Los policías alertan del fin de la 'ley mordaza': «Despenalizan el terrorismo de baja intensidad»

El rescate de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’ que PSOE y Sumar han recogido en el pacto de coalición que firmaron el pasado martes, ha levantado ampollas entre los sindicatos policiales. La propuesta, que recoge compromisos ya acordados entre el partido de Pedro Sánchez y Unidas Podemos en la anterior legislatura y que tras varios intentos no tuvo éxito en el Congreso de los Diputados, ha enfadado a los agentes, quienes advierten de que «va en contra de la ciudadanía, de los agentes» y que propiciará la «despenalización del terrorismo de baja intensidad». 

Las posibilidades de que la reforma prospere son mínimas, teniendo en cuenta que los apoyos con los que contaría el futuro gobierno son aún más ajustados; y las diferencias que ya afloraron en el pasado entre entre los socios del actual ejecutivo en funciones. ERC y EH Bildu pedían eliminar de la norma las pelotas de goma como material antidisturbios y las devoluciones en caliente, frente a la negativa del PSOE. Lo que provocó que, finalmente, la votación en la Comisión de Interior se quedase en eso. 

Aun así, el nuevo compromiso, según reza el acuerdo entre las dos formaciones políticas, es el de reformar «aquellos aspectos de la normativa vigente que limita los derechos de reunión y libertad de expresión» e introducir «un sistema de sanciones restaurativas y reparadoras, que contemple la capacidad económica de los sancionados».

«Beneficia a los violentos»

Respecto al primer punto, la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia advierte que «es un error porque solo beneficia a los violentos». Lo que proponen PSOE y Sumar es que aquellas manifestaciones de menor trascendencia que quiera hacer la población no tengan que ser comunicadas ni autorizadas por la Delegación del Gobierno. 

Esto, insiste desde esta organización su vicepresidente, Victor Cotobal, «despenaliza el terrorismo de baja intensidad». «Da pie a que las acciones callejeras fructifiquen. Y sobre todo, dejara a los policías sin la posibilidad de garantizar las libertades del resto de la ciudadanía. ¿Qué ocurriría si hay una contramanifestación? No habría herramientas legales», insiste este experto en seguridad en declaraciones a THE OBJECTIVE.  

En la misma línea, desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), explican que la ley de seguridad ciudadana es la «herramienta con que cuentan los policías para garantizar el libre ejercicio de libertades y derechos, así como garantizar la seguridad de los ciudadanos en la vía pública sin injerencia de terceros que pretendan perturbar esos derechos». Por este motivo, reivindican que si de produce una reforma deberá tener el respaldo de todos los sindicatos policiales, y en cualquier caso, proporcionar «siempre la seguridad jurídica de las fuerzas de seguridad». 

Atentado contra los agentes

En la Confederación Española de Policías (CEP) insisten en lo mismo: «Que no se haga de espaldas a los policías, y que en este proceso, para el que reclamamos ser escuchados por el Ministerio del Interior, se tengan también en cuenta los derechos de los profesionales de la seguridad pública y sus garantías físicas y jurídicas frente a la cada vez mayor violencia en la calle contra ellos». 

Sobre esto último, este sindicato recuerda que 2022 fue el año en el que mayor número de delitos de atentado contra agente de la autoridad se registró en los últimos dieciséis, con una media diaria de 35 ataques contra policías nacionales y guardias civiles. En total, se registraron más de 12.800 infracciones penales de este tipo, que supusieron un incremento del 7,63% respecto a las de 2021. «Una peligrosa tendencia al alza sostenida durante los últimos seis años», advierten.  

Malestar

Desde JUPOL, su secretario general, Aarón Rivero muestra su «profundo malestar» por reavivar «una reforma que se está llevando a cabo sin tener en cuenta la opinión de los profesionales de la seguridad ciudadana, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los juristas. Una reforma que tenemos claro que hará de España un país más inseguro», censura.  

Rivero asegura que con esta reforma «los policías y guardias civiles tendrán más difícil, y en ocasiones casi imposible, llevar a cabo su labor, y quienes sufrirán las consecuencias serán los ciudadanos, que se verán perjudicados, ya que la voluntad de unos pocos será suficiente para recortar sus derechos y libertades». «La reforma solo beneficia a los manifestantes violentos y a los delincuentes y ata de pies y manos a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», concluye.