Vox se querella contra Gómez de Celis por quitar la palabra a la diputada que llamó a Bildu «filoetarra»

Vox ha presentado ante el Tribunal Supremo una querella por prevaricación contra el vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, por retirar la palabra durante un debate a la diputada Patricia Rueda, después de que esta se refiriera a EH Bildu como «filoetarras».

Gómez de Celis presidía el 29 de noviembre el debate de la proposición no de ley sobre apoyo a la candidatura española de Málaga para albergar la Exposición Internacional 2027 ‘La Era Urbana: hacia la ciudad sostenible’ cuando la vicesecretaria nacional de Portavocía de Vox, en tribuna, aprovechó su turno para asegurar que el Gobierno de Pedro Sánchez «ningunea» a Málaga y «premia a filoetarras, nacionalistas y golpistas».

El también diputado socialista por Sevilla pidió a la diputada que retirase el término, pero la diputada se negó y fue llamada al orden en sucesivas ocasiones, tras lo que el presidente en funciones optó por quitarle la palabra pidiéndole que desalojara la tribuna, mientras que Rueda señalaba que era «injusto». El incidente provocó que los diputados de Vox se levantaran de sus escaños y abandonaran sonoramente el hemiciclo, en señal de protesta.

Falta de neutralidad

El escrito, presentado por la Vicesecretaría Nacional Jurídica de Vox, bajo la dirección de Marta Castro, denuncia la «absoluta falta de justificación de la decisión en términos de la obligatoria neutralidad, de respeto a los principios constitucionales y a la libertad de expresión parlamentaria» de Gómez de Celis.

Por otro lado, el escrito reivindica la obligación de la Mesa del Congreso de representar a todos los ciudadanos por igual, puesto que es un órgano colegiado donde figuran todos los grupos políticos, según un comunicado de los de Santiago Abascal. Así, «cualquier decisión que se adopte debe carezca de arbitrariedad, sesgo ideológico o intereses particulares, pues debe tratar a todos los representantes de los ciudadanos por igual y aplicar el acervo y los principios constitucionales en toda su actuación».

Además, censura la utilización de «inapropiadas, por no venir al caso, insostenibles e insoportables comparaciones de Vox con Bildu«, que bien «podrían ser objeto de un análisis penal separado, siempre que no fuera amparado por la libertad de expresión política, que fue sesgado a la diputada de Vox y a la que impunemente se acogen parlamentarios como el querellado, cuando se trata de insultos, ofensas a la formación».

Por todo ello, la formación solicita al Alto Tribunal que interrogue a Gómez de Celis, que unan las actuaciones a los documentos que aporta Vox y que se libre oficio para determinar la veracidad de los enlaces que aporta la Vicesecretaría Nacional Jurídica.

Abusiva

Vox recuerda que, en sede parlamentaria, ya se expuso que la actuación del presidente en funciones fue «abusiva» por limitar «de manera indebida» el ejercicio de la diputada de las funciones inherentes al núcleo de su función, además de «injustificada» porque no se daban los presupuestos para la aplicación del artículo 103 del Reglamento y para la retirada de la palabra. En esta línea, también señalan que fue contraria a la doctrina de los actos propios y a los principios de previsibilidad y seguridad jurídica.

Asimismo, también se solicitó que «se acuerde cuantas decisiones sean necesarias para asegurar que las actuaciones de tal Presidencia, son adoptadas de forma no arbitraria, equitativa y respetando el núcleo de la función representativa de los diputados, garantizándoles el libre y pleno ejercicio de los derechos fundamentales que constitucionalmente les corresponde».

Los de Santiago Abascal lamentan que, en el momento de presentar la querella ante el Supremo, la Presidencia del Congreso no ha dado ninguna respuesta a esta solicitud.