Interior desoye a Estrasburgo desde 2021 al no crear un plan anticorrupción para altos mandos
El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) instó a España hace dos años a poner en marcha un plan integral contra estos delitos en las fuerzas de seguridad
La directora de la Guardia Civil, María Gámez. | EP
El Ministerio del Interior continúa sin poner en marcha un plan coordinado de lucha contra la corrupción enfocado en altos mandos policiales pese a que el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa le instó a ello en su informe de 2021, enfocado, además de en funcionarios ejecutivos, en las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Según reza este documento, la institución europea recomendó años atrás a España diseñar «una estrategia de integridad para analizar y mitigar las áreas de riesgo de conflictos de intereses y de corrupción para el personal con altas funciones ejecutivas y conectar los resultados de dicha estrategia con un plan de acción para su aplicación».
Tras observar las medidas aplicadas por del Gobierno, el GRECO alabó algunas de las mismas enfocadas en el personal funcionario, pero criticó que estas no estaban dirigidas a las altas esferas de instituciones públicas, cuando implican un «desafío debido a la naturaleza política de su rol y sus estrechas interacciones con el sector privado». Razón por la que suspendió al Gobierno en la prevención de estos delitos.
‘Caso Mediador’
El debate sobre necesidad de un protocolo anticorrupción en los cuerpos policiales ha resurgido entre los agentes tras el ‘caso Mediador’. La trama criminal que cobraba comisiones extorsionando a empresarios y por la que están siendo investigadas 12 personas, entre ellos el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo y el general retirado de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa.
En esta línea, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, organización decana del Cuerpo, ha reclamado medidas contundentes a la Dirección General del Instituto Armado para evitar casos como el del mando Espinosa que, a juicio de la AUGC, «está dañando gravemente la imagen del Instituto Armado». Esta asociación pide un plan «real contra la corrupción». «La Dirección sacó un código de conducta para los guardias civiles, pero estaba ‘ciega’ mientras uno de los suyos cometía delitos presuntamente desde la sede central», denuncian.
«Peajes» de 5.000 euros
La organización criminal ofrecía beneficios en adjudicaciones públicas a empresarios de Canarias a cambio de pagar «un peaje» de 5.000 euros en concepto de comisión, según los investigadores de la Policía Nacional. Si se negaban a dicho pago, el mando del Instituto Armado, aprovechándose de su posición, les amenazaba con posibles inspecciones del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.
La trama en torno a las explotaciones de ganadería canarias, no obstante, es solo una de la media docena de piezas separadas bajo investigación judicial, sobre las que, según fuentes conocedoras del caso, no ha trascendido prácticamente nada.
En cualquier caso, 2020 y 2021 son los dos años en los que el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, que investiga el ‘caso Mediador’, circunscribe los delitos al general de división. Fechas en las que dirigía el GAR-SI Sahel, un plan financiado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp) para «garantizar la estabilidad y la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado» en Mauritania, Mali, Níger, Burkina Faso, Senegal y Chad.
Contactos en África
Espinosa se encargaba de la formación de gendarmes en estas regiones de África occidental. Las fuentes consultadas por este periódico recalcan, no obstante, que el mando solo hacía viajes puntuales a estos países, mientras la mayor parte del trabajo la realizaba desde Madrid. De hecho, según publicó este diario, el mando seguía manteniendo en la capital española una vivienda oficial, propiedad de la Dirección General de la Guardia Civil.
Este proyecto, iniciado en 2017 y por el que este guardia civil percibió el mismo sueldo (300.000 euros brutos anuales) durante tres años -hasta que pasó a la reserva-, también sirvió al mando para establecer buenos contactos en distintos países africanos. Es la razón por la que la juez también investiga sus movimientos en el continente mientras dirigía el proyecto antiterrorista.
El juzgado encargado del caso ha solicitado que se rastree en Nigeria, Mauritania, Marruecos, Senegal y Cabo Verde el patrimonio que pudiera tener el general jubilado relacionado con su implicación en la trama delictiva, que operaba sobre todo en el Archipiélago canario. Según desveló Canarias 7, Espinosa negoció una comisión de casi cuatrillones de euros por su labor de intermediación en una operación en Mozambique. De todos los investigados, el general retirado es el único que permanece en prisión provisional.
