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Elecciones 23-J

Sumar quiere crear posgrados LGTBI y que los funcionarios tengan formación «sexoafectiva»

Sumar quiere «educar» para «erradicar estereotipos de género» en universidades, colegios y la administración

Sumar quiere crear posgrados LGTBI y que los funcionarios tengan formación «sexoafectiva»

La candidata de Sumar, Yolanda Díaz. | Europa Press

Sumar quiere crear posgrados LGTBI y que los funcionarios tengan formación «sexoafectiva». Así se desprende del nuevo programa electoral de la coalición que lidera Yolanda Díaz, que se presentó en Madrid el pasado jueves. Según se puede leer en la página 117 de dicho programa, Sumar habla de fomentar la integración en el marco lo que califica como «educación sexoafectiva». ¿A qué hace referencia en concreto Díaz con ese concepto? Según se lee en el documento programático, a una «estrategia» para «erradicar estereotipos de género y prevenir la violencia machista». Aunque según sectores críticos del feminismo con esa fórmula se esconde una sustancial promoción del «transgenderismo» en las aulas y en la administración.

«Urge tomar medidas en el ámbito sexoafectivo para prevenir, entre otras cosas, la violencia sexual y el neomachismo entre las personas más jóvenes», explica el documento para referirse a sus objetivos de «educación e igualdad». Sumar quiere que la «educación sexoafectiva» entre en los colegios y estructuras educativas del país. «Se establecerá un nuevo ámbito de competencias escolares vinculadas a la coeducación, que deberá formar parte formal de los currículos: educación en igualdad, educación antirracista, educación LGTBI+, educación contra las violencias machistas y educación sexoafectiva», propone el documento de Sumar, que menciona también planes de formación para la administración pública.

Así se puede leer en la página 117 del documento: «Proponemos integrar, en el marco de la ya mencionada educación sexoafectiva, la diversidad como factor transversal; planes de formación para su correcta implementación; el nombramiento de personas o de unidades responsables de promover y garantizar el respeto a la diversidad sexo-genérica en todos los niveles educativos; así como planes de formación para el funcionariado». Se calcula que en España trabajan 2,7 millones de personas en la administración pública.

La candidata de Sumar a la Presidencia del Gobierno, Yolanda Díaz
La candidata de Sumar a la Presidencia del Gobierno, Yolanda Díaz. | Europa Press

Posgrados específicos de género

La coalición que lidera Díaz, además, quiere que sus programas de educación sexual entren también en la universidad. «En el ámbito universitario, se promoverán posgrados específicos de género y diversidad LGTBI+ en coordinación con las universidades y se incorporará la perspectiva de género y sexoafectiva en los másteres de habilitación docente para educación primaria y secundaria», especifica.

El énfasis sobre la educación sexoafectiva (término que recorre tres de las 180 páginas del programa) se complementará con iniciativas como la creación de un teléfono para «hombres en crisis». La formación se muestra «preocupada» por el «porcentaje elevado de jóvenes que niegan la violencia por razón de género». De ahí que Sumar prometa «tomar medidas dirigidas a los grupos de estas edades, con especial atención en el sistema educativo», aunque no detallan las mismas.

En cambio, sí hablan de crear un nuevo servicio de atención ciudadana para que «trabajen otras formas de masculinidades». «Pondremos en funcionamiento un nuevo servicio de atención telefónica para hombres en crisis, buscando alternativas no violentas, derivando a servicios que trabajen otras formas de masculinidades, fomenten el cuidado y la empatía, para que puedan recibir el apoyo profesional necesario».

La iniciativa es nueva solo en parte. En 2009, el entonces delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, puso en marcha un teléfono de orientación e información para hombres en cuestiones de igualdad. El teléfono estaba destinado a aclarar dudas sobre cuestiones de género, de relaciones de pareja y también de permiso de paternidad, divorcios y separaciones. El Gobierno de entonces destinó una partida global de algo más de un millón de euros para esa iniciativa, que, sin embargo, no tuvo mucho éxito: «Lo cerró por innecesario», recuerdan algunos miembros de aquel ejecutivo.

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