El PSOE propone 15 enmiendas a la 'ley trans' y pide una autorización judicial para los menores

Los menores de 16 años deberían pasar por un juzgado para poder modificar su sexo, al igual que aquellas personas que quieran revertir un cambio realizado anteriormente. Esas son las dos modificaciones principales que el grupo parlamentario socialista propone para la ley trans, concretamente que los menores de 16 años y mayores de 12 necesiten una autorización judicial para poder cambiar de sexo en el registro. Además, el PSOE quiere que el texto no equipare la violencia intragénero con la violencia machista, de acuerdo con las enmiendas que han registrado este viernes en el Congreso de los Diputados.

De esta forma, los socialistas, aunque tal y como anunciaron no tocarán la autodeterminación de género -el que una persona pueda cambiar de nombre y sexo en el DNI solo con su voluntad- deciden continuar a través de 15 enmiendas con el pulso que tienen con la otra mitad del Gobierno de coalición. Y es que Unidas Podemos, y especialmente Irene Montero, ya han avisado en diferentes ocasiones que no están dispuestos a asumir ningún cambio en la que consideran una de las medidas estrella de la legislatura para el Ministerio de Igualdad.

En el caso de la primera de las enmiendas, todavía no definitivas, a la ley trans, se modifica la parte del texto original que contemplaba que los menores de 16 y mayores de 14 puedan cambiar de sexo en el registro «asistidos en el procedimiento por sus representantes legales», sin la necesidad de que lo autorice un juez.

Por otro lado, el Grupo Socialista ha presentado otra enmienda por la que establece que en caso de que se quiera revertir el cambio de sexo en el registro, se tendrá que obtener aprobación judicial a través de un expediente de jurisidicción voluntaria. Actualmente, le proyecto de Ley contempla que esta reversibilidad se pueda solicitar a partir de los seis meses a través del mismo procedimiento regulado para el cambio registral, que no requiere autorización judicial en mayores de 14 años.

Será el lunes cuando los socialistas registren sus enmiendas definitivas a la futura norma, después de varias semanas prorrogando el plazo, lo que ha originado el enfado del Ministerio de Igualdad y su socio de Gobierno, así como de los colectivos LGTBI, que urgen a aprobarla cuanto antes. Tanto el Consejo de Estado como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) plantearon en sus informes la necesidad de que un juez interviniera en el cambio de sexo registral de los menores para velar por su interés superior y evaluar su grado de madurez y la estabilidad de la situación de transexualidad.

El informe del Consejo Fiscal avaló el proyecto de ley diseñado por el Gobierno, pero la mitad de los vocales firmaron un voto particular en el que subrayaban que solo con autorización judicial «se salvaguarda el superior interés del menor de edad garantizando plenamente la seguridad jurídica».

Eliminar el título de violencia intragénero

Entre las 15 «preenmiendas» socialistas a las que ha tenido acceso EFE, el PSOE pide modificar el artículo 65 para eliminar de su título la violencia intragénero (la que tiene lugar dentro de la pareja LGTBI). De esta forma, señala en su propuesta que, en caso de que exista una condena por un delito de violencia doméstica, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar en favor de la víctima, ésta podrá solicitar la reordenación de su tiempo de trabajo, la movilidad geográfica y el cambio de centro de trabajo a sus empleadores, que deberán atender la solicitud en la medida de sus posibilidades organizativas.

En cuanto a la reversibilidad del cambio de sexo, el grupo socialista mantiene que pueda hacerse a los seis meses del cambio registral, pero defiende que sea también autorizado por un juez, requisito que en el proyecto no se exige. Además, quiere reforzar la protección del colectivo LGTBI en el ámbito rural e incluye el estudio del «sexilio», entendiendo éste como «el abandono de las personas LGTBI de su lugar de residencia por sufrir rechazo, discriminación o violencia, dándose especialmente en las zonas rurales».

En este sentido, quiere que en el plazo de un año desde la aprobación de la norma, a través del Consejo de Participación de las personas LGTBI, se establezcan los mecanismos adecuados para recabar datos sobre la migración del colectivo dentro de España, y con ellos «se contemplará, en su caso, como causa de despoblación».

En empleo, plantea eliminar la mención expresa a las personas trans, con especial atención a las mujeres de este colectivo, en los planes de igualdad y no discriminación . Al tiempo, reclama que se favorezcan medidas de acción positiva para la contratación y el empleo estable de personas trans, dentro de los mecanismos de empleabilidad y planes de inserción de personas en riesgo de exclusión social.