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El Gobierno somete a audiencia pública la ley que regulará las 'loot boxes' de los videojuegos

La norma prohibirá el acceso a menores de edad a través de una verificación documental y la publicidad excepto de madrugada

El Gobierno somete a audiencia pública la ley que regulará las 'loot boxes' de los videojuegos

El ministro de Consumo, Alberto Garzón | Jesús Hellín (Europa Press)

El Ministerio de Consumo, que dirige el ministro Alberto Garzón, ha lanzado este viernes 1 de julio a audiencia e información pública la futura ley que regulará las ‘loot boxes‘ o cofres de recompensa de los videojuegos, una intención del ministro que data de antes de la pandemia de la covid-19.

Así, los interesados podrán realizar sus aportaciones al texto legislativa hasta el próximo 23 de julio. Una vez que se valoren las aportaciones, será enviado al Consejo de Ministros y, tras su aprobación, dará comienzo su tramitación en las Cortes Generales como proyecto de Ley.

Fuentes del Ministerio de Consumo han detallado que la norma afectará «sólo y exclusivamente» a los Mecanismos Aleatorios de Recompensa (MAR) o ‘loot boxes’ donde los premios sean intercambiables, es decir, cuando la activación de los mecanismos de recompensa cuesten dinero u otros objetos virtuales adquiridos con dinero directa o indirectamente (NFT, criptomonedas).

En este sentido, la norma afectará a dos modelos diferentes: por un lado, las cajas botín que están dentro de los propios videojuegos y, por otro, las webs o plataformas de intercambio ajenas a las plataformas de videojuegos. La fuentes de Consumo han aclarado que «en ningún caso» se equiparan los videojuegos en general a los juegos de azar, y se distingue entre videojuego y MAR (mecanismos aleatorios de recompensa) o ‘loot boxes’.

Entre las principales novedades que incluye el texto destacan que se prohibirá el acceso de los menores de edad a través de una verificación documental (DNI, biometría). Para mayores de 18 años, existen posibilidades de limitar el gasto, ya sea de forma parcial, a través del establecimiento de sesiones de juego de tiempo-importe máximo; o total mediante el sistema de autoexclusión.

Posibilidad real de obtener premio

La ley que regulará las ‘loot boxes’ o cofres de recompensa de los videojuegos también obligará a los operadores de estos videojuegos a ofrecer información veraz sobre las probabilidades reales de obtener el premio.

En cuanto a la publicidad, queda prohibida la publicidad física o presencial (cartelería exterior, medios impresos); se prohíbe la publicidad online en entornos web (incluidas las redes sociales) no relacionados con los videojuegos y en radio y televisión, salvo en la franja de 1.00 a 5.00 horas de la madrugada.

Asimismo, se establece un régimen sancionador para infracciones: Leves (hasta 25.000 euros), Graves (de 25.000 a 200.000 euros); y Muy graves (de 200.000 hasta 3 millones de euros). Pueden llegar a la clausura de los medios por los que se presten los servicios o permitan la activación de los MAR.

El pasado 1 de junio, el ministro de Consumo anunciaba que España será el primer país de Europa en contar con «una ley específica» para regular las ‘loot boxes’ o cajas botín de los videojuegos, es decir, dispositivos que tengan un valor económico en un mercado real o ficticio y cuyo premio aleatorio se pueda revender o intercambiar, incluidos los famosos NFT o las criptomonedas.

Según dijo Garzón, tres de cada diez estudiantes aseguraron haber gastado dinero dentro de los videojuegos en 2021. Este grupo poblacional es uno de los principales consumidores de este tipo de contenido y, a su vez, uno de los que más preocupan por las tendencias consumistas que los ‘loot boxes’ pueden generar en ellos durante las sesiones de juego.

«Los ‘loot boxes’ se han introducido con características muy similares a los juegos de azar tradicionales, por su aleatoriedad y los premios que ofrecen con valor evaluable», comentaba Garzón, quien defiende que contar con una ley específica «permitirá divertirse y que eso sea compatible con la preservación y maximización de la salud de todos los consumidores y, en particular, de los más vulnerables».

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