¡Murieron personas, malditos canallas!

Ha pasado casi un año desde el gran apagón eléctrico en España. Un año entero. Tiempo de sobra para investigar, explicar, depurar responsabilidades y asumir consecuencias. Tiempo de sobra para que alguien compareciera con un mínimo de dignidad institucional y dijera lo evidente: esto ocurrió bajo nuestra responsabilidad y alguien debe responder por ello. Pero esto es la España de Sánchez.

Ni una dimisión. Ni un cese. Ni una asunción de culpa. Ni siquiera una petición de perdón a la altura de lo ocurrido. Nauseabundo. Porque aquí ya no estamos discutiendo sobre técnica, sobre control de tensión, sobre potencia de cortocircuito, sobre inercias y frecuencias, sobre procedimientos o sobre la complejidad del sistema. Todo eso importa, por supuesto. Pero antes que técnico, este caso es moral. Tiene que ver con el deber, con la verdad y con la impunidad. Tiene que ver con una forma de ejercer el poder en la que nadie responde de nada, aunque el fallo sea antológico, aunque las consecuencias sean gravísimas, aunque haya muertos.

La ley atribuye a Red Eléctrica la responsabilidad de operar la red en condiciones de seguridad. No es una cuestión opinable. No es una interpretación ideológica. Es su función. Para eso existe. Para eso cobra. Para eso se le otorga una posición central en el sistema. Si el país sufre un apagón de esta magnitud, la primera pregunta no debería ser cómo proteger políticamente a los responsables. La primera pregunta debería ser quién responde. Y la respuesta, un año después, provoca vergüenza y escándalo a partes iguales. No responde nadie.

Tampoco el Gobierno, que controla políticamente la empresa y que desde el primer momento se volcó en algo muy sanchista y muy decadente, debería confundir gestión pública con gestión del relato. No se trataba de aclarar lo sucedido. Se trataba de amortiguar el daño. No se trataba de decir la verdad. Se trataba de ganar tiempo. No se trataba de exigir responsabilidades. Se trataba de impedir que la responsabilidad subiera por la escalera del poder. Y mientras tanto fueron apareciendo datos que vuelven todavía más indecente la coartada oficial.

Supimos que procedimientos de operación esenciales, críticos, llevaban décadas sin actualizarse. Décadas. No meses, no retrasos menores. Décadas. Supimos también que los Criterios Generales de Protección del Sistema Eléctrico eran del siglo pasado. ¡Del siglo pasado! Como si el sistema eléctrico español de hoy fuese el mismo que el de hace treinta años. Y no lo es. Ha cambiado la estructura de generación, ha cambiado el peso de unas tecnologías y de otras, ha cambiado la forma de operar y han cambiado los riesgos. Lo que no cambió fue lo que tenía que cambiar. Pero a nadie parece importarle. Eso, en un sector crítico, no es una distracción administrativa. Es un clima de dejadez institucional que roza lo negligente.

También supimos que Red Eléctrica llevaba tiempo advirtiendo sobre problemas de control en la red. Es decir, lo sabían. Lo sabían perfectamente y lo dejaron por escrito en numerosos documentos. El riesgo existía, era conocido y había sido señalado. No estamos ante una fatalidad súbita. No estamos ante un fenómeno imposible de prever. Estamos ante un sistema en el que había señales previas, debilidades identificadas y advertencias acumuladas. Por eso resulta tan repulsivo escuchar a Beatriz Corredor o a la ministra Aagesen decir que no había indicios, que no había alertas, que nadie podía anticipar un episodio así. No es verdad. Es una mentira. La propia Red Eléctrica, que ahora miente, es la misma que nos decía que esto podía suceder. La Red Eléctrica que decía la verdad era la formada por su cuerpo técnico. La Red Eléctrica que miente es la que ponen a dedo desde Moncloa.

Los audios filtrados terminan de rematar ese cuadro. Porque esos audios desmienten la coartada del imprevisto. Lo que muestran es conocimiento del riesgo. Aparecen conversaciones que demuestran que había conciencia de problemas serios. Aparece, en definitiva, lo que durante meses se ha intentado negar… y ocultar. Sobre todo, ocultar. Y eso agrava todo lo demás. Agrava el fallo. Agrava la irresponsabilidad. Y agrava, por encima de todo, el encubrimiento político posterior.

«Antes que técnico, este caso es moral. Tiene que ver con el deber, con la verdad y con la impunidad. Tiene que ver con una forma de ejercer el poder en la que nadie responde de nada»

Tampoco la CNMC puede lavarse las manos. Un regulador no está para mirar el tren pasar como las vacas y redactar informes cuando ya ha ocurrido la catástrofe. Está para vigilar antes. Para exigir antes. Para corregir antes. Si los problemas existían, si las carencias eran conocidas, si las actualizaciones pendientes llevaban años sobre la mesa, alguien tendrá que explicar para qué estaba el supervisor y qué supervisaba exactamente. ¿Es cierto que los productores de electricidad estaban incumpliendo el procedimiento, como afirma Red Eléctrica? ¿Y en todos estos años nadie se había dado cuenta ni una sola vez? Extraño, ¿verdad?

Y luego está la Fiscalía General del Estado. En un episodio de esta gravedad, con fallecidos y con un interés público indiscutible, cabía esperar una actuación de oficio contundente, visible y rápida. No la hubo. Tenemos todos muy claro por qué. Pero la imagen que deja esa pasividad es devastadora. Cuando hay interés, el Estado corre. Cuando no, bosteza. Raudo y veloz acudió el Fiscal General del Estado a filtrar información de un ciudadano particular para atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, la muerte de varios compatriotas no debía revestir para él la misma importancia. ¿De quién es la Fiscalía? Pues eso…

Por todo ello, la noticia de estos días sobre la posible demanda de Portugal contra España, a cuenta del apagón, supone un atisbo de esperanza. Sería humillante, sí. Pero también sería saludable. Porque tal vez tenga que venir un país vecino a hacer lo que aquí nadie ha querido hacer: sentar a los responsables, pedir explicaciones y obligar a que los hechos se examinen donde ya no bastan ni las consignas ni los silencios. Cuando la política se convierte en una tapadera, solo queda confiar en que al menos sobreviva la justicia.

Tal vez esto sea lo más intolerable de este triste aniversario. No solo hubo un apagón. No solo falló el sistema. Fallaron muchas más cosas. Y el poder ha vuelto a decirnos que aquí no pasa nada cuando pasa de todo. Que nadie tuvo culpa cuando alguien la tuvo. Que nadie sabía nada cuando algunos sabían bastante. Y que nadie va a pagar porque siempre estamos los ciudadanos para pagarlo todo. En cualquier país serio, un evento así habría provocado ceses fulminantes. En un estado fallido, como el nuestro, lo único fulminante son las excusas.