El Gobierno blindará las fronteras para impedir la llegada de radicales a la cumbre de la OTAN

El Ministerio del Interior ha puesto en marcha una serie de medidas excepcionales para frenar cualquier amenaza durante la celebración de la cumbre de la OTAN, en el marco del dispositivo de seguridad que ultima para blindar el cónclave de la alianza atlántica que reunirá la próxima semana en Ifema a casi medio centenar delegaciones formadas por jefes de Estado, presidentes de Gobierno, primeros ministros y jefes de Estado Mayor.

Una de las principales preocupaciones de los responsables policiales encargados de diseñar el operativo es la posible llegada de radicales procedentes otros países europeos con el objetivo de protagonizar disturbios durante la cumbre, como ha ocurrido en otros eventos de similar envergadura política. No obstante, ahora, se añade también una circunstancia importante: el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania. 

Así las cosas, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha dado orden de restablecer temporalmente los controles en determinadas fronteras interiores con la Unión Europea desde el miércoles 22 de junio hasta el próximo 3 de julio «ante la posible llegada de elementos desestabilizadores desde otros puntos del espacio Schengen con el fin de provocar graves alteraciones del orden público y la seguridad interior», según reza la instrucción, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. 

«Esta amenaza exige la adopción de medidas excepcionales en materia de seguridad que evite la entrada en territorio español de tales personas o grupos», prosigue el escrito de Interior. Reintroducir los controles fronterizos con la Unión Europea, como bien señala el Ministerio, es una «excepción» puesto que desde 1995 se suprimieron las fronteras comunes entre los países integrantes. Es decir, no es necesario mostrar ningún pasaporte o visado para viajar entre estados miembros de la UE. 

Identificaciones y registros

Esa singularidad, en cualquier caso, está contemplada en el artículo 25 y siguientes del Código de Fronteras Schengen, del reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo. «El restablecimiento de controles en las fronteras interiores puede ser necesario excepcionalmente en caso de amenazas graves para el orden público o la seguridad interior a escala del espacio sin controles en las fronteras interiores o a escala nacional, en particular las derivadas de actos o amenazas terroristas o de riesgos relacionados con la delincuencia organizada», señala el vigésimo quinto punto del estatuto europeo. 

En la práctica, explican fuentes policiales a este periódico, restablecer los controles supone poder identificar y denegar la entrada al país a quien se considere potencialmente peligroso o tenga antecedentes, así como realizar cacheos a ciudadanos europeos y registros de cualquier vehículo que pretenda entrar en territorio español. Esta medida, en cualquier caso, no es la primera vez que se toma. Las mismas fuentes recuerdan que también se llevó a cabo durante la boda de los entonces príncipes Felipe y Letizia, en abril de 2004, y diez años después, en 2014, para la coronación de Felipe VI. 

Pese a la toma de esta decisión, los análisis de la Comisaría General de Información, en un trabajo conjunto con otras policías europeas, según las fuentes consultadas, revelan un riesgo bajo respecto al movimiento de activistas violentos a la cumbre de la OTAN. Razón por la que, señala la orden del Ministerio del Interior, el restablecimiento de fronteras «se ejecutará de forma flexible y adaptando su localización, duración e intensidad en función de la información actualizada que proporcionen los servicios competentes». 

Esta medida excepcional afectará a las fronteras terrestres con Francia y Portugal, aunque no se cerrará ninguno de los pasos existentes; a las fronteras interiores aéreas de Madrid, Barcelona, Alicante, Bilbao, Girona, Málaga, Sevilla y Valencia; y a las fronteras interiores marítimas de Barcelona, Valencia y Málaga. Y los controles, añade el departamento dirigido por Grande-Marlaska, siempre se realizarán bajo la premisa de «ocasionar el menor trastorno posible a la circulación de personas». 

Seguridad en la cumbre OTAN

Junto a la previsión de activistas violentos que vengan de Europa, el Gobierno también cuenta con un gran número de  movilizaciones para los días del cónclave de la alianza atlántica, según precisan fuentes gubernamentales a este periódico. Razón por la que, entre otras cuestiones, el despliegue policial será uno de los más importantes de la historia reciente. Tres perímetros de seguridad en torno al recinto ferial, que la harán prácticamente impenetrable; medios aéreos, vehículos blindados, 10.000 agentes repartidos por las zonas más críticas y un centro de control, integrado por decenas de autoridades —entre ellas, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) o el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que evaluará en cada momento la situación. 

Por el momento, hay tres protestas convocadas por formaciones de izquierda y extrema izquierda, pero en fechas previas al cónclave internacional. Otras tantas por parte de sindicatos como UGT, CCOO y CSIF, que están preparando actos de movilización y protesta frente a los ministerios de Asuntos Exteriores, Política Territorial y Hacienda para los días 29 y 30 de junio, coincidiendo con la celebración de la cumbre de la OTAN. 

Y, por último, todo un calendario de movilizaciones por parte de las fuerzas de seguridad, que saldrán a la calle, también en la indicadas fechas, para la consecución de la equiparación salarial «real» con los Mossos d’Esquadra. Los agentes, convocados por el sindicato mayoritario de Policía, Jupol, pretenden llegar hasta el final para conseguir la equiparación salarial con los Mossos d’Esquadra. Las asociaciones y sindicatos policiales consideran que siguen sin cumplirse cláusulas del acuerdo firmado en 2018 con el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. El acuerdo, por el que se desembolsaron progresivamente 807 millones de euros en 2018, 2019 y 2020, ha permitido reducir la desigualdad retributiva, pero ha sido insuficiente para lograr el objetivo inicial.

Según las estimaciones de algunos sindicatos policiales, un agente sigue ganando 569 euros menos al mes que un mosso si se tienen en cuenta las pagas extra y otros conceptos que reciben en sus nóminas los funcionarios catalanes. Esta diferencia se extiende además a lo que perciben unos y otros agentes cuando se prejubilan o jubilan. Cuando un policía catalán se retira anticipadamente, cobra un total de 2.659,41 euros. Si lo hace un policía o un guardia, su pensión base es de 1.577,81 euros, a lo que se añaden los trienios acumulados de los agentes, que pueden oscilar entre 200 y 300 euros. Cifras que suponen para ellos una pérdida salarial de 600 euros.