El primer juicio por enchufismo en el Puerto de Valencia estrecha el cerco a su presidenta
La antigua jefa de RRHH declara que Mar Chao alteró el sistema habitual de contratación e intervino en las bases
Mar Chao, presidenta del Puerto de Valencia (izqda.) y Ciudad de la Justicia de Valencia (dcha.) | Rober Solsona e Iván Terrón / EP
El primer juicio vinculado al caso de presunto enchufismo en el Puerto de Valencia dejó este martes una imagen especialmente incómoda para la presidenta de la Autoridad Portuaria, Mar Chao, actualmente bajo el foco de la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La vista oral, impulsada por UGT contra la contratación de Alicia Gimeno como jefa de apoyo a la gestión económico-financiera del Puerto en 2024, estuvo marcada por tres testimonios que cuestionaron directamente el funcionamiento interno del proceso selectivo y reforzaron buena parte de las exclusivas publicadas por THE OBJECTIVE durante el último año.
La propia Alicia Gimeno también figura en las diligencias abiertas por Anticorrupción junto a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá; las concejalas Paula Llobet y Rocío Gil; y otros responsables vinculados a la recolocación de trabajadores procedentes del extinguido Consorcio Valencia 2007.
«Las bases me vinieron dadas»
Uno de los momentos más delicados del juicio llegó con la declaración de la entonces jefa de Recursos Humanos de la Autoridad Portuaria, E. O., quien se desmarcó completamente de la elaboración de las bases y de la composición del tribunal evaluador.
«Me vino impuesto», vino a reconocer durante su comparecencia.
La testigo explicó que tradicionalmente era la jefatura de Recursos Humanos quien proponía la composición de los tribunales de selección, pero aseguró que ese procedimiento fue modificado bajo la presidencia de Mar Chao. Según relató, las bases específicas del puesto investigado llegaron directamente desde Presidencia a través de correo electrónico.
La exresponsable de Recursos Humanos manifestó además que ella advirtió internamente de que ese no era el procedimiento habitual, ya que los altos cargos políticos no suelen intervenir directamente en este tipo de procesos técnicos.
Su testimonio añadió un elemento especialmente significativo: tras aportar su criterio profesional, fue apartada de Recursos Humanos y trasladada posteriormente a la jefatura de Compromiso Corporativo.
La declaración golpeó uno de los pilares de la defensa de la Autoridad Portuaria: la supuesta normalidad administrativa del procedimiento.
La jefa económica negó refuerzos
Otro testimonio comprometedor fue el de M. J. C., quien hasta noviembre de 2024 ocupó la jefatura del área económico-financiera del Puerto, precisamente el departamento al que acabó incorporándose Alicia Gimeno.
La testigo aseguró que nunca solicitó apoyo adicional para su departamento y que se enteró de la existencia de la plaza cuando esta se publicó oficialmente.
También explicó que no participó ni en el diseño ni en la tramitación del proceso de selección, cuestionando así otra de las justificaciones utilizadas para defender la convocatoria: la supuesta necesidad operativa urgente de incorporar personal especializado.
La coincidencia temporal resultó especialmente llamativa. M. J. C. abandonó la Autoridad Portuaria apenas un mes después de la llegada de Alicia Gimeno, en noviembre de 2024.
El acta notarial llega al juzgado
El tercer gran foco del juicio fue la declaración de J. L., extrabajador del Consorcio Valencia 2007 y una de las personas que acudieron a notaría meses antes de la resolución de las plazas para dejar constancia escrita de quiénes serían las futuras adjudicatarias.
El trabajador explicó ante la jueza que dentro de la plantilla del Consorcio existía la convicción generalizada de que tanto la plaza de Alicia Gimeno como otra posteriormente adjudicada a su también compañera Manuela Gras ya tenían destinatarias concretas.
Según relató, los propios requisitos incluidos en las convocatorias apuntaban claramente hacia sus perfiles y los trabajadores habían recibido información interna de que determinadas plazas estaban pensadas para personas concretas procedentes del organismo en liquidación.
El testigo añadió además que las convocatorias del Puerto se desarrollaron en paralelo a otros procesos abiertos en organismos vinculados al Ayuntamiento de Valencia, especialmente en la Fundación Deportiva Municipal. Según explicó, esas convocatorias municipales terminaron decayendo cuando Alicia Gimeno y Manuela Gras acabaron incorporándose definitivamente a la Autoridad Portuaria.
La jueza permitió finalmente incorporar el acta notarial como elemento documental pese a la oposición frontal de la Abogacía del Estado.
Frenar pruebas clave
La defensa de la Autoridad Portuaria, encabezada por el jefe de la Abogacía del Estado en la Comunidad Valenciana, Francisco Parra, intentó durante la vista desacreditar tanto el acta notarial como el informe de la Intervención General del Estado (IGAE) que detectó anomalías en varios procesos de contratación del Puerto, entre ellos el de Alicia Gimeno.
Parra sostuvo que ese informe constituía una prueba ilícita al tratarse de un expediente reservado cuya difusión había sido recurrida judicialmente por la propia Autoridad Portuaria ante la Audiencia Nacional y la Audiencia Provincial. «La publicación en los medios de comunicación no puede lavar su legitimidad», afirmó.
El abogado del Estado defendió durante la sesión que la contratación de Alicia Gimeno cumplió los principios de igualdad, mérito y capacidad y subrayó que ninguno de los candidatos recurrió las bases ni impugnó formalmente la convocatoria.
Según explicó, once personas se presentaron inicialmente al proceso. Seis fueron excluidas en un primer filtro por no cumplir requisitos técnicos. De las cinco restantes, tres quedaron fuera por no acreditar suficiente experiencia en la administración pública. El último aspirante descartado tampoco alcanzaría, según su versión, el nivel exigido que sí cumplía Alicia Gimeno.
Parra trató además de justificar algunos de los requisitos más polémicos de la plaza, especialmente la exigencia de experiencia vinculada al Consorcio Valencia 2007. Según argumentó, el organismo en liquidación mantenía a finales de 2023 una deuda cercana a los 20 millones de euros con el Puerto, equivalente al 44,1% del total pendiente de cobro.
El foco sobre Mar Chao
La vista no resolvió todavía el fondo jurídico del procedimiento, pero sí dejó un escenario políticamente mucho más delicado para Mar Chao.
Las sospechas sobre las plazas investigadas ya no se sostienen únicamente sobre filtraciones, documentos internos o revelaciones periodísticas. Ahora también descansan sobre declaraciones judiciales realizadas bajo promesa o juramento por antiguos responsables del propio Puerto y por trabajadores que anticiparon ante notario quiénes serían las adjudicatarias meses antes de que las convocatorias concluyeran oficialmente.
Al final de la vista, la juez dio traslado a las partes para presentar conclusiones y en un mes podría haber sentencia.