Voto de calidad contra Peinado
«No sé lo que quiere decir exactamente Fernando Grande al afirmar que el auto de Peinado afecta no solo a los escoltas de Bego, sino también a sus superiores»
Ilustración creada con inteligencia artificial.
Pues, señor, parece que todo empezó con una queja del ministro del Interior, Fernando Grande, y Marlasca por parte de madre, al Consejo General del Poder Judicial para expresar su más enérgica queja contra el juez Juan Carlos Peinado y pedir que adopte contra él medidas por el cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su auto sobre Begoña Gómez Fernández, hija del gran Sabiniano y esposa del presidente del Gobierno, que es, en consecuencia, digno yerno de su suegro.
Dice Marlasca que «las sospechas injustificadas» del juez Peinado no solo perjudican a los agentes que tienen asignado el servicio de escolta de la mujer del presidente, «sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales».
El meollo del cogollo reside en la afirmación de que el juez Peinado ha vertido en su auto: los policías encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían colaborar, «por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores», en una posible fuga de la esposa del presidente del Gobierno.
No le faltaban argumentos al juez. El Mundo citaba ocho precedentes y ministros a lo largo y ancho del universo fugados de la acción de la Justicia y en todos los casos contaron con la complicidad necesaria y activa de policías y escoltas.
En la memoria de todos permanece el más cercano, Carles Puigdemont, fugado tras su proclamación de la República catalana, no por breve, 8 segundos, menos ilegal. En su fuga por todas las Europas cabe destacar que dos agentes de los Mossos lo recogieron en Estocolmo para llevarlo a Bélgica, aunque fue detenido antes en una carretera alemana. Una sentencia consideró probado que los policías habían colaborado, aun a sabiendas de que pesaba sobre él una orden europea de detención y entrega. Puigdemont reapareció en un mitin en Barcelona en agosto de 2024 en compañía de Jordi Turull. En su huida se utilizó el coche de un agente de los Mossos d’Esquadra y tres policías quedaron investigados. En el centro de Barcelona y a plena luz del día.
No sé lo que quiere decir exactamente Fernando Grande al afirmar que el auto de Peinado afecta no solo a los escoltas de Bego, sino también a sus superiores jerárquicos, «afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales». Vayamos al grano, ministro, razón que le sobra al juez. Hubo superiores jerárquicos que dictaron órdenes ilegales. Uno de ellos es usted, ministro. No puedo creer que no se acuerde de la petición que hizo al coronel Pérez de los Cobos de que incumpliera sus obligaciones como policía judicial, razón que le llevó a acusarlo de «pérdida de confianza por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil».
El coronel Pérez de los Cobos fue destituido como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, destitución desautorizada y declarada ilegal por el Tribunal Supremo, que reprochó a Interior haber recurrido a una motivación incierta para destituirlo.
Otra ilegalidad fue la detención de Nacho Cano por la denuncia trucha de una becaria mexicana, Lesly Guadalupe Ochoa, que salió algo chantajista y fue archivada sin más graves consecuencias. Tal vez recuerde al teniente general Manuel Llamas, DAO de la Guardia Civil, que pidió a la UCO que se pusiera de perfil en los casos que afectaban a Pedro Sánchez.
¿Quiere usted más, ministro? La complicidad policial en la odisea de la vicepresidenta bolivariana Delcy Rodríguez, arrastrando sus maletas por Barajas aquella noche de enero de 2020. El Gobierno nunca comunicó a la Unión Europea la entrada de Delcy en territorio español y, por lo tanto, europeo, violando con ello la legalidad internacional.
En fin, ministro, que precedentes ha habido para que nadie considere que tenerlos en cuenta sea otra cosa que una medida de prudencia. Le pondré un ejemplo: el que suscribe es un defensor en la medida de sus posibilidades de la Guardia Civil, pero considera que advertir a un colectivo de agentes de que si un teniente coronel les da unas gabardinas y los monta en un autobús para ir al Congreso, tal vez deban considerar que los están embarcando en un golpe de Estado.
Total, que la resolución del juez Peinado era estrictamente jurisdiccional y revisable únicamente por la vía ordinaria de los recursos que caben contra ella, en la que puede apreciarse una eventual ausencia, insuficiencia o desacierto de la motivación. Ese juicio revisor es competencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de ninguna manera corresponde al CGPJ por vía disciplinaria.
Empezó, como tantas cosas, en el Ministerio del Interior, pero terminó en la inicua actitud de la presidenta del Consejo, que hizo uso de su voto de calidad para recomendar al promotor de acción disciplinaria que acoja en sus oraciones al juez Juan Carlos Peinado en una acción perfectamente inane: el juez se jubila en septiembre, con toda seguridad antes de que tenga efecto la recomendación y después de que haya cerrado la instrucción y después, también, naturalmente, de que Begoña Gómez haya entregado el pasaporte, que lo hará hoy.