Alta traición

Vivimos tiempos en los que la realidad política parece un thriller de la mafia. Las últimas noticias zapateriles contienen todos los elementos de una exitosa saga de ficción, pues mezcla petróleo, poder, saqueo de un pueblo indefenso, geopolítica, vuelos vacíos, ministros, intermediarios internacionales, influencias discretas, empresarios opacos, Gobiernos corruptos, viejos expresidentes convertidos en mediadores globales, las joyas de la Castafiore, lingotes, bolsas de cash, cuentas en paraísos fiscales y un régimen latinoamericano déspota y totalitario como eje central.

El espectador ingenuo de esta trama piensa que va de corrupción. Los más sofisticados sospechan que va de tráfico de influencias. Los veteranos intuyen que es blanqueo internacional, redes clientelares y captura institucional. Pero los más avispados se dan cuenta de que versa sobre algo más preocupante: la degradación moral del Estado.

El capítulo central de este folletín ocurrió cuando el Consejo de Ministros aprobó el rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas. Y aquel reparto estelar era verdaderamente coral: Pedro Sánchez, Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño, Teresa Ribera, María Jesús Montero, Marlaska, Ábalos, Yolanda Díaz, Margarita Robles, Irene Montero, Alberto Garzón, Miquel Iceta, Reyes Maroto y el resto de un gabinete que hoy parece el casting retrospectivo de una época política delirante: un cruce entre Mortadelo y Filemón, Rompetechos y Al Capone.

Conviene recordar algo esencial: en el sistema español las decisiones del Consejo de Ministros son colegiadas. Es decir, el acuerdo pertenece formalmente al Gobierno en su conjunto. No existe un «yo pasaba por allí». No hay extras en esa escena. Todos aparecen en los títulos de crédito como responsables de un episodio de alta traición. Esto explica que la responsabilidad política y moral pertenezca inevitablemente al conjunto.

Por lo tanto, si un expresidente hubiera utilizado su influencia sobre el Consejo de Ministros para favorecer intereses vinculados a estructuras extranjeras hostiles a los intereses nacionales, y si esa influencia hubiera alterado el curso ordinario de una decisión pública, entonces la pregunta ya no sería únicamente jurídica. Sería histórica, ya que la Constitución Española menciona expresamente la traición en relación con el presidente del Gobierno y los miembros del Ejecutivo. Y el Código Penal reserva ese concepto para supuestos gravísimos vinculados a la seguridad del Estado, la colaboración con potencias extranjeras o el favorecimiento del enemigo. Pero, jurídicamente, aplicar ese tipo penal a un caso como este sería enormemente complejo y probablemente extremo.

«Los más sofisticados sospechan que va de tráfico de influencias. Los veteranos intuyen que es blanqueo internacional, redes clientelares y captura institucional»

Pero las sociedades no solo viven del código penal. También viven de símbolos. Y hay algo profundamente perturbador en la idea de que representantes máximos del Estado puedan terminar alineados con intereses ajenos al bien común nacional mientras se exige a los ciudadanos sacrificios fiscales, disciplina institucional y confianza democrática.

Las naciones raramente se derrumban por una sola gran traición épica, con tanques cruzando fronteras y espías intercambiando maletines en la noche. Normalmente, se erosionan de forma mucho más vulgar: mediante pequeñas cesiones morales, corruptelas, normalización del cinismo y gobiernos que empiezan creyéndose impunes, e ingenuos votantes que mantienen una fidelidad suicida a sus capos.

Y quizá ahí resida la verdadera inquietud. No en si hubo un delito concreto —eso deberán determinarlo los tribunales—, sino en comprobar hasta qué punto una parte de nuestra clase dirigente parece haber perdido su brújula moral. Porque el verdadero peligro para las democracias llega envuelto en expedientes administrativos envilecidos, ruedas de prensa inexistentes o sin preguntas, informes técnicos desaparecidos, gabinetes de expertos fantasmagóricos, fontaneros empoderados, reuniones discretas bajo protección policial y decisiones votadas con aparente normalidad burocrática. Eso fue precisamente lo que advirtió Hannah Arendt cuando acuñó aquella expresión inmortal: la banalidad del mal. La tragedia no nace siempre de monstruos conscientes de serlo, sino de individuos mediocres, funcionarios obedientes y dirigentes incapaces de distinguir entre conveniencia política y responsabilidad histórica.

Pero quizá aún más inquietante resulte la reflexión paralela de Dietrich Bonhoeffer, asesinado por el nazismo tras participar en la resistencia contra Hitler. Bonhoeffer sostenía que la estupidez puede ser mucho más peligrosa que la propia maldad, porque contra el mal uno puede rebelarse, defenderse o combatir; mientras que la estupidez revestida de poder burocrático resulta impermeable a la razón, al argumento y, muchas veces, incluso a la evidencia.

Ahí es donde ambos pensamientos se encuentran. Arendt observó cómo el mal podía ejecutarse desde la grisura administrativa de personas aparentemente normales. Bonhoeffer entendió que las sociedades decadentes terminan entregándose no siempre a genios malignos, sino a mediocres incapaces de comprender las consecuencias morales de sus actos. Y quizá esa sea esta la dramática combinación que sobrevuela esta historia.