Un juez urge a la Guardia Civil a investigar el megaproyecto eólico de 800 millones en Teruel
Ha enviado varios requerimientos a los investigadores, pero el Instituto Armado no ha dado respuesta a ninguno
Un parque eólico. | EP
El juez que investiga posibles delitos medioambientales en un megaproyecto eólico en Teruel avalado por el Ministerio del Transición Ecológica ha urgido a la Guardia Civil a que avance en las pesquisas que desarrolla la Unidad Central Operativa Medioambiental (Ucoma) de Zaragoza sobre este caso. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la capital turolense, Juan José Cortés, ha enviado varios requerimientos al Instituto Armado después de que le encargase la elaboración de un informe hace más de tres meses, según aseguran fuentes jurídicas a THE OBJECTIVE.
Entre las peticiones de información sobre las pesquisas que ha enviado el juez al Ucoma, adscrita al Seprona de la Guardia Civil, está la de tener una fecha sobre la finalización del informe. Una solicitud a la que los investigadores no han respondido todavía, indican las mismas fuentes. Los agentes investigan posibles irregularidades en un proyecto formado por 22 parques eólicos en la comarca del Maestrazgo, que limita con la provincia de Castellón, hasta donde llegarán los molinos de viento.
Las diligencias parten de varias denuncias de particulares. Se quejan de infracciones en los informes de impacto ambiental aprobados por el Gobierno, en concreto, por el departamento dirigido por Teresa Ribera, para la instalación de 84 aerogeneradores en espacios protegidos por la Red Natura 2000 y otros 91 en «zonas de sensibilidad máxima en uno de los sitios menos adecuados de Aragón». El titular del juzgado abrió diligencias a principios de año tras agrupar todas las demandas en una misma causa.
«Fase de análisis»
El juez Juan José Cortés abrió diligencias a principios de año tras agrupar todas las demandas en una misma causa. Poco después, en abril, solicitó un informe a la Unidad Central Operativa Medioambiental de Zaragoza. Tres meses más tarde, sin embargo, la Guardia Civil todavía analiza toda la documentación remitida desde el juzgado. «Hay muchísima información, están en fase de análisis. Llevará tiempo concluir el informe», señalan a este diario fuentes cercanas a la investigación sin concretar ninguna fecha.
A la espera de ese documento, y antes de acordar la práctica de nuevas diligencias, el magistrado citó a declarar a un alto cargo del Gobierno de Aragón en calidad de testigo. Se trata del director del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, Ángel Lagunas. El juez le tomó declaración para que le explicara cómo es el procedimiento administrativo habitual en la colocación de generadores eólicos.
Impacto en Teruel
Las fuentes consultadas precisan que el juez esperará a recibir el informe de la Ucoma antes de decidir si avanza o si archiva la causa. El grupo Forestalia presentó el proyecto a principios de 2021, con una inversión prevista de 800 millones de euros y la creación de al menos 2.500 puestos de trabajo. En septiembre remitió la solicitud para iniciar el proceso de evaluación de impacto ambiental al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que ostenta la condición de órgano sustantivo (de quien depende aprobar el proyecto).
En España, toda instalación que supere los 50 megavatios, como es el caso del Maestrazgo, la tramita el ministerio. Una realidad que ha empujado a muchas empresas a trocear sus macroproyectos para que sumen el límite exacto que les permita eludir el control estatal. Algunos gobiernos regionales, muy permisivos con el despliegue de la energía renovables, han dado luz verde a este tipo de planes sin atender con gran rigurosidad al impacto ambiental.
El Gobierno aprobó la declaración de impacto ambiental el 1 de diciembre del año pasado, aunque el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la resolución el día 23. El alcance de la evaluación incluía el proceso de participación pública y consultas, pero no comprendía «el ámbito de la evaluación de seguridad y salud en el trabajo, ni de seguridad aérea, carreteras u otros, que poseen normativa reguladora e instrumentos específicos». Una fórmula que sirvió de base para interponer las denuncias.
Teruel Existe fue el primero en advertir a la Fiscalía y al juzgado de un presunto delito ambiental. En su opinión, la autorización del departamento que lidera Teresa Ribera supone «una barbaridad y un precedente peligroso por el alto valor del patrimonio medioambiental y cultural del Maestrazgo». Además, alertó de «la especulación que está sufriendo la España vaciada».
Evaluación ambiental
La denuncia de esta formación, a la que ha tenido acceso este diario, sostiene que el megaproyecto del Maestrazgo debería haberse tramitado como un único plan y ser sometido a una evaluación ambiental estratégica. Explica que los aerogeneradores quedarán rodeados por Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA) y que algunos de los parques «invaden» áreas que incluyen planes de recuperación de tres especies en peligro de extinción: el quebrantahuesos, el águila azor perdicera y la alondra ricotí.
Los querellantes creen que los molinos de viento afectarán de forma directa a lugares de interés geológico y que «el estudio sobre la línea de evacuación está incompleto». Además, subrayan que el Gobierno permitió modificar el expediente para introducir nueva documentación «sin que nunca hayan sido evaluadas ambientalmente» ni «expuestas a información pública».
En cuanto a las irregularidades detectadas exponen que se permitió al promotor presentar 36 nuevas posiciones de aerogeneradores, algunas alejadas a más de cuatro kilómetros de su posición inicial. También critican que la evaluación de impacto no valora «suficientemente» cómo la proliferación de molinos dificulta la extinción de incendios y que han sido «mal valoradas» las afecciones al medio socioeconómico y al paisaje.
