión. Frena también el acceso a la vivienda, uno de los problemas más graves que tenemos en España. Los centros de procesamiento de datos son otras de las víctimas de esta transición fallida que sufrimos y que pone en riesgo la transformación digital clave para nuestro futuro.
Luego vendrán los de siempre a culpar al mercado, a la especulación, a la codicia de los promotores o a cualquier otra coartada ideológica de usar y tirar. Pero la verdad es bastante más humillante. Si no hay red eléctrica, no hay desarrollo. Si no se ejecutan las infraestructuras, los barrios no avanzan. Si el transportista se retrasa y el organismo regulador no hace nada, el coste lo paga toda la sociedad.
Esto es lo que ocurre cuando un país convierte la gestión en relato. Se anuncian planes, se multiplican los compromisos y se presume de objetivos históricos. Mientras tanto, las inversiones se demoran, los cuellos de botella se enquistan y la economía real se va muriendo. Todo es espera. La empresa que quiere conectarse espera. La fábrica que necesita capacidad espera. La familia que necesita vivienda espera. España entera esperando a que alguien se digne a ponerse a trabajar.
Hace falta revisar de raíz un esquema que ha demostrado demasiada complacencia con el retraso. Y hace falta abrir un debate serio sobre la separación entre operador del sistema y gestor de la red, porque cuando las funciones se concentran, las responsabilidades se difuminan y las ineficiencias se cronifican. El monopolio es siempre algo malo. El monopolio en manos del Estado es directamente una tragedia.
Un país serio no debería tolerar que su red de transporte sea un cuello de botella permanente. Un país serio no aceptaría retrasos de años como si fueran inevitables. Un país serio no permitiría que la norma europea exista solo para adornar informes mientras aquí nadie mueve un dedo. La electricidad no se sostiene con eslóganes. Las subestaciones no se construyen con propaganda. Y una economía moderna no puede permanecer rehén de la ineptitud de quien debía haber atendido la red, pero se dedica a hacer videos promocionales para enmascarar la paupérrima gestión del apagón más grave de la historia. Es de vergüenza ajena.