El policía de confianza de Ábalos subleva a la Guardia Civil y Marlaska se pone de perfil

Choque entre la Guardia Civil y el policía de confianza del Gobierno de Pedro Sánchez. Se trata de Rubén Eladio López, un inspector de la Policía Nacional en comisión de servicio y colocado a dedo desde 2020 como máximo responsable de la seguridad en el Ministerio de Transportes. Es el hombre al que José Luis Ábalos rescató del ostracismo profesional en pleno estallido del escándalo del Delcygate y al que luego premió colocándole como director de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis del Ministerio de Transportes. Un alto cargo en el que se mantiene hasta hoy con la ministra Raquel Sánchez y pese a su actual enfrentamiento con la Guardia Civil.

Años antes de recuperar protagonismo con Ábalos como jefe, el antiguo número dos de la unidad de Asuntos Internos quedó denostado en el cuerpo tras querellarse en reiteradas ocasiones contra la antigua cúpula policial del PP y dirigir la investigación sobre el pequeño Nicolás y el comisario José Manuel Villarejo. Haciendo el símil con el personaje de la película Pulp Fiction de Quentin Tarantino, fuentes policiales consultadas por THE OBJECTIVE le describen como «el señor lobo» del exministro Ábalos desde el Delcygate. Un alto cargo cuyas órdenes han desatado ahora una situación límite entre los agentes de la Guardia Civil que trabajan en el complejo de Nuevos Ministerios y los vigilantes de la empresa Sureste Seguridad que controlan el acceso al edificio, según denuncian fuentes del Instituto Armado y del sector de la seguridad privada.

El protocolo de seguridad interno diseñado por Rubén Eladio López desde hace un año ha creado una situación que «perjudica gravemente la seguridad del Ministerio» -según consta en un escrito de la Guardia Civil- y ha provocado multas de 600 euros a varios vigilantes de seguridad que se han visto en medio de un conflicto de competencias y una lucha de poder sobre la que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha mantenido de perfil hasta el momento.

El coronel jefe de la Unidad de Protección y Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil (UPROSE) remitió esta semana una orden dirigida al máximo responsable de la seguridad del complejo de Nuevos Ministerios, según avanzó El Independiente y ha podido confirmar este diario. Un documento en el que acusa al policía de confianza del Gobierno de «obstaculizar» el trabajo de los agentes de la Benemérita y de impedir que sus agentes accedan equipados con sus armas reglamentarias en el edificio, poniendo en riesgo su labor ante una eventual intervención de seguridad en el inmueble.

El policía que «obstaculiza» a la Guardia Civil

«Desde junio de 2022, de forma continuada e intencionada, en contra de la legislación vigente, usted da órdenes a los vigilantes de seguridad privada contra los guardias civiles y los servicios que prestan en el MITMA, con el único objetivo de obstaculizar, cuando no impedir, el normal funcionamiento que presta la fuerza pública en dichas instalaciones», indica el escrito. Un documento en el que se da orden de poner fin a las trabas que enfrentan los agentes de la Guardia Civil en esas instalaciones y en el que se advierte implícitamente a Rubén Eladio López de que se enfrentará a «denuncias o, en su caso, diligencias oportunas por desobediencia» si mantiene su protocolo.

El origen del conflicto se remonta a julio de 2021. Pocos días antes del cese de Ábalos como ministro de Transportes, el Gobierno aprobó el Real Decreto 495/2021, que establece la estructura del Ministerio. En él, se daba al Director de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis de la Secretaría de Transportes plena autoridad para llevar la «gestión de la seguridad y emergencias del régimen interior del Ministerio y coordinación de las áreas de seguridad y emergencias del régimen interior de los organismos y entidades adscritas al Departamento y coordinación de los puestos de enlace de los Ministerios del Interior y de Defensa adscritos tanto al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como a sus organismos y entidades adscritas o dependientes». 

Tras la aprobación de ese decreto y desde que el Gobierno renovase el contrato con Sureste Seguridad para la vigilancia del interior del complejo que alberga los ministerios de Transición Ecológica, Transportes, Trabajo y Seguridad Social, a instancias de Rubén Eladio López los vigilantes de la empresa murciana han recibido órdenes de solicitar, retener y fotocopiar las Tarjetas de Identificación Personal (TIP) de todos los guardias civiles que entran y salen del edificio, según se desprende del escrito de la Guardia Civil y confirman fuentes del sector de la seguridad privada. Además, por orden del inspector de confianza del Gobierno, a los agentes del Instituto Armado se les habría denegado portar sus armas reglamentarias al intentar acceder al complejo.

Una situación que, según el escrito remitido por el coronel jefe de la UPROSE, contraviene la ley de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «La Guardia Civil, como Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, tiene asignada por el Ministerio del Interior la responsabilidad de la protección y seguridad, entre otros, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenta Urbana (MITMA) porque así se ha considerado, hasta la fecha, necesario para preservar la actividad que se desarrolla en su interior, así como la integridad de las autoridades y demás personas que desarrollan su labor o lo visitan, ante la posible comisión de hechos delictivos, garantizando una respuesta inmediata adecuada e incluso armada, si fuese preciso», advertía el coronel.

Vigilantes de baja por ansiedad

«No solo están obligando a los vigilantes a identificar a todos los guardias que entramos allí, sino que se llevan nuestro DNI y nuestro TIP, los fotocopian y se lo envían al alto cargo que les exige hacerlo, pero eso no lo pueden hacer», dice uno de los guardias civiles que trabaja en el recinto. Además de enfrentarse a multas de 600 euros, los vigilantes de seguridad privada están sufriendo una situación límite en lo laboral que ha llevado a que al menos ocho de ellos se encuentren de baja por ansiedad, según informan fuentes del sindicato UGT.

«Al final los vigilantes son víctimas, sufren presión laboral por parte de este hombre. Les tira a los leones, les obliga a actuar así. Esto no surge porque a los vigilantes les haya dado de repente por molestar a la Guardia Civil. Simplemente es que quiere echarnos de allí y está utilizando a los vigilantes como peones», agrega el agente consultado por este diario. Otras fuentes aseguran que el asunto podría agravarse. Desde que el pasado miércoles entrasen en vigor las órdenes dadas por la Guardia Civil, según las fuentes consultadas, la tensión ha aumentado.

Interior se pone de perfil

Este diario se ha puesto en contacto con los ministerios de Transportes y de Interior para recabar su postura o versión ante este conflicto de competencias. También se ha solicitado contactar con el Director de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis del Ministerio de Transportes para recabar su versión. Sin embargo, no se ha obtenido respuesta del departamento dirigido por Marlaska ni por parte del gabinete de comunicación de la ministra Raquel Sánchez.

Según fuentes de UGT, ya se ha solicitado a las secretarías de Estado de Transportes y de Seguridad que medien para poner fin a este conflicto de competencias. También se ha puesto en conocimiento de la Delegación del Gobierno y del Defensor del Pueblo, según ha podido saber este diario. Otras fuentes sindicales cuestionan, por otra parte, la actuación del Instituto Armado y la «pasividad» de Interior: «Las multas a los vigilantes se están poniendo al amparo de la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ley mordaza, cuando a nosotros nos regula la Ley de Seguridad Privada. Es todo un sinsentido que deja a los vigilantes en medio de una guerra de poder».