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El alcalde de Sevilla celebra que la exhumación de Queipo supone un «punto y final»

El socialista Antonio Muñoz ha agradecido a la Hermandad de la Macarena su celeridad en la retirada del cuerpo en virtud de la ‘ley de memoria’

El alcalde de Sevilla celebra que la exhumación de Queipo supone un «punto y final»

Una alfombra cubre la zona donde estaban las sepulturas de Queipo de Llano. | María José López (Europa Press)

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha señalado que con la exhumación en la madrugada de este jueves de los restos del general golpista Gonzalo Queipo de Llano y del auditor de guerra Francisco Bohórquez de la Basílica de la Macarena «se pone un punto y final a una asignatura pendiente durante muchísimos años».

En declaraciones a los medios, el primer edil de la capital hispalense ha agradecido a la Hermandad de la Macarena la «celeridad, rigurosidad y seriedad con la que ha obrado, de acuerdo a los que nos manifestó el hermano mayor, José Antonio Fernández Cabrero, sobre cómo se ejecutaría la exhumación en cumplimiento de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática.

Una vez «sacados» los restos de Queipo y Bohórquez de la Basílica macarena, Muñoz ha defendido que es el momento de «mirar hacia adelante» y de «pensar» que «eso forma ya parte del pasado, de un pasado lamentable», al tiempo que ha enfatizado que esta exhumación da «tranquilidad» a las asociaciones memorialistas que han visto «cumplida una de las reivindicaciones en materia de memoria democrática».

Pasadas las 2.20 horas de la madrugada de este jueves finalizaba en la basílica de la Macarena la exhumación de los restos del general golpista Gonzalo Queipo de Llano y del auditor de guerra Francisco Bohórquez Vecina, merced al requerimiento formulado por el Gobierno central a la hermandad a cuenta de las determinaciones de la reciente reforma de la Ley estatal de Memoria Democrática, que prohíbe la presencia de restos de dirigentes del golpe de Estado de 1936 en lugares preeminentes de acceso público.

El artículo 35.5 recoge expresamente que «cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos».

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