España no actualiza el límite salarial para obtener la ayuda por discapacidad desde 2006
Hay 3,4 millones de personas en esta situación, pero el Ejecutivo ha hecho caso omiso de sus reivindicaciones
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Las asociaciones de personas con discapacidad están en pie de guerra por las dificultades para acceder a la ayuda fiscal de 1.200 euros anuales a la que tendrían derecho debido a su situación. Desde 2006 no se incrementa, y Pedro Sánchez, que accedió al Gobierno en 2018, también ha hecho caso omiso de las reivindicaciones de este colectivo, así como de la recomendación del Defensor del Pueblo para actualizar el límite salarial a la inflación creciente y poder acogerse a esta deducción fiscal. Cualquier persona con discapacidad que tenga un sueldo superior a los 8.000 euros netos anuales queda excluida de esta ayuda.
En España, según los datos más recientes del Imserso, de 2022, hay 3,4 millones de personas a las que se les ha acreditado una discapacidad, lo que representa alrededor del 7% de la población. Una cifra que se espera que en los próximos años sea mayor por el envejecimiento. La deducción por discapacidad de 1.200 euros anuales (100 euros/mes) es una ayuda fiscal del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para contribuyentes con familiares con discapacidad a cargo o para el propio contribuyente con discapacidad. Se aplica por cada ascendiente (es decir, padre o madre), descendiente (hijo) o cónyuge con certificado de discapacidad igual o superior al 33%. Va destinada a trabajadores en activo, ya sea por cuenta propia o ajena, que coticen a la Seguridad Social, pensionistas o desempleados que perciban prestaciones.
Inflación y salario mínimo
De acuerdo con las asociaciones, cada año hay unas 35.000 personas que se quedan al margen de esta ayuda por superar este umbral salarial. Y, a fecha de 2026, consideran que la mayoría de personas tienen un sueldo superior a 8.000 euros anuales, en especial desde la subida del salario mínimo. Denuncian haber perdido capacidad adquisitiva por la inflación y que dicho sueldo no se ajusta al coste de la vida. Piden, en consecuencia, «actualizar este límite al IPC». Además, la inflación reciente ha hecho incrementar pensiones y rentas salariales anuales.
Este periódico ha contactado con una familia afectada por esta situación. Se trata de una mujer de 37 años con una insuficiencia renal debido a un accidente de tráfico, con un trabajo parcial de 16 horas semanales y, pese a ello, supera el límite de 8.000 euros netos anuales. Sus familiares lamentan que quede excluida de la ayuda: «Un Gobierno progresista, que dice que defiende a los más vulnerables, está rechazando sistemáticamente subir la ayuda».
Una ayuda de Aznar
La ayuda, de carácter fiscal, la puso en marcha el Gobierno de José María Aznar en 2002 en la Ley 46/2002 de 18 de diciembre de reforma parcial del impuesto sobre la renta de las personas físicas. La última subida se produjo con José Luis Rodríguez Zapatero como jefe del Ejecutivo en 2006. Y el actual ejecutivo de PSOE y Sumar no ha mostrado ninguna disposición a actualizar las condiciones para acceder a la misma.
El abogado Jorge Cortés denunció ya en 2023 en su blog «la clara injusticia» que supone la situación actual. El letrado explica que «el grave problema es que esta cifra límite de 8.000 euros no se actualiza al alza por el Gobierno desde hace años (al igual que no se deflacta la tarifa estatal del IRPF) y está provocando que, mayormente pensionistas que antes no superaban esa cifra, ahora por el IPC aplicado sí que lo superan». «Eso conlleva que el familiar directo, pues, no tiene derecho a acogerse a esa desgravación fiscal por mínimo por descendiente, ascendiente o la deducción de 1.200 euros por cónyuge a cargo».
Asegura, además, que «muchas son las llamadas de queja al despacho de contribuyentes que viven con sus padres, que ahora no pueden deducirse por su familiar dado que la pensión que obtiene este ya supera los 10.000 euros anuales y, por tanto, aun descontando ese gasto de 2.000 euros, el neto siempre supera los 8.000 euros de ese arcaico límite cuantitativo».
El Defensor del Pueblo
El Defensor del Pueblo también recibió una queja por esta pasividad gubernamental de actualizar el límite salarial. Esta institución dictaminó que dicho límite «ha quedado desactualizado al haber transcurrido 12 años desde su establecimiento, y haberse ido incrementando anualmente el importe de las pensiones de los ascendientes».
«El hecho de no actualizar el límite de 8.000 euros está perjudicando a numerosas familias, que pierden la posibilidad de desgravar en su declaración por el hecho de que la pensión del ascendiente haya sido actualizada, sin que las circunstancias de necesidad y dependencia económica hayan variado, por lo que es conveniente que se proceda a su actualización», concluían en su informe. No obstante, la Administración rechazó esta recomendación.