Margarita R. y su víctima
«Ningún medio ha destacado su lamentable papel en esta desdichada historia»
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A veces es posible encontrar en España pequeñas satisfacciones, evidencias de que no todo está perdido para siempre. El jueves pasado, tuvimos dos alegrías que venían a hacer justicia sobre dos desafueros recientemente resarcidos. De menor a mayor, una juez condenó a la Fiscalía a entregar a Julio Iglesias las denuncias sufridas por parte de dos exempleadas que lo acusaron de abuso sexual. Un caso sorprendente: ¿cómo puede un fiscal negar a un querellado la información sobre los cargos que se le imputan? Espero que su abogado, el gran Choclán, incluya entre sus demandados al fiscal que así ha procedido.
La otra es una reparación aún más gorda. También el jueves, el Tribunal Supremo ha condenado al Estado a indemnizar con 2,5 millones de euros a un albañil marroquí llamado Ahmed Tommohui por la condena injusta sufrida en 1992 junto a su compañero, Abderrazak Mounib, por haber violado en 1991 a dos adolescentes de 14 y 15 años. Las condenas se produjeron por la identificación errónea que una de las víctimas hizo de los agresores y que llevaron a condenarles en 1992 a Tommohui y a Mounib por dos delitos de violación, que no habían cometido.
La Guardia Civil detuvo al autor de los hechos en 1995. Se llamaba, se llama, Antonio García Carbonell, y fue condenado a 228 años de prisión. Tenía cierto parecido físico con Tommohui, lo que viene a explicar la confusión de la víctima, no la del tribunal que apreció prueba inobjetable en un testimonio cuestionable y despreció una prueba absolutamente fehaciente, como el análisis del ADN.
El error, ahora admitido por el Supremo, fue que el tribunal que los condenó «no valoró una prueba pericial biológica admitida en el procedimiento cuyo resultado era incompatible con la autoría de las agresiones sexuales atribuidas al acusado». Su perfil de ADN no coincidía con los restos de semen hallados en las bragas de la víctima. El fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, pidió el indulto al considerar que existía la «convicción profunda» de que se había condenado a un inocente, pero la medida de gracia no fue concedida.
Carbonell fue detenido, como decíamos, en 1995, pero Tommouhi siguió en prisión 14 años más. Según la sentencia del Tribunal Supremo: «Aquí no se trata de que el tribunal sentenciador valorase una prueba de modo discutible, sino de que no la valoró en absoluto, pese a haber sido propuesta, admitida e incorporada al proceso». No hay medio que publique el nombre del juez (o la jueza) que incurrió en semejante despropósito. Se llama Margarita Robles Fernández y es la actual ministra de Defensa de Pedro Sánchez.
Conocer esta sentencia del Supremo supone un cierto alivio moral. Este hombre, que ha purgado 18 años de condena por un delito que no cometió, podrá pasar los últimos años de su vida disfrutando del confort material que nunca había tenido y, sobre todo, con su inocencia resplandeciente a los ojos de sus familiares.
Los medios de comunicación dieron cuenta de la resolución del Supremo el viernes, pero no volvieron a recordar el caso ayer. Con una honrosa excepción, por inesperada. El diario El País dedicaba en su edición de ayer un editorial, Justicia al fin para Tommohui, donde decía con mucha propiedad que la historia de estos inocentes condenados «es el mayor error judicial de la democracia española medido en años de cárcel». No hay sentencia que condene a Margarita Robles por semejante disparate, ningún medio ha destacado su lamentable papel en esta desdichada historia, tampoco el editorial de El País. El fallo del Supremo tampoco le hace justicia a Abderrazak Mounib, que falleció en la cárcel en el año 2000. Mounib tenía mujer y cuatro hijos que deberían ser indemnizados por el brutal atropello cometido contra su marido y padre y contra ellos por la Justicia española.
El culpable de los delitos que pagaron estos dos inocentes, Antonio García Carbonell, fue puesto en libertad en 2013 gracias a la anulación de la doctrina Parot que decretó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a instancias del Gobierno Español, que impulsó la iniciativa, y al esfuerzo del vocal español colocado en el tribunal europeo por José Luis Rodríguez Zapatero. Así salieron a la calle Inés del Río y otros etarras encarcelados, así como varios cualificados violadores, uno de los cuales era Antonio García Carbonell.