Vox barajó recompensar a extranjeros por delatar a etarras prófugos en América Latina

Era una iniciativa de ley y estuvo sobre la mesa del Grupo Parlamentario de Vox desde finales de 2021, según confirman fuentes del Congreso a THE OBJECTIVE. Tenía el visto bueno de Macarena Olona, pero la propuesta acabó siendo cercenada después de su salida de la formación política que preside Santiago Abascal. El texto inicial de esa Ley contra la impunidad de los miembros de ETA huidos de la Justicia planteaba crear un fondo de hasta 100 millones de euros para pagar recompensas por información «determinante para localizar» a etarras prófugos como José Ignacio de Juana Chaos o José Luis Eciolaza Galán (alias Dienteputo), que presuntamente estarían escondidos en países de América Latina como Venezuela o Cuba.

La recompensa variaba en función de la relevancia y utilidad de la información suministrada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hasta un máximo de 500.000 euros por cada terrorista huido. Sería pagada inicialmente por el Ministerio del Interior, pero en última instancia la recompensa la iba a acabar abonando el etarra en concepto de costas judiciales cuando fuese condenado por la Audiencia Nacional. Esta propuesta para el pago de recompensas acabó siendo eliminada finalmente en la proposición no de ley que Vox registró en el Congreso de los Diputados en octubre de 2022 por temor a que se produjese un ‘efecto llamada’ migratorio, según fuentes parlamentarias.

Y es que, según ha podido comprobar este diario, el texto inicial contemplaba también otorgar la residencia temporal en España a aquellas personas de otros países que facilitasen información que permitiese dar con el paradero de los etarras prófugos que se esconden en países extranjeros. También la creación de una fuerza conjunta entre la Policía Nacional y Guardia Civil, así como una «Fiscalía especializada para la búsqueda y captura internacional de miembros de ETA huidos de la Justicia».

Vox y las recompensas por etarras

Finalmente, la creación de esa unidad especializada del Ministerio Público y de esa la fuerza policial conjunta para dar con el paradero de los etarras huidos serían las iniciativas recogidas en el texto final registrado en el Congreso por Vox el año pasado. Ni rastro del «fondo de recompensas». Tampoco de la posibilidad de obtener la residencia temporal de trabajo en España, algo que sí contaba con el apoyo de Olona. Acabó reducida a una proposición no de ley, cuando inicialmente se planteaba como una proposición de ley, y no se registró hasta que la exportavoz parlamentaria de Vox dejó el partido tras su fiasco en las elecciones andaluzas.

El texto finalmente registrado por Vox, en lo referente a las personas que dieran información para dar con los terroristas huidos en el extranjero, se limita a solicitar la adopción de «las medidas necesarias para apoyar y asistir a toda persona que quiera poner en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado datos sobre el paradero de miembros de la organización terrorista ETA huidos de la justicia con el fin de ayudar a esclarecer los crímenes cometidos por los mismos sin temor a represalias o presiones de los grupos afines a esta organización terrorista».

Olona confirma que la propuesta contaba con su aval y que la hará suya en caso de obtener un escaño tras el 23-J

A preguntas de este medio, Vox no ha querido explicar oficialmente las razones que llevaron a laminar el texto inicial y a eliminar el fondo de recompensas para dar con los etarras prófugos. Macarena Olona, por su parte, tampoco ha revelado detalles sobre las razones que hicieron que el texto estuviese guardado en un cajón durante diez meses ni sobre por qué solo se aprobó tras su salida de Vox, y con una versión muy reducida de la planteada inicialmente. No obstante, Olona confirma que la propuesta contaba con su aval y que la hará suya en caso de que su nuevo partido, Caminando Juntos, logre obtener representación parlamentaria tras las elecciones del 23-J.

Etarras en Latinoamérica

El pago de recompensas para dar con el paradero de prófugos internacionales es algo que ya se había puesto en marcha en Argentina, y con éxito, para encontrar a los exmilitares que participaron en torturas y otros crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar que gobernó ese país en los años setenta y ochenta del siglo pasado. La propuesta de Vox también estaba inspirada en la iniciativa ‘Stop huidos’ que desde 2019 promueve la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) en su página web.

Esa agrupación víctimas de ETA ofrece hasta 4.000 euros a las personas que ayuden a dar con el paradero de los etarras que llevan años fugados tras haber cometido graves delitos de sangre. Para ello, y en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, puso en marcha un correo electrónico a cuya bandeja de entrada solo tienen acceso la Guardia Civil y la Policía Nacional.

De acuerdo a los datos de esa asociación, como adelantó este diario, en América Latina hay decenas de etarras buscados por distintos delitos. Casi la mitad de ellos, 26, se cree que se esconden en Venezuela a pesar de tener cuentas pendientes con la Justicia española. El país gobernado por Nicolás Maduro sería de largo la nación de Latinoamérica que más huidos de ETA cobija, por delante de México (16) y Cuba (ocho).

Entre los huidos que se sospecha que se encuentran en Venezuela están José Ignacio de Juana Chaos y Oier Eguidazu, incluidos ambos en la lista de los fugitivos más buscados por la Guardia Civil y la Policía Nacional. El primero fue detenido en 1987 y condenado a 3.000 años de prisión por su vinculación con 25 asesinatos. Después de que el Ministerio del Interior le aplicara la legislación penitenciaria, solo cumplió 18 años.

De Juana Chaos, ‘Dienteputo’, Cubillas…

De Juana Chaos salió de la cárcel en 2008 y se fugó de España, aunque luego la Audiencia Nacional activó una nueva causa contra él y lo puso en busca y captura, situación en la que se encuentra hasta hoy. En 2015, fue localizado por el diario El Mundo en Venezuela. Eguidazu, por su parte, está prófugo desde 2002 por su presunta vinculación a los comandos Vizcaya y Andalucía. Conocido con el alias Dienteputo, está acusado de una veintena de asesinatos en los años ochenta.

Otro de los destacados etarras que seguiría en territorio venezolano es Arturo Cubillas Fontán. La Policía le acusa de formar parte del comando Oker, responsable de varios asesinatos entre 1984 y 1985, y la Audiencia Nacional solicitó su extradición en 2010 como sospechoso de haber organizado encuentros entre ETA y las FARC para el intercambio de experiencias y adiestramiento militar.

La Fiscalía de Venezuela rechazó su entrega debido a que había adquirido la nacionalidad venezolana años antes. Venezuela se habría convertido en el lugar más seguro para los etarras prófugos desde el ascenso del chavismo al poder ante la escasa colaboración en las solicitudes de extradición efectuadas por España. La proposición no de ley de Vox cifraba en 41 los etarras que permanecen fugados de la Justicia. No obstante, la lista de los hombres más buscados por la Guardia Civil solo se recogen los nombres de 16 etarras prófugos, mientras que la Policía Nacional limita su búsqueda a tres exintegrantes de la banda terrorista.