Las feministas exigen a Igualdad que no use «elle» o «nosotres» en documentos oficiales
La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres denuncia el lenguaje «no binario» prescrito por el Gobierno
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. | EP
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Igualdad, pretende que las Administraciones Públicas utilicen lenguaje transinclusivo en sus documentos oficiales, adoptando los pronombres «elle» o «nosotres», rechazados por la RAE. Así se extrae de la Guía de lenguaje inclusivo para la Administración, elaborada por el gabinete de Ana Redondo, que recuerda a los funcionarios que «es importante que estemos dispuestos a utilizar formularios que incluyan una versión del lenguaje neutro no binario con la aceptación de pronombres personales como elle o nosotres» con el objetivo de no obligar a «elegir entre masculino y femenino».
La guía, a modo de recomendación, introduce propuestas para modificar formularios, documentación administrativa y sistemas de identificación institucional, adaptándose para «garantizar la visibilidad y representación equitativa de todas las identidades de género, evitando la reproducción de sesgos sexistas y exclusiones en la comunicación». Ese lenguaje inclusivo que se propone busca «incentivar cambios que huyan, entre otras cosas, del uso del masculino genérico e incorporen el uso del femenino y lo no binario, utilizar formularios que incluyan una versión de lenguaje neutro no binario… y que los documentos oficiales que obligan a elegir entre masculino o femenino den paso a documentos que además admitan el género no binario».
En este empeño, el Ministerio de Ana Redondo solicita evitar el masculino genérico, usar términos colectivos neutros (personal o plantilla), cambiar en el orden de referencia a mujeres y hombres para «descolocar el binomio de pares opuestos tradicionales», evitar el «binario mujer/hombre», así como un «lenguaje claro, accesible y respetuoso con todas las identidades de género». Sobre este último punto, Igualdad señala que hay entre 30 y 60 identidades de género diferentes». Del mismo modo, solicita que el lenguaje sea «no racista» y «no capacitista» para no discriminar por etnia o discapacidad.
Esta guía ha soliviantado al movimiento feminista. Este pasado lunes, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, que aglutina a centenares de colectivos de mujeres, ha remitido una queja formal al gabinete de Ana Redondo exigiendo que sus miembros «retiren el aval institucional y cesen la distribución como material formativo de una guía que propone diluir la identificación del dato sexo en formularios administrativos y documentos oficiales, contraviniendo así la Ley de Igualdad». Las feministas denuncian que «instituciones públicas creadas para proteger la igualdad entre mujeres y hombres otorguen apariencia de legitimidad institucional a planteamientos que entran en contradicción con ese mismo mandato legal».
Las feministas señalan que la propuesta de la guía es que documentos y formularios de la Administración abandonen el dato objetivo «sexo» por la percepción subjetiva de no ser ni mujer ni hombre. Recuerdan que, sin identificación del sexo y promocionando su sustitución por las «identidades sentidas», no es posible «medir brechas salariales, segregación ocupacional, desigualdad en el acceso a recursos públicos, impacto diferencial de políticas públicas, discriminación institucional o violencia específica ejercida contra las mujeres». La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres apunta que el español dispone de recursos suficientes para nombrar correctamente a las mujeres y describir con precisión la realidad sexual de las personas.
La guía ha sido publicada por el Instituto de las Mujeres y el INAP y es difundida como publicación oficial dentro del catálogo de publicaciones de la Administración General del Estado, y aunque la propia publicación incorpora una cláusula según la cual «el Instituto de las Mujeres no se hace responsable de las opiniones expresadas en este estudio ni de los resultados obtenidos en el mismo», las feministas consideran incompatible esa advertencia con la decisión de editar, publicar, distribuir y presentar el documento bajo apariencia institucional y como material de referencia para la Administración.
La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres aclara que no cuestiona la libertad de cátedra para defender tesis en el ámbito académico, pero sí «la coherencia de propuestas que, al desplazar o diluir la categoría sexo allí donde constituye una herramienta jurídica y administrativa esencial, debilitan directamente los instrumentos que permiten visibilizar, medir y combatir la discriminación que sufren las mujeres por razón de sexo». Por ello, rechazan que instituciones públicas creadas para proteger la igualdad entre mujeres y hombres «otorguen apariencia de legitimidad institucional a planteamientos que entran en contradicción con ese mismo mandato legal».
En definitiva, la confluencia de feministas exige al Ministerio de Igualdad la retirada del aval institucional a esta publicación, el cese de su distribución como material formativo o de referencia para el personal de la Administración y que deje de presentarse como orientación oficial aplicable al funcionamiento administrativo. «Las instituciones públicas no pueden formar a su personal con materiales que debilitan los instrumentos que necesitan para combatir la discriminación que tienen el deber legal de erradicar», concluyen.