La UE descarta congelar fondos a España tras la maniobra de Sánchez en el TC
La Comisión Europea plantea estrenar el mecanismo de sanciones suspendiendo la entrega de 13.300 millones de euros a Hungría por violar el Estado de Derecho
La presidenta de la Comisión Europea y Pedro Sánchez. | Ricardo Rubio (Europa Press)
España mira a Hungría por el retrovisor. La Comisión Europea quiere sancionar al país magiar por sus violaciones del Estado de derecho. De aprobarlo el Consejo, de quien depende la decisión, podría quedarse sin 13.300 millones de euros. No obstante, las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE descartan que se vayan a congelar fondos a nuestro país tras la maniobra de Pedro Sánchez, que ha elegido a los candidatos del Tribunal Constitucional que corresponden al Gobierno sin esperar al Consejo Genereal del Poder Judicial.
«El mecanismo solo se activa cuando un país miembro viola sistemáticamente cuestiones que afectan al Estado de derecho. No es el caso de España», explican fuentes de la UE. Los informes sobre el Estado de derecho recomiendan a nuestro país renovar de manera urgente el CGPJ, cuyo mandato caducó hace cuatro años, y cambiar su sistema de elección para asimilarlo a los estándares europeos, donde son los jueces quienes eligen a sus representantes.
La Comisión Europea lleva años pidiéndolo. Los estudios también ponen en entredicho la forma de designar al fiscal general del Estado. «El informe de 2022 hace referencia a las modificaciones adoptadas, no obstante existe preocupación porque el mandato coincide en el tiempo con el del Gobierno», afirmó el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, durante su visita a España en septiembre. Sin embargo, ninguna de estas cuestiones ha llevado a la UE a bloquear fondos.
El PP lleva el caso a la UE
El PP ha anunciado este miércoles que va a elevar a Bruselas la crisis del Tribunal Constitucional. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, critica el intento «obsesivo» de Sánchez por controlar los órganos constitucionales. «Vamos a poner en conocimiento de las autoridades europeas la politización de la justicia y de los órganos del Estado en nuestro país», ha insistido.
La intención de Feijóo es acreditar que ha sido imposible avanzar en la despolitización, aunque fue él quien suspendió las negociaciones por la reforma del delito de sedición que planeaba el Gobierno. Reynders ha frustrado sus planes al asegurar que España no es el único país de la UE donde los exministros ejercen como magistrados del Constitucional. No obstante, el comisario europeo de Justicia ha insistido en la necesidad de renovar el CGPJ.
Durante su visita a Madrid, Reynders ya apuntó que el caso español es muy distinto a los que viven Polonia y Hungría. El comisario europeo de Justicia aseguró que en nuestro país el objetivo es «mejorar la situación» para que se «respete aún más la independencia de la justicia», mientras que lo que sucede en los otros dos Estados miembros eran «regresiones».
La decisión del Gobierno de promocionar al exministro Juan Carlos Campo y a la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez tampoco supone una violación del Estado de derecho. Las instituciones europeas lo ven más como una cuestión interna de un país miembro. El Ejecutivo está legitimado a nombrar a dos magistrados del Constitucional, aunque el procedimiento iniciado no sea el idóneo. Un escenario que puede cambiar si en los próximos días el CGPJ selecciona a su par.
Desafío de Hungría
La fórmula podría significar un nuevo tirón de orejas para España. Habrá que esperar a verano de 2023, cuando la UE publica el informe anual del Estado de derecho de los países miembros. No obstante, los expertos consultados por este diario consideran que la situación no genera fundamentos para una sanción, mucho menos para que se congelen los fondos europeos.
Hasta la fecha, la UE solo ha abierto procedimientos contra Hungría y Polonia, pero ninguno ha sido sancionado. La Comisión Europea pide estrenar estos castigos económicos con el país presidido por Viktor Orbán, que no ha cumplido ninguna de las 17 medidas que se comprometió a implantar en septiembre.
Orbán lleva una década desafiando a la UE con su deriva autoritaria. Bruselas entiende que sus decisiones están desmantelando el Estado de derecho, especialmente los de la comunidad LGTBi. Los comisarios Thierry Breton y Didier Reynders escribieron a Hungría para que cambiara sus posiciones, incompatibles con la legislación comunitaria. La respuesta fue insuficiente, por lo que la Comisión Europea decidió llevar al país ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Hungría se juega 7.500 millones de euros de fondos estructurales y otros 5.800 del plan de recuperación. Esa cantidad supondría un roto en la economía húngara, que tiene una deuda superior al 80% de su PIB anual, una inflación disparada hasta el 22% y una prima de riesgo que supera los 800 puntos básicos.
El caso de Polonia es diferente. La Comisión Europea inició un procedimiento de infracción en febrero de 2020, después de advertirle en varias ocasiones de que la ley disciplinaria polaca socava la independencia de los jueces y no ofrece las garantías necesarias para protegerlos del control político. Esta normativa permitía que los magistrados polacos pudieran ser sancionados en función del contenido de sus decisiones judiciales.
La Comisión solicitó al TJUE sanciones pecuniarias, y este impuso en octubre de 2021 una multa de un millón de euros diarios a Polonia por vulnerar la independencia judicial. La sanción estará vigente hasta que el Gobierno cumpla con las medidas cautelares o hasta que el tribunal con sede en Luxemburgo dicte sentencia definitiva.
El viceministro de Justicia polaco, Sebastian Kaleta, llegó a calificar la multa de «chantaje». El impago llevó a Bruselas en febrero a retener 15 millones de fondos europeos por primera vez.
