Antonio Baños se reafirma en no responder a Vox y lo considera «un acto político»

Antonio Baños se reafirma. El exdiputado de la CUP en el Parlament reconoce que se negó a responder a Vox «por dignidad antifascista». Se trató de «un acto político en sede judicial», ha defendido a las puertas de un juzgado madrileño, donde se le juzga por un delito de desobediencia grave tras no contestar las preguntas de la formación verde en el juicio del procés en 2019. La presidenta del tribunal le ha negado un intérprete para expresarse en catalán y él ha rechazado responder «en una lengua extranjera».

«No sé hasta qué punto se puede afirmar que el acusado se negó a declarar. No hubo oposición a lo que se le preguntaba, sino a quién le preguntaba», ha señalado Carles López, abogado de Baños, en el Juzgado de lo Penal número 30 de Madrid. La defensa ha pedido una sentencia absolutoria porque el exparlamentario catalán no tenía impedimento en contestar para «contribuir al esclarecimiento» de los hechos. La Fiscalía ha rebajado su petición de prisión de seis a cuatro meses.

López ha insistido en que lo que hizo su cliente en el juicio del próces «no es una desobediencia formal» porque «en la práctica no tuvo consecuencia ninguna». La intervención de Baños ni siquiera consta en la sentencia del Tribunal Supremo sobre la independencia unilateral de Cataluña. En aquella vista, el magistrado Manuel Marchena se ofreció a actuar de intermediario con el representante de Vox, Javier Ortega Smith, para que el dirigente catalán no incurriera en un delito.

«Un acto de desobediencia»

Baños acudía al juicio del procés como testigo, por lo que tenía la obligación de responder. Marchena le advirtió de que no hacerlo tendría «consecuencias penales». Su letrado ha afirmado a la presidenta del tribunal, Hortensia Oro-Pulido, que espera que en la sala madrileña se estuviese enjuiciando «un acto de desobediencia y no la actitud que encarnaba en aquel momento un partido político».

El abogado del exparlamentario de la CUP ha defendido este jueves que su cliente pagó una multa de 2.50o euros, por lo que ya ha sido condenado por el delito de desobediencia. Juzgarlo otra vez por esta cuestión contradice el principio de non bis in idem. Este fundamento de derecho tiene la finalidad de proteger a los ciudadanos de no ser penalizados más de una vez por el mismo hecho punible.

El acusado ha defendido la necesidad de «aislar a la ultraderecha en cualquier escenario». Antes de entrar al juicio ha reconocido que se negó a responder a las preguntas de Vox verbalizadas por el juez Marchena porque se trataba de «un acto político en sede judicial». «Si Marchena tiene la afición de repetir lo que dicen los fascistas, es una afición particular suya, pero no tenía por qué contestar a una especie de delegado de un partido de ultraderecha».

Durante la sesión, que ha durado 40 minutos, se ha visionado el vídeo en el que consta la prueba testifical del exdiputado catalán ante el Supremo. Aunque Baños se enfrentaba a una pena de seis meses de prisión, este jueves la Fiscalía ha rebajado su petición a cuatro meses. La representante del Ministerio Público ha insistido en que el exparlamentario cometió un delito de desobediencia a la autoridad por su «reiterada negativa» a contestar a las preguntas de las partes que conformaban el juicio del procés.

El inicio de la sesión se ha visto marcado por el desencuentro entre Baños y la jueza. La titular del Juzgado de lo Penal número 30 de Madrid ha desestimado la petición del exdiputado de comparecer en catalán. «En la Comunidad de Madrid la lengua oficial es el español. Si quiere expresarse aquí tiene que expresarse en castellano. No le voy a designar un intérprete porque no se le ocasiona perjuicio», le ha explicado la magistrada. La Fiscalía ha apoyado su decisión.

Una resolución que contrasta con lo que sucedió un día antes en el Tribunal Supremo, donde la actual portavoz de la CUP en el Parlament, Eulàlia Reguant, pudo declarar en catalán y con intérprete. Oro-Pulido ha mantenido su decisión, por lo que el exdiputado de la CUP ha renunciado a intervenir «en una lengua extranjera». El abogado de la defensa ha asegurado que este desencuentro puede suponer la nulidad de un juicio que ha quedado visto para sentencia.