El juez del 'caso Obras Públicas' de Cantabria pide investigar las filtraciones a los medios
La juez Mercedes Compostizo ha pedido al ministerio público que analice la información publicada en medios de comunicación
La Policía Nacional en la concejalía de Obras Públicas. | Europa Press
La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, que se ocupa de la causa de los contratos supuestamente irregulares en la Consejería de Obras Públicas de Cantabria, ha pedido a la Fiscalía de Cantabria que investigue posibles filtraciones de información que no constan en el sumario.
Según han informado a EFE fuentes jurídicas este jueves, la juez Mercedes Compostizo ha pedido al ministerio público que analice la información publicada en medios de comunicación mientras el sumario ha sido secreto y, tras levantarse ese secreto, «cuestiones que no estaban en la causa y han salido en medios».
La juez decretó el secreto de sumario de esta causa antes ante los nueve registros que se produjeron el 22 de febrero, en la Consejería de Obras Públicas, en domicilios particulares y en empresas.
Ese mismo día se detuvo, a la vez que se llevaban a cabo los registros, ocho personas, una de ellas el jefe del servicio de carreteras de la Consejería, a su mujer, a sus dos hijas -que se encontraban en Madrid- y a cuatro empresarios.
La magistrada que instruye este caso levantó ese secreto de sumario el viernes, 24 de febrero, tras declarar ante ella los ocho detenidos, de los que dejó en libertad con cargos a siete y envió a prisión, comunicada y sin fianza a Miguel A.D.B., el funcionario supuesto cabecilla de esta trama.
Según se dio a conocer ese día en un comunicado, tras levantar la juez el secreto de sumario, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional comenzó a principios de 2022 con la Agencia Administración Tributaria una investigación sobre este funcionario y su familia, que supuestamente conformaban una trama familiar para introducir en el circuito legal dinero que supuestamente recibían de empresas por favorecerlas en contratos con la administración.
En ese comunicado, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria señalaron que esa trama familiar podría haber obtenido «varios millones de euros», y explicaron que en los registros del domicilio de Miguel A.D.B, su esposa y sus dos hijas, que tienen 22 y 20 años, se encontraron más de 500.000 euros y una máquina de contar dinero.
En el auto, con el que la juez deja en libertad con cargos a siete de los ocho detenidos, ordenó el ingreso en prisión del supuesto cabecilla de esta trama por delitos de prevaricación, cohecho de fraude en la contratación y blanqueo de capitales.
