Red Eléctrica podrá esquivar la exigencia del Congreso de dar los 9.000 archivos del apagón
Iberdrola instó a la Cámara Baja a pedirlos, pero el organismo carece de herramientas legales si el gestor se niega
La presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. | Europa Press
El Congreso de los Diputados, a través de la comisión de investigación del apagón recientemente creada, carece de herramientas legales para poder exigir al gestor de la red, Red Eléctrica, que aporte los 9.000 archivos (conversaciones y correos electrónicos) que oculta sobre el incidente eléctrico. Unos documentos que se han convertido en el objetivo de las principales energéticas del país, porque pueden servir para acabar de aclarar el controvertido papel que llevó a cabo la empresa participada por el Estado el 28 de abril de 2025, cuando tuvo lugar un cero eléctrico durante más de diez horas.
Según los asesores especializados en derecho administrativo de la Cámara Baja consultados por THE OBJECTIVE, «una comisión de investigación puede, teóricamente, pedir todos los documentos que quiera, salvo los que se consideren confidenciales, que están recogidos en las leyes. Los mencionados documentos del gestor de la red, las grabaciones y las conversaciones del apagón, no estarían recogidos en las leyes, lo que podría generar un conflicto, sobre todo si la Audiencia Nacional ha dicho que no se pueden entregar a Iberdrola y Endesa».
«El caso es que cuando una comisión de investigación pide documentación y no se la envían, no tiene ninguna herramienta jurídica para poderla reclamar. Es decir, que independientemente de lo que conteste o la razón que argumente Red Eléctrica para eventualmente no dar esos documentos, la comisión de investigación no tiene herramientas jurídicas. Por lo que, ante la negativa de Red Eléctrica a entregar la documentación, la comisión de investigación no puede hacer nada», señalan los expertos.
Iberdrola presiona
El pasado lunes, el CEO de Iberdrola, Mario Ruiz-Tagle, señaló durante el inicio de la comisión de investigación en el Congreso que es «fundamental que todas las informaciones se pongan a disposición de las partes, de los principales agentes del sector, de la CNMC y del Gobierno. Y en consecuencia, lo que ellos habían hecho es que cada vez que se les había solicitado una información, la habían entregado toda, con detalles (…) Dado que Red Eléctrica aportó del orden de 8.000 conversaciones y algo más de 1.000 correos a la Policía Nacional en la investigación que se hizo en la Audiencia Nacional con motivo de que esto (el cero eléctrico) fuese un ciberataque, habían solicitado tener acceso a esas informaciones para entender el contexto».
El CEO de Iberdrola señaló que «era fundamental que se conociesen los audios para poder tener claramente una condición de contexto» y que esta comisión tenía «una gran oportunidad». «Nosotros tenemos una parte muy parcial, que es la que nos corresponde a nosotros, pero ya vemos que hay otras conversaciones con otra gente que son muy ilustrativas de lo que estaba ocurriendo y de lo que venía ocurriendo desde hace mucho tiempo», señaló el directivo. Sobre los audios filtrados, Red Eléctrica argumentó que eran «parciales y sacados de contexto».
«Ha obstaculizado la verdad»
El gestor de la red ya se negó a entregar los audios del apagón cuando fueron solicitados por la comisión del Senado que ha investigado el cero eléctrico en el último año. Unas grabaciones que fueron facilitadas por Iberdrola y Endesa, y que han demostrado la falta de planificación del día del apagón por parte de Red Eléctrica y los continuos avisos e incidentes que se sufrieron las semanas y meses previos en la red. Desde el gestor rechazaron entregar esas comunicaciones «porque colisionaba tal aportación con los deberes legales de confidencialidad que pesan sobre Red Eléctrica como operador del sistema y, asimismo, por la necesidad de preservar los derechos fundamentales de los que Red Eléctrica y sus empleados son titulares».
El Senado, con la mayoría absoluta del Partido Popular (PP), criticó esta decisión de la empresa participada por el Estado. «El hecho de que los únicos registros de comunicaciones disponibles para esta Comisión sean los aportados por Iberdrola y Endesa —dos empresas privadas, partes interesadas, que sin embargo han cumplido con su deber de colaboración— mientras el propio operador del sistema los ha retenido y los oculta, constituye en sí mismo un dato de extraordinaria relevancia institucional que no puede dejarse pasar por alto: la institución con mayor responsabilidad en el apagón es la única que ha obstaculizado el acceso a la verdad, con vanas excusas con la única finalidad de impedir a la ciudadanía conocer las causas reales de la interrupción del suministro eléctrico el 28 de abril de 2025».
«Pero, desde luego, supone, sin duda, una pérdida de la confianza pública en Red Eléctrica como garante de la seguridad del sistema. El hecho de que la única documentación disponible sobre las comunicaciones del día de la interrupción del suministro eléctrico haya sido suministrada por dos empresas privadas y no por el propio operador del sistema cuestiona de forma especialmente visible la idoneidad de sus responsables de estar al frente de una empresa que ejerce una función de seguridad en régimen de exclusividad. Ha demostrado una carencia absoluta de transparencia que afecta a la reputación de la empresa», concluyó la Cámara Alta.