¿El CNI actúa siempre dentro de la ley?

Se puede ser igual de tajante, pero no más. El exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz acudió a declarar al juicio por el caso Kitchen sobre el espionaje a Luis Bárcenas para evitar que difundiera información comprometedora para el Gobierno del PP. Sobre la implicación de La Casa, sus palabras fueron las siguientes: «Cero absoluto. El CNI actúa siempre con absoluto respeto a la ley y hace lo que le dice su Gobierno para proporcionarle aquellos elementos de juicio que necesita para tomar buenas decisiones. Y ningún Gobierno de ningún color de los cuatro a los que tuve el honor de servir me pidió que hiciera nada ilegal y esto lo hubiera sido».

La Fiscalía Anticorrupción disponía de varios indicios encontrados durante la investigación del caso que señalaban a la participación de «otros servicios» distintos de la Policía, lo que apuntaba al CNI. Pero, como suele suceder cuando en estos temas controvertidos se habla de la Casa, son sospechas imposibles de demostrar en un juzgado.

Sanz defendió lo establecido en las leyes: el CNI tiene la obligación de cumplir estrictamente con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Lo hace porque sabe de lo que habla, dirán algunos, y quizás por eso existe la posibilidad de que olvide algo de la verdad. El juego consiste en que, si hubiera ilegalidades, las tendría que demostrar la Justicia y en su mandato no hay condenas.

Las ilegalidades no residen necesariamente, como apunta Sanz, en quien manifiesta una necesidad de información, sino en quien decide los procedimientos adecuados para llevar a cabo el trabajo. El Gobierno les encargó vigilar las relaciones de los independentistas catalanes con la Rusia de Putin y los movimientos que llevaban a cabo para separar Cataluña de España. La polémica no estuvo ahí, sino en los procedimientos elegidos por el CNI para llevar a cabo ese requerimiento. Los jueces están investigando la legalidad de meter el virus Pegasus en los teléfonos de los dirigentes nacionalistas, lo que difícilmente llevará a algún funcionario del servicio a la cárcel. No obstante, el Gobierno destituyó a la directora Paz Esteban, no porque ellos no hubieran hecho el encargo, sino por el procedimiento que utilizó para ejecutarlo (cese, por cierto, que siempre me ha parecido muy injusto).

Un día, cuando no llevaba mucho tiempo en el cargo, me acerqué a Sanz tras un acto público y le pregunté por los sistemas de reclutamiento que seguía el servicio secreto. Me contestó que todo lo que hacían era absolutamente legal. Entonces le conté que iba a publicar que en los ejercicios de admisión se preguntaba a los candidatos si habían participado en una orgía, si bebían diariamente, si se drogaban, si habían mantenido relaciones homosexuales o si les importaría hacer un trío con un hombre y una mujer. Me negó que fuera cierto y, ante mi insistencia, matizó que si eso se hacía, sería antes de llegar él.

Sánchez niega que su Gobierno controle al CNI

La frase del presidente Pedro Sánchez en mayo de 2022 en el Congreso de los Diputados fue autoexculpatoria: «El Gobierno ni conoce ni decide sobre las decisiones operativas de los servicios de inteligencia». Y añadió: «Porque esa es la esencia de la democracia y de la limitación del poder ejecutivo y de su sometimiento a la más estricta legalidad».

Muchos años antes, un gran ministro de Defensa, Eduardo Serra, intervino también en sede parlamentaria. Corría el 96 y habían pillado al servicio secreto con las manos en la masa, un hecho poco habitual. La sede de Herri Batasuna en Vitoria estaba plagada de micrófonos cuyas conexiones iban al piso de encima, que pertenecía a la Casa. Pues bien, Serra se quitó de en medio la responsabilidad explicando a los diputados que él, como jefe político del servicio secreto, conocía la información que elaboraban los espías, pero no cómo la conseguían.

Ni Pedro Sánchez ni Eduardo Serra, ni ningún otro presidente del Gobierno o ministro responsable del servicio secreto, quiere conocer los métodos que utilizan los espías para conseguir la información. ¿Por qué? Para evitar ser partícipe de delitos o, mejor dicho, de métodos que recorren esa delgada línea roja que separa lo legal de lo ilegal. Si lo que defendió Félix Sanz en el juicio de Kitchen fuera ajustado a la realidad, no existiría ese temor entre los responsables políticos a conocer los métodos del espionaje. Porque, seguro que saben, no existe otra forma de tener acceso a información de cierta calidad.