La juez del 'caso Negreira' aparta a los Mossos y encarga la investigación a la Guardia Civil

La juez del caso Negreira entierra las dudas sobre la politización de los Mossos d’Esquadra. Silvia López Mejía ha encargado a la Guardia Civil la investigación de los pagos que realizó el FC Barcelona durante dos décadas al entonces vicepresidente del Comité Técnicos de Árbitros (CTA) para conseguir «actuaciones tendentes a favorecer» e influir «en los resultados de las competiciones», como sostiene la Fiscalía. La policía autonómica ya se encarga de las pesquisas del Barçagate, una campaña supuestamente orquestada por el expresidente Josep María Bartomeu para mejorar su imagen y desprestigiar a sus adversarios.

​López Mejía ha acordado en un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE que la Policía Judicial de la Guardia Civil se encargue de las diligencias del caso Negreira. Tendrá que determinar los trabajos por los que el Barça pagaba a las empresas Dasnil 95 y Nilsad SCP, vinculadas al que fuese número dos del CTA entre 1994 y 2018. También solicita que indague el destino del dinero y la identidad de las personas que ostentaban los principales cargos ejecutivos del club azulgrana entre 2011 y 2o14.

Las indagaciones preeliminares correspondieron a la Policía Nacional. La interposición de una querella en los Juzgados de Barcelona supuso la finalización de sus gestiones, aunque la Fiscalía entiende que «sin que pueda entenderse concluida la investigación policial» para determinar los motivos que llevaron al Barça a abonar más de 7 millones de euros a Enríquez Negreira por su asesoramiento técnico.

Los pagos a Negreira

La magistrada ha encargado a la Guardia Civil que continúe las averiguaciones. Lo hace en virtud del artículo 777.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La decisión ha irritado a buena parte del barcelonismo, que lo consideran «una injerencia». Las fuentes consultadas explican que, al tratarse de un caso con un ámbito de actuación que trasciende a Cataluña, lo normal es que se deje en manos de un Cuerpo nacional.

En algunos sectores del fútbol existía cierto runrún sobre el encargo. La decisión de la juez corta de raíz cualquier especulación sobre la policía autonómica, a la que muchos sitúan más próxima al actual dirigente azulgrana que a los expresidentes investigados en el caso Negreira, Sandro Rosell y Bartomeu.

Quizás porque el nombre Joan Laporta se vincula al independentismo. No en vano, en los años previos al procés fue concejal de Barcelona por la coalición de ERC y Reagrupament y diputado regional con Solidaridad Catalana por la Independencia. Bartomeu, en cambio, se alejó del movimiento separatista e incluso se opuso a habilitar el Camp Nou para celebrar el referéndum de autodeterminación que tuvo lugar el 1 de octubre de 2017.

A diferencia del caso Negreira, los Mossos son los responsables de investigar el denominado Barçagate, una campaña supuestamente orquestada por Bartomeu para mejorar su imagen y desprestigiar la de ciertos jugadores y la de algunos adversarios por la presidencia en redes sociales a través de perfiles ajenos al club. El expresidente azulgrana negó en un primer momento las acusaciones, pero cuando estalló la polémica rescindió el contrato que mantenía desde 2017 con la empresa, a la que habría pagado hasta un millón de euros anuales.

La reputación de Bartomeu

Los Mossos irrumpieron en las oficinas del Barça para incautar documentos. Además, detuvieron a Bartomeu y a otros dirigentes, entre los que se encontraba Óscar Grau, que también está siendo investigado por el caso Negreira. Como desveló este diario, Laporta también pagó a dos periodistas señalados por la policía autonómica en su último informe. Los contratos y las facturas no fueron tenidos en cuenta o no fueron obtenidos por los investigadores, lo que desacredita buena parte del trabajo que entregaron a la juez el pasado 17 de enero.

Esos documentos desmontarían los principales argumentos usados por los Mossos para señalar que los periodistas Albert Lesan y Marçal Lorente percibieron dinero a cambio de ayudar a mejorar la reputación pública de Bartomeu. Apoyándose en correos electrónicos y chats de WhatsApp parcialmente borrados, los agentes apuntan a que el club habría pagado a través de empresas pantalla a ambos periodistas como contraprestación por difamar a sus rivales por la presidencia del Barça.

Laporta volvió a la presidencia del FC Barcelona en marzo de 2021. Desde entonces ha fichado al menos a tres mossos d’Esquadra. Apenas un mes después de ganar las elecciones, fichó como responsable de seguridad del club a Ferran López, entonces número dos de la policía autonómica. Su anterior jefe, Josep Lluís Trapero, le designó interlocutor con el Ministerio del Interior durante las reuniones que prepararon el dispositivo del referéndum.

Tras el cese de Trapero, López actuó como responsable de la intervención de la autonomía en aplicación del artículo 155 de la Constitución. Sin embargo, apenas duró unos meses al frente de la seguridad del FC Barcelona. Laporta lo apartó tras los incidentes de noviembre de 2021, cuando decenas de aficionados en las inmediaciones del Camp Nou zarandearon el coche en el que viajaban el entonces entrenador Ronald Koeman y su esposa tras la derrota contra el Real Madrid.

Su lugar lo ocupó temporalmente otro mosso, el inspector Lluís Miquel Venteo. López acabó regresando a la policía autonómica con una generosa indemnización. La aventura de Venteo al frente de la seguridad azulgrana se extendió durante casi un año. En septiembre del año pasado, Laporta cedió el testigo a Xavier Porcuna, que estaba al frente de la Comisaría de Coordinación Central, una de las de mayor relevancia de la policía autonómica.