¿Hasta cuándo soportar esta guarrada?

Un conspicuo representante de la Academia de Ciencias Morales sentenciaba la misma mañana en que, nada menos, la Policía registraba por corrupción la sede del partido gobernante en España: «Estamos ya en camino, o quizá ya estamos, en la quiebra del Estado de derecho». Al tiempo, un colega de gran veteranía y mayor sapiencia me decía: «Por ser optimista, nos quedan tres brotes verdes: los jueces, aunque no todos, la Policía y la Guardia Civil». Posiblemente, pero, por mi parte, yo mismo me preguntaba: «¿Hasta cuándo puede España soportar esta guarrada?». Sabe a vergüenza sideral escuchar a los miembros del Gobierno en la sesión de control al Gobierno, sobre todo al vicepresidente Cuerpo, actuar como si no estuviera pasando nada, hablando de sus dudosos resultados económicos o de la monserga de siempre: los acuerdos de Feijóo y el PP con la ultraderecha. Y todos, por eso, a la vez, nos preguntábamos: «¿Puede España asistir al nacimiento de un Estado fallido?». Pues sí: está asistiendo.

Todos también estamos recordando en estos días el gran escándalo del Mani Pulite —Manos Limpias— que asoló Italia allá por 1992. Reventó la sociedad que aún se estaba recuperando de la II Guerra Mundial, llevó a la cárcel y al exilio a muchos políticos —el socialista Bettino Craxi—, provocó suicidios, no pudo evitar asesinatos y, en resumen, dejó a Italia en la UVI de las democracias occidentales. Por aquel entonces, este cronista, en la propia Roma, contempló cómo una gran parte de la población se echaba a la calle y, en protesta, lanzaba monedas en lugares tan emblemáticos como el Parlamento de la Nación. O sea, la sociedad italiana apoyó a los jueces y fiscales que estaban descubriendo el inmenso entramado de corrupción que habían instalado los políticos, y ese logro consiguió salvar a duras penas el Estado de derecho. Todo un ejemplo.

Un ejemplo que no se está dando en España. Véase si no: este miércoles, mientras las Fuerzas del Orden ponían boca abajo nada menos que la central política del PSOE, el Congreso de los Diputados detenía sus sesiones porque a su presidenta, Armengol, se le había ocurrido una desternillante idea: fingir un simulacro de incendio y enviar a todos los parlamentarios a la calle. Pero la ignición exterior no se podía parar: estaba en Ferraz, no en la Carrera de San Jerónimo, aunque, eso sí, como suelen sugerir los castizos… de aquella manera. ¿Por qué? Pues porque la reducida representación del Gobierno sentada en el banco azul se limitó a responder a las acusaciones de la oposición con una ristra de resultados económicos, al parecer sin comparación con el resto del mundo. Por eso, otra vez, nos hacía preguntarnos: «Pero, ¿qué es esto?». Y más aún: «¿En qué país estamos?». Era el momento en que el juez Pedraz —por fin una obra buena— imputaba a la gerente del partido y en otros despachos quedaba igualmente imputado por financiación ilegal el que fue secretario de Organización del partido y brazo derecho de Sánchez, Santos Cerdán. Uno a uno, en una mañana fueron cayendo todos los funcionarios de mayor o menor rango que, durante años, según aprecia la Judicatura, han metido dinero sucio en la caja del PSOE.

Y mientras, Sánchez en el Vaticano, tratando de refugiarse bajo la sotana blanca de León XIV y vendiendo un mensaje absolutamente procaz: «Él —el Papa— y yo somos iguales». Mayor desvergüenza no vieron los siglos. Menos mal que no tuvo la ocurrencia de señalar que la cruz que portan los pontífices es similar a las ciento y pico joyas halladas en el despacho de Zapatero. A estas horas hay cálculos sobre su valor de todos los estilos. Hablan de 90 millones de euros. Exageran posiblemente. Sobre lo contrastado, un joyero del barrio más señero de Madrid me afirma tres cosas: la primera, que las joyas son absolutamente ciertas, auténticas; la segunda, que una buena parte de ellas es antigua y parece que en su momento tallada por encargo; la tercera, que el gran collar, que parece de los tiempos de la zarina rusa, lleva zafiros de cuatro o cinco quilates. Es decir, una bagatela. El episodio de las joyas, en opinión de algunos analistas, es el gran asunto que condena de antemano al expresidente del Gobierno y que le puede llevar, cuando se tope al fin con el juez que lleva el caso, a la cárcel o, en el mejor de los casos, a soportar medidas cautelares, por ejemplo, la retirada del pasaporte diplomático que en su momento le deparó Sánchez. «Las joyas es lo gordo», me dice un periodista que sigue habitualmente los pormenores de las trayectorias políticas de Sánchez y Zapatero. ¿Por qué? Fácil: porque el gentío, que entiende difícilmente los vericuetos e intríngulis de factores como las sociedades offshore o los movimientos planetarios de cuentas gorrinas, sí que sabe, sin ir más lejos, cuánto puede costarle comprar un mero anillo de boda y, como casi todo el mundo, no es capaz de acumular a lo largo de su vida un colgante o un brazalete de escaso valor.

Pero a Sánchez y a sus ministros más desaprensivos, tipo el macarra Marlasca o la señorita de La Moraleja, hoy ministra de Energía, Sara Aagesen, todo esto, lo contado y lo que está por contar y saberse, les importa una higa. En el Parlamento, se ponían chulos/as presumiendo de discutibles datos en coincidencia con la noticia de que la fiscal Lastra había abierto expediente gubernativo extraordinario a las dos fiscales que aparecen mencionadas en el caso Plus Ultra. Pilar Rodríguez y María Luisa Llop, que pidió el archivo de la investigación sobre el rescate de la aerolínea en 2021. Son las señaladas. A Marlasca, ya un pobre hombre a la altura de los perdularios más habituales, pero jefe, en cierto sentido, de las citadas, no le ha conmovido la nueva peripecia; ellos, los ministros —según ha quedado reflejado en el Parlamento—, están «orgullosos de pertenecer al Gobierno de Sánchez». ¡Olé sus redaños!

Ya nos hemos enterado de que Sánchez no piensa apearse de su sustancioso burro, también de que el golfo de Rufián —¡qué apellido el suyo más apropiado!— ha modificado su particular «línea roja» para abjurar de Sánchez y la ha situado en la hipotética sentencia judicial. Ad calendas graecas. El aún presidente se ha refugiado en el regazo acogedor del Papa y en la pléyade de los datos que, según él, estabilizan España. La corrupción no es suya, tampoco de Zapatero. Nos está deslizando por el barranco que conduce —lo decíamos— al Estado fallido. Cuando eso no tenga remedio, nos deberemos acoger al artículo 102 de la Constitución, que habla de la responsabilidad criminal del presidente. Por alta traición. Nos queda poco. Por lo pronto, seguimos soportando esta guarrería sanchista. ¿Hasta cuándo? Él lo proclama: hasta bien entrado el 27. Yo me lo creo. Es lo único que le admito.