El Consejo Fiscal ataca la 'ley de secretos' de Sánchez y pide que se adapte a la Constitución

Demoledor informe del Consejo Fiscal contra la nueva ley de Información Clasificada con la que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende modernizar la actual Ley de Secretos Oficiales. En su informe de casi 60 páginas al que han tenido acceso El Mundo y ABC, el Consejo Fiscal insta, como «prioritario» a adaptar el anteproyecto de la futura ley a «la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)» y a «los límites estrictos del art. 105b de la Constitución».

Dicho documento también critica con dureza que con la nueva ley de Información Clasificada se pueda clasificar información sobre «situaciones de tensión internacional, el efectivo desarrollo de cualesquiera políticas del Estado o del funcionamiento del sector público o con el funcionamiento de los propios servicios públicos», lo que considera que son asuntos que «de ninguna manera» afectan a la seguridad del Estado.

No obstante, el informe sí que dice que es un avance el fijar plazos para desclasificar automáticamente algunos documentos, pero dice de ellos que son plazos «rígidos, excesivos y faltos de proporción».

Por último, el ConsejoFiscal alerta de que «en un sistema democrático, la clasificación de una información sólo puede servir para proteger la seguridad y defensa del Estado», y añade: «No cabe que se puedan amparar conductas delictivas, fenómenos de corrupción o abusos de poder».

«Exagerada proliferación» de entidades que podrán clasificar información

Por otro lado, el informe también se refiere a la «exagerada proliferación» de entidades que podrán clasificar información, lo que, a su parecer, «favorece» la ocultación al conocimiento público de «un caudal ingente» de información, incluso la que no está «estrictamente» relacionada «con necesidades de seguridad y defensa del Estado».

Pero lo más grave del asunto es que en el caso de que dicha información clasificada contenga material probatorio de cargo, «las responsabilidades penales incluso por delitos de extrema gravedad serán inexigibles, lo que conducirá a una situación de impunidad efectiva».

Otorga a las policías autonómicas una competencia «similar» a la del CNI

Asimismo, el Consejo Fiscal también dedica un parte de su informe a las comunidades autónomas con policía propia -como País Vasco y Cataluña-, de las que dice que la nueva ley les permite ocultar al Gobierno información de relevancia y a sus agentes actuar de forma similar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Concretamente, asegura que existe la posibilidad de que estas comunidades autónomas «manejen información que pueda comprometer la seguridad o la defensa del Estado y para ocultarla sea clasificada», y añade: «Incluso dando carta de naturaleza para sus agentes a un régimen similar al del CNI».