Puente, contra Moreno: Renfe pide al juzgado detalles de la gestión del 112 andaluz en Adamuz

La tragedia ferroviaria que cobró 46 vidas el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) ha trascendido el ámbito puramente judicial para consolidarse como un nuevo frente de colisión política entre el Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, y la Junta de Andalucía, presidida por Juanma Moreno. La operadora estatal Renfe, propietaria del tren Alvia siniestrado, ha decidido mover ficha y ha solicitado al juzgado de Montoro que instruye la causa una exhaustiva auditoría sobre la actuación del servicio de emergencias 112 de Andalucía durante los fatídicos minutos posteriores al suceso.

Esta maniobra judicial de la compañía pública no es un hecho aislado, sino que entronca directamente con la ofensiva que el propio ministro Puente ya había adelantado en sede parlamentaria. Cabe recordar que, durante una reciente sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el titular de Transportes esgrimió la carta de un grupo de víctimas del accidente de Adamuz en la que se vertían duras críticas contra la gestión del 112 andaluz, señalando presuntas deficiencias en los tiempos de respuesta y en la coordinación de la emergencia.

Ahora, en un escrito remitido a la juez instructora, Renfe formaliza sus sospechas y exige conocer las «grabaciones, hora, duración y contenido de las llamadas recibidas por el 112» dependiente del Ejecutivo autonómico. La petición, a la que ha tenido acceso EFE, pone el foco en un extremo de suma gravedad para la investigación: la operadora pretende que se aclare «si se produjo una llamada entre el servicio 112 de Madrid y el de Andalucía donde, al parecer, se descartó por los jefes de sala la posibilidad de que hubiera dos trenes (el Alvia y otro de Iryo) involucrados en el accidente».

Dudas y sospechas de Renfe

Para Renfe, esta cadena de decisiones, marcadas por el presunto descarte del segundo convoy, «pudo tener incidencia en el operativo de rescate y auxilio a las víctimas del Alvia, entre las que se encuentran trabajadores de Renfe». Por ello, la compañía no se limita a exigir las grabaciones de audio, sino que requiere también el informe del «dispositivo de emergencias con el operativo activado y la secuencia de actuaciones».

El escrito de la operadora pública abunda, además, en las posibles carencias técnicas del servicio autonómico. En este sentido, la empresa estatal demanda un informe sobre el «sistema de geolocalización de las llamadas que venían del Alvia y eran gestionadas por el 112». A juicio de la representación legal de Renfe, contar con un «sistema adecuado hubiese permitido establecer la ubicación del tren de forma precisa e inmediata». Asimismo, solicitan información pericial para determinar fehacientemente si los sistemas informáticos del 112 «funcionaban correctamente» en el momento de la tragedia.

Las pesquisas de la Guardia Civil

El sustento argumental de esta exigencia se apoya en las pesquisas previas de la Guardia Civil. El informe del Instituto Armado refleja que, en los instantes posteriores a la colisión, reinó una «importante confusión inicial, debido al gran volumen de llamadas simultáneas y desconcierto». Según la Benemérita, la sala de emergencias andaluza acabó «vinculándose todas las llamadas de emergencia recibidas como relacionadas con el tren Iryo», el otro convoy implicado en el desastre.

Las conclusiones de los investigadores de la Guardia Civil resultan reveladoras respecto al caos en el triaje telefónico: las llamadas que alertaban de la crítica situación del tren Alvia «se interpretaron, bien como un accidente en el que no interviene una colisión con el Iryo de menor gravedad, o se confundieron como relacionadas con el accidente del citado tren Iryo». Un desconcierto operativo sobre el que ahora Renfe, en línea con la postura mantenida por el ministro Óscar Puente frente a la administración de Juanma Moreno, exige luz y taquígrafos ante los tribunales.