La CNMC abre un expediente «muy grave» a Red Eléctrica por el apagón

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha incoado expedientes sancionadores por indicios de infracción en la investigación del apagón del pasado 28 de abril y concluye que el incidente tuvo un origen multifactorial tras una serie temporal de sucesos que desequilibraron el sistema. Aunque apunta a todo el sector energético (Iberdrola, Endesa, Repsol y Naturgy), gradúa los expedientes, señalando como «infracciones muy graves» solo a Red Eléctrica.

Según la ley, por la comisión de las infracciones muy graves se impondrá al infractor una multa de entre seis millones de euros hasta 60 millones. Mientras que por la infracción «grave» será de «600.001 euros hasta 6.000.000 euros». Sobre estas últimas, el regulador señala que los incumplimientos de las energéticas no supusieron un riesgo en «la garantía del suministro» o «daño grave».

Sobre el expediente del gestor de la red, el regulador le acusa de incumplir el artículo 64.25 de la Ley del Sector Eléctrico, en concreto los párrafos k), l), r) y u) del artículo 30.2 de la misma ley. Este artículo corresponde a las funciones que tiene encomendadas Red Eléctrica. En primer lugar, se le acusa de no cumplir la «programación del funcionamiento de las instalaciones de producción de energía eléctrica de acuerdo con el resultado de la casación de las ofertas comunicadas por el operador del mercado».

En segundo lugar, por infringir que se «impartan las instrucciones necesarias para la correcta operación del sistema eléctrico de acuerdo con los criterios de fiabilidad y seguridad que se establezcan, y gestionar los mercados de servicios de ajuste del sistema que sean necesarios para tal fin. En tercer lugar, por incumplir que se «proporcione a todos los gestores de las redes información suficiente para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente, el desarrollo coordinado y la interoperabilidad de la red interconectada».

Por último, por no «gestionar los despachos técnicos y económicos para el suministro de energía eléctrica en los sistemas eléctricos aislados de los territorios no peninsulares, la liquidación y comunicación de los pagos y cobros relacionados con dichos despachos, así como la recepción de las garantías que en su caso procedan. El régimen de cobros, pagos y garantías será análogo al del mercado de producción peninsular».

A raíz del apagón, la CNMC inició varios expedientes para analizar lo ocurrido, según la normativa del sector eléctrico, y tras ellos ha detectado «indicios de infracciones de la normativa sectorial, en periodos prolongados de tiempo, que deben ser investigados formalmente, aunque no constituyan por sí solos la causa del incidente», según ha indicado este viernes en un comunicado. En concreto, la CNMC ha detectado diversos indicios de incumplimiento, algunos mantenidos durante periodos prolongados de tiempo, que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas.

Tras el incidente eléctrico del 28 de abril de 2025, la CNMC inició varios expedientes informativos con el fin de analizar las circunstancias del cero eléctrico y determinar los hechos relevantes bajo la perspectiva de la normativa sectorial eléctrica. Como resultado de las investigaciones, detectó varios indicios de incumplimiento que podrían haber afectado al sistema eléctrico. En este contexto, la CNMC ha iniciado un proceso para investigar formalmente esos indicios. No obstante, los hechos objeto de estos procedimientos no implican, por sí mismos, explica la CNMC, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas, dado que el incidente respondió a un origen multifactorial.

Asimismo, el regulador recuerda que la incoación de estos expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación y que estos procedimientos tienen una duración máxima que varía entre los nueve y los dieciocho meses en función de la gravedad de la infracción. En todo caso, los interesados podrán formular alegaciones y proponer la práctica de pruebas que estimen procedentes.

Recientemente, tanto el PP como el PSOE han presentado conclusiones enfrentadas en el marco de la comisión del Senado que investiga el apagón de abril de 2025, ya que mientras que los populares apuntan directamente al Gobierno de Pedro Sánchez, los socialistas estiman que «no hubo responsabilidad política alguna» en el incidente.

Los populares, promotores de esta comisión, sostienen que el Gobierno, a través del ministerio, «incurrió en responsabilidad supervisora por incumplimiento de su función de tutela sobre el operador eléctrico», y denuncian que Red Eléctrica cometió una «omisión antijurídica de sus obligaciones de garantía del suministro». También advierten de la «responsabilidad regulatoria» de la CNMC por «funcionamiento anormal del servicio público».