La Audiencia Nacional envía a juicio a Villarejo y a dos periodistas por el caso Dina
Piden cinco años de cárcel para el excomisario y tres para los dos periodistas de la extinta revista Interviú
El comisario jubilado José Manuel Villarejo sale de declarar como testigo en la Audiencia Nacional | Isabel Infantes (Europa Press)
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha enviado a juicio al excomisario José Manuel Villarejo y a dos periodistas por el caso Dina, que gira en torno al robo del móvil de Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias, en 2015 y el supuesto uso en perjuicio de Podemos de la información que guardaba.
García-Castellón, encargado de investigar los múltiples negocios del excomisario en medio centenar de piezas, ha dictado un auto este lunes en el que acuerda la apertura de juicio oral contra los tres por un delito de descubrimiento y revelación de secretos.
Por estos hechos la Fiscalía Anticorrupción pide cinco años de cárcel para el excomisario y tres para los dos periodistas de la extinta revista Interviú, Alberto Pozas y Luis Rendueles; mientras que el exvicepresidente segundo Pablo Iglesias y la propia Bousselham, que ejercen de acusación particular, solicitan 4 años para Villarejo y entre 3 y 4 para los informadores. Tras acordar la apertura de juicio, el magistrado emplaza a los abogados de los investigados para que presenten sus escritos de defensa.
El caso Dina, iniciado en marzo de 2019, gira en torno a la información que apareció en 2017 en un registro policial al excomisario Villarejo, guardada en las carpetas DINA 2 y DINA 3, que almacenaban archivos de la tarjeta de memoria que había sido robada a la exasesora de Pablo Iglesias dos años antes.
Además de a Villarejo, el juez del caso, Manuel García-Castellón, procesó a los dos periodistas al considerar que fueron quienes le entregaron parte de la información que contenía esa tarjeta, de carácter reservado y que había llegado a sus manos en enero de 2016. Los periodistas siempre han apelado a su inocencia y han justificado que entregaron aquella información porque se trataba de un requerimiento policial.
La Fiscalía cree a su vez que ambos, entre enero y abril de 2016, entregaron una copia de la tarjeta a Villarejo, «conociendo que se trataba de un funcionario policial en activo» y sabiendo que ésta tenía «documentos internos» de Podemos, datos bancarios y «documentos con archivos de carácter íntimo y personal» de Bousselham, según su escrito de conclusiones provisionales.
Cuando tuvo la información y «con abuso de sus funciones» policiales, Villarejo entregó dichos archivos a periodistas de su confianza para que «publicaran diversas informaciones en descrédito» de Podemos y de Pablo Iglesias, según la Fiscalía. Por su parte, Pablo Iglesias sostiene que el robo de la tarjeta y la «circulación» de su contenido «tuvo el claro objetivo» de perjudicarle a él y al partido
