Manos Limpias pedirá reabrir el rescate de Plus Ultra tras los nuevos indicios de blanqueo
El sindicato solicitará también que se investigue a la fiscal María Luis Llop, que fue ascendida tras bloquear el expediente
Ilustración de Alejandra Svriz.
Según ha sabido THE OBJECTIVE en exclusiva, el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en la causa, presentará de forma inminente un escrito judicial para solicitar la reapertura inmediata de la investigación penal sobre la concesión del rescate público de 53 millones de euros otorgado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la aerolínea con capital chavista. Hasta el momento se está investigando un presunto delito de blanqueo de capitales procedentes de los fondos públicos, pero la parte de la concesión del rescate en sí estaba sobreseída provisionalmente. Ahora, con los nuevos hallazgos, el sindicato solicitará que también se reabra esa vía de investigación.
La parte principal de la causa, que permanecía bajo un polémico sobreseimiento provisional debido a un error de plazos procesales por parte del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, se enfrenta ahora a un vuelco radical. El hallazgo de nuevos indicios delictivos en el extranjero —concretamente en Francia y Suiza— ha reactivado las alarmas de los investigadores. Las pesquisas internacionales apuntan de forma directa a un presunto delito de blanqueo de capitales cometido, indiciariamente, con los propios fondos públicos inyectados por el Gobierno de Pedro Sánchez. Al tratarse de delitos conexos, la acusación popular considera que la vía del rescate injustificado ya no puede permanecer archivada.
El error procesal que salvó el rescate
Para comprender el escenario actual, es necesario remontarse al laberinto jurídico en el que se convirtió la instrucción liderada por la magistrada Esperanza Collazos. En un inesperado fallo procesal, a la juez instructora se le pasó el plazo legal para prorrogar la fase de investigación. Un descuido técnico que los letrados de Plus Ultra no tardaron en aprovechar para blindar a sus defendidos. Los abogados de la aerolínea contaron con un aliado inesperado en este movimiento: la entonces fiscal de la causa, María Luisa Llop. Haciendo pinza con las defensas, la representante del Ministerio Público respaldó la petición de sobreseimiento provisional alegando que, al haber caducado la instrucción, no se podían practicar más diligencias sobre las presuntas irregularidades en la concesión de los 53 millones de euros. Aquel movimiento supuso un balón de oxígeno temporal para el Ejecutivo central y para la cúpula de la aerolínea.
Sin embargo, el cortafuegos judicial ha comenzado a agrietarse tras la investigación judicial en Francia y Suiza. El blanqueo de capitales detectado en el extranjero no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa del fraude original: la obtención de una ayuda millonaria por parte de una compañía que no cumplía los requisitos mínimos exigidos por la normativa de la Unión Europea y el propio decreto de la SEPI. Además, las conversaciones entre los investigados revelan cómo presuntamente influyeron en los funcionarios públicos para que de manera arbitraria pudieran acceder al rescate. Estas nuevas pesquisas, según la acusación popular, obligan a levantar el candado a esa parte de la instrucción que hasta el momento estaba archivada provisionalmente.
Las nuevas diligencias que obran en poder de la Audiencia Nacional van mucho más allá de las meras transacciones financieras opacas. Los datos recopilados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional dejan entrever la existencia de una presunta red clientelar destinada a forzar la viabilidad del rescate a toda costa. Al frente de esta supuesta trama, según los indicios manejados en las pesquisas, se situaría de forma indiciaria el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Los investigadores rastrean si la red de influencia del exlíder socialista fue el motor político que permitió saltarse los controles de la SEPI para rescatar a una aerolínea que, en el momento de la concesión, arrastraba pérdidas estructurales previas a la pandemia de la covid-19, lo que la inhabilitaba legalmente para recibir cualquier tipo de auxilio público.
«Cortar» el proceso judicial
El escrito que Manos Limpias pondrá sobre la mesa del juzgado también pone el foco en la actitud y las maniobras de los investigados durante la fase álgida del proceso penal. En las conversaciones analizadas por los agentes, los implicados abordan con extrema preocupación la marcha del procedimiento, admitiendo explícitamente que «la instrucción es muy importante» y que, ante el cariz que tomaban los acontecimientos en el juzgado de Plaza de Castilla, había que «hablar inmediatamente con directivo de Plus Ultra, Julio [Martínez Sola]». El objetivo final de estos contactos urgentes no era otro que coordinar fuerzas y montar de inmediato lo que ellos mismos denominan textualmente un «Kitchen Gabinet» (Kitchen Cabinet, gabinete de confianza), pero no temían represalias judiciales de envergadura porque «la fiscal jefe es amiga», según aseguran en sus conversaciones.
La ofensiva de la acusación popular no se limitará únicamente a los gestores de la SEPI y a los dueños de Plus Ultra. THE OBJECTIVE ha confirmado que Manos Limpias solicitará formalmente que se deduzca testimonio y se abra una vía de investigación específica sobre la actuación de la primera fiscal del caso, María Luisa Llop. El sindicato considera que la postura adoptada por la representante del Ministerio Fiscal durante la instrucción —alineándose sistemáticamente con las tesis de la defensa para dar carpetazo a las pesquisas tras el error de la prórroga— merece ser fiscalizada minuciosamente a la luz de los nuevos datos que demuestran el presunto origen ilícito de los movimientos de fondos de la aerolínea. Tras esa actuación, la fiscal fue ascendida y pasó de un puesto de fiscal adscrita a un Juzgado de Plaza de Castilla a la Audiencia Nacional. Este organismo judicial mantiene el pulso firme sobre el blanqueo de capitales, pero el verdadero terremoto político e institucional se reactivará si, tal y como solicita la acusación, la Justicia se ve obligada a reabrir la caja de los truenos del rescate de la SEPI.